El Congreso debe aprobar la reforma tributaria para evitar recortar subsidios a sectores de clase alta: Petro

El presidente Gustavo Petro ha reiterado la importancia de que el Congreso apruebe la ley de financiamiento o reforma tributaria presentada por su Gobierno, advirtiendo que, de no ser aprobada, se vería obligado a recortar los subsidios destinados a los sectores más ricos de la población. Petro expresó que «si hay que recortar el presupuesto del 2025 porque el Congreso no aprueba la ley de financiamiento entonces se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población», subrayando que no serán las clases populares quienes paguen el sobreendeudamiento dejado por el gobierno anterior de Iván Duque.

Sin embargo, desde diferentes sectores políticos le han pedido al mandatario reducir el gasto en otras áreas, enfocándose en la austeridad estatal. Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, sugirió que en lugar de recortar los subsidios, el presidente debería reducir el número de contratistas, los gastos de funcionamiento del Estado, como las embajadas y consulados, los vuelos en aviones privados, y el gasto en camionetas blindadas y viáticos, además de no pagar influenciadores.

Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del Senado, criticó la posibilidad de que el presupuesto de 2025 sea adoptado por decreto, calificándolo como un reflejo de la baja capacidad de concertación del actual Gobierno. Cepeda mencionó que el Congreso no se sometió a las decisiones del Ejecutivo, defendiendo el derecho a una discusión abierta del presupuesto para evitar una nueva carga tributaria sin la debida deliberación.

Además, Ariel Ricardo Armel, empresario, cuestionó la baja ejecución presupuestal de varios ministerios, indicando que el Gobierno ha mostrado una falta de inversión social pese a su enfoque en el bienestar social. Criticó también el gasto en burocracia, señalando como ejemplo la reapertura de la embajada en la FAO en Roma, a cargo de Armando Benedetti.

Estos comentarios reflejan la creciente preocupación por el manejo fiscal del Gobierno y la necesidad de encontrar una solución que equilibre el presupuesto sin afectar a la población más vulnerable ni caer en excesos burocráticos.