El caso sobre presuntas interceptaciones ilegales que habría sufrido el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha avanzado con celeridad. El magistrado alertó inicialmente sobre estas actividades, indicando que él, su familia y algunos magistrados auxiliares de su despacho podrían estar siendo vigilados por organismos de inteligencia, incluyendo a entidades como la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dian y la Uiaf, según una carta dirigida a la Fiscalía.
En la carta, el magistrado expresó que esta situación era irregular y arbitraria, sugiriendo que otros magistrados de la Corte Constitucional podrían estar enfrentando la misma situación. Estas denuncias han reavivado preocupaciones anteriores sobre la seguridad de los magistrados de las altas cortes, dada la sensibilidad de sus investigaciones y decisiones.
Para abordar este asunto urgente, el fiscal Hernando Barreto, coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, se reunió con Ibáñez en el Palacio de Justicia para ampliar la denuncia, recibir pruebas y escuchar detalladamente la información proporcionada por el magistrado. Esta diligencia se extendió por al menos cuatro horas, durante las cuales se comprometió a investigar rápidamente y presentar un informe preliminar en las próximas semanas.
Después de la reunión, otros magistrados de la Corte se acercaron en solidaridad con Ibáñez, subrayando que este caso no afecta solo a un individuo sino a toda la institución. Ibáñez, conocido por su experiencia e independencia, ha sido un destacado magistrado desde su llegada a la Corte en 2020, participando en decisiones de gran impacto nacional e internacional, como su voto a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24 y su posición crítica hacia ciertas políticas gubernamentales.
Ahora, Ibáñez espera que la Fiscalía actúe con seriedad ante la gravedad de las acusaciones, resaltando su preferencia por evitar polémicas y mantener un perfil discreto lejos de controversias.