Corte Suprema concluye que el Gobierno habría comprado a congresistas de Crédito Público.

Un informe de la Corte Suprema de Justicia y del cual tuvo acceso la W Radio, concluyó que desde altos funcionarios del Gobierno se buscó comprar los votos de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, esto con el fin de que votaran favorablemente las necesidades de crédito del Gobierno.

Según la prueba acopiada que se expone en ese documento y que dio a conocer el medio de comunicación antes mencionado, sobre el señalado negocio criminal tenian conocimiento el ministro Diego Bonilla, el viceministro Diego Guevara y fue pieza clave María Alejandra Benavides.

“El peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación, al constatarse que los sindicados en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley”, sentenció la Corte Suprema .

De acuerdo con el artículo publicado por la W, dicho acusado plan de tranzar el voto de los congresistas por proyectos habría tenido como origen la urgencia del gobierno por lograr el concepto favorable de dicha Comisión para autorizar cupos de endeudamiento vitales, ante lo cual los congresistas comenzaron a dilatar y el 26 de septiembre de 2023 habrían comenzado los acercamientos para comprarles el voto, y a partir de allí comenzó una presunta “opereta” llena de reuniones informales, avances y soluciones usando a la UNGRD, como lo detallan chats en poder de la Corte Suprema, entre los sindicados.