Procuraduría pidió al Gobierno “evitar generar pánico en el sistema de salud”, tras comentarios del Minsalud sobre vacunación
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, evitar las declaraciones sin sustento técnico- científico y en contravía de las políticas en salud pública acerca de la vacunación contra el COVID-19, en medio del debate citado por la Comisión Primera del Senado de la República, acerca de la vacunación contra el COVID-19.
«Las vacunas son una intervención en salud pública, avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud que buscan proteger a la humanidad de enfermedades, activan las defensas naturales del organismo para que puedan resistir a infecciones específicas y fortalecer el sistema inmunitario», citó el ente de control en un comunicado.
En razón de esto, el Ministerio Público citó además que se une a las declaraciones y pronunciamientos de la Asociación Colombiana de Inmunología-ACOI-, Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana de Reumatología, Sociedad colombiana de pediatría (Regional Bogotá), médicos expertos y demás organizaciones que han rechazado las intervenciones del funcionario.
El ente de control subrayo que acompañó, desde enero de 2021 hasta finales de 2022, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Puesto de Mando Unificado de seguimiento integral al proceso de vacunación contra el COVID 19 y a todos los actores del sistema a nivel nacional, regional y local; y realizó seguimientos permanentes al cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19; lo que constituyó en un éxito en salud pública para el país, con notables reconocimientos a nivel nacional e internacional.
En su comunicado, la Procuraduría hizo un llamado al Ministro de Salud a moderar sus comentarios, recordándole que su rol como líder del sector salud implica generar respeto, tranquilidad y confianza en el proceso de inmunización, construido a lo largo de tres décadas por diversos actores públicos y privados, en aras de garantizar los derechos fundamentales a la salud de los colombianos.
