Sur de Córdoba concentra el mayor riesgo para líderes sociales en el departamento, revela informe de Cordoberxia 

Un preocupante panorama sobre las garantías para ejercer el liderazgo social en el departamento reveló la Fundación Social Cordoberxia a través de su más reciente informe público, en el que documenta el homicidio de 17 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en 11 municipios de Córdoba entre 2023 y 2026.

De acuerdo con el balance presentado este martes 17 de noviembre, el 82,35 % de las víctimas mortales corresponden a hombres y el 17,65 % a mujeres, advirtiendo además sobre 16 afectaciones de género reportadas de manera transversal en las alertas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.

El documento evidencia que la crisis de seguridad está impulsada por el accionar de estructuras armadas ilegales y el control de economías ilícitas. Según el consolidado de las 17 alertas críticas que involucran al departamento incluida la Alerta Temprana 019-2023 que advierte riesgos en los 30 municipios cordobeses, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen presencia en 17 reportes, seguidas por las disidencias de las FARC-EP en 10, el ELN en 9 y el EPL en 7.

Estas dinámicas de violencia se concentran especialmente en el sur del territorio, donde San José de Uré y Tierralta lideran los registros de afectación con 11 reportes cada uno, seguidos por Montelíbano y Puerto Libertador con 10, y Ayapel y Buenavista con 9.

Asimismo, la organización señaló que el narcotráfico aparece vinculado en 15 de las alertas analizadas, la minería ilegal en 12, el contrabando en 9 y la extorsión o modalidad de «gota a gota» en 3. Paralelamente, Cordoberxia destacó el historial de agresión sistemática en la subregión del sur del departamento, donde registros previos de monitoreo sobre 111 agresiones ya evidenciaban una alta vulnerabilidad de los líderes frente a amenazas (76 casos), homicidios (33) y atentados (2) en municipios como Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Montelíbano.

Para la fundación, la persistencia de esta crisis responde a una respuesta estatal «reactiva, fragmentada y tardía», sumada a una débil articulación entre la Nación y el territorio y a la precariedad de las capacidades institucionales locales. El informe subraya que existe una brecha crítica entre el amplio marco normativo vigente —como el CONPES 4063 de 2021, el Decreto 660 de 2018 y diversas ordenanzas y decretos departamentales— y la protección real que reciben las comunidades en terreno, aclarando además que el temor ciudadano genera un subregistro que podría ocultar muchas más afectaciones.

Ante este escenario, la Fundación Social Cordoberxia hizo un llamado urgente a las autoridades para pasar del papel a la acción mediante cuatro prioridades inaplazables: garantizar la prevención anticipada, fortalecer la protección colectiva y comunitaria, asegurar una presencia integral del Estado en las zonas más golpeadas y avanzar decididamente en las investigaciones judiciales para frenar la impunidad.