«El cartel que se empezó a comer el Programa de Alimentación Escolar en Córdoba desde el 2020»: Gabriel Calle

• Más de $258.000 millones del PAE mal
• Cerca de $57.000 millones del PAE se contrataron sin planeación.
• 60% de cocinas y comedores de instituciones educativas oficiales de 27 municipios carecen de condiciones locativas higiénicas y sanitarias por falta de inversión.
• El servicio de raciones es insuficiente, poco balanceado y muchas veces se encuentran en estado de descomposición.

Este martes, el diputado Gabriel Enrique Calle Aguas presentó ante la Asamblea de Córdoba las pruebas que detallan la corrupción en la contratación para el Programa de Alimentación Escolar en el departamento. Luego de hacer un seguimiento a los contratos celebrados entre la Gobernación de Córdoba desde el 2020 y el Consorcio Alimentos para Córdoba, Calle Aguas señaló al ex gobernador Orlando Benítez como el “Zar del PAE”, culpable de las múltiples irregularidades y de las consecuencias que ello ha traído a la actual administración gubernamental.

El diputado Calle aseguró que desde un principio no se realizó un diagnóstico técnico serio y fidedigno que cumpliera con todas las necesidades para beneficiar a niños y jóvenes desde el 2020 hasta el 2024 en su plan de alimentación escolar. “Este es un contrato sin planeación, pluralidad e inversión, cuyas inconsistencias vienen desde los mismos estudios previos donde queda claro que no hubo verificación de la información reportada”, señaló Calle.

De acuerdo con lo investigado para la actual vigencia, $258.692.277,301 llegaron a manos de la Fundación social Construyendo Vidas; la Fundación Pro niños de hoy para hombres de mañana; y la Fundación Futuro para todos. El diputado asegura que estas tres fundaciones son un cartel que con sus entramados se han coordinado para hacer que en todos los procesos participen otras dos o más fundaciones, y que finalmente los contratos terminen en manos de una de las tres.

El diputado Calle también se refirió a la falta de planeación para ejecutar los $56.657.682.677 correspondientes al valor del contrato para la vigencia 2024, ya que su objeto es suministrar los alimentos en los establecimientos educativos de carácter público en los municipios no certificados de Córdoba, sin tener en cuenta que el 60% de estas instituciones educativas no cuentan con cocinas ni comedores.

A lo anterior se suma el incumplimiento en las raciones de comida cuyas minutas alimentarias no corresponden a lo que verdaderamente reciben los niños y jóvenes, el incumplimiento del pago oportuno a los trabajadores y la falta de dotación, entre muchos otros problemas como la falta de salubridad por falta de adecuación en las instalaciones.

Dentro de las inconsistencias reflejadas, Calle asegura igualmente que la celebración de este último contrato está basado exclusivamente en cifras del Sistema de Matrícula Estudiantil (SIMAT) del 2023; sin tener en cuenta la proyección por la deserción escolar, ya que el número de estudiantes que se matricula no coincide con el número de estudiantes que finalizan el año debido a la deserción escolar.

El diputado demostró que a febrero del 2024, la tasa de deserción del sector estudiantil oficial, desde transición hasta grado once, fue de 3,96%. Esto significa que aproximadamente 6.826 niños, de los 172.393 que pudieron ser atendidos, de acuerdo con el SIMAT 2023, abandonaron las escuelas.

“Esto es una falla estructural que pone en riesgo no solo la eficiencia del programa y la seguridad alimentaria de nuestros niños, sino que muestra un foco de corrupción que demuestra un desfase de $22 millones de pesos diarios correspondientes a esas raciones”, enfatizó Calle.

Así las cosas, la falta de planeación y estudios técnicos rigurosos previos pudo haberle costado a los cordobeses $1.672 millones por estudiantes que abandonaron las escuelas ya que el operador continuó cobrando el plato servido al departamento por los 76 días de servicio de raciones no servidas.

Es de anotar que adicional a la denuncia por los altos riesgos económicos, en detrimento del departamento, se suma el mal servicio prestado por el consorcio Alimentos para Córdoba 2024 por el incumplimiento de normas de almacenamiento de alimentos, de su obligación para distribuir los alimentos conforme a las leyes de la materia, entrega incompleta de los insumos, documentación falsa o alterada en el registro de entrega de raciones a los beneficiarios, entre otros.

Al finalizar su intervención, el diputado Gabriel Calle, agradeció a la Asamblea y los invitó a que en conjunto con la actual Gobernación se pueda crear un equipo interdisciplinario de verificación en campo y crear un Comité de Seguimiento Subregional a través de mesas técnicas; así como a buscar los medios y no escatimar esfuerzos para hacer una inversión de

$45 mil millones de pesos en el que participen tanto el Gobierno Nacional como el Departamental.