Silencio judicial: el caso de un empréstito de 18 mil millones que duerme en un despacho de Montería..
El municipio de Puerto Libertador enfrenta una controversia que debería encender las alarmas de todos los órganos de control. Una demanda de nulidad simple contra el Acuerdo Municipal 006 de 2023 —con el que la administración local obtuvo un empréstito por más de 18 mil millones de pesos— fue admitida desde el 4 de agosto por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería. La demanda incluye una medida cautelar para suspender de inmediato los efectos del acuerdo, pero la jueza Jhoana del Carmen Ruiz aún guarda un silencio que empieza a ser más escandaloso que el caso mismo.
El trasfondo no es menor: el demandante sostiene que la alcaldesa usó en 2025 un acuerdo que había perdido vigencia en diciembre de 2023, lo que, de confirmarse, no solo comprometería la legalidad del empréstito, sino que podría configurar un delito. No estamos hablando de simples tecnicismos jurídicos, sino de la suerte de los recursos públicos de un municipio que en el último año ha sido golpeado por varios escándalos de corrupción.
Pero mientras la ciudadanía espera respuestas, la justicia parece haberse ido de vacaciones. Más de mes y medio después de la admisión de la demanda, la jueza Ruiz no ha resuelto la solicitud de suspensión provisional. ¿Por qué tanta demora? ¿Quién gana con el silencio? Y sobre todo, ¿quién pierde? El pueblo.
En un país donde se proclama la independencia judicial y la defensa del interés general, resulta inadmisible que un proceso de esta magnitud esté varado en un despacho. La lentitud no es neutral: cada día sin decisión es un día en el que se siguen comprometiendo recursos públicos bajo la sombra de la duda.
El caso de Puerto Libertador no solo expone la posible irregularidad de una administración municipal, sino también la fragilidad de una justicia que, en teoría, debería ser la primera línea de defensa de los ciudadanos. Y la pregunta sigue en el aire, cada vez más incómoda: ¿qué pasa con nuestra justicia? ¿Quién defiende los intereses del pueblo cuando hasta los jueces callan?
