Procuraduría pide a la Corte Constitucional avalar medidas tributarias de la emergencia económica
El Ministerio Público, en cabeza del procurador general Gregorio Eljach, ha enviado un concepto clave a la Corte Constitucional respecto al Decreto Legislativo 1474 de 2025 . En el documento, la entidad solicita que se declare la constitucionalidad de la mayoría de los alivios y mecanismos de recaudo extraordinarios creados por el Gobierno para enfrentar la crisis económica y social declarada a finales del año pasado.
La Procuraduría considera que el Ejecutivo actuó bajo la necesidad de financiar gastos urgentes, especialmente los relacionados con el déficit en el sector salud. El concepto, remitido al magistrado Juan Carlos Cortés, avala 32 de los 33 artículos del decreto, incluyendo puntos sensibles como:
* El impuesto de normalización tributaria con una tarifa temporal del 19%.
Alivios transitorios en sanciones e intereses para deudores.
* Mecanismos de conciliación en temas aduaneros y cambiarios.
Sin embargo, el organismo fue enfático en que estos recursos no pueden usarse para tapar huecos estructurales del Estado, sino exclusivamente para atender la contingencia que motivó la emergencia.
No todo el paquete tributario recibió el visto bueno. El Ministerio Público solicitó declarar inexequible (tumbar) el artículo 14 del decreto. Además, recordó que la validez de toda esta estructura fiscal depende de que la Corte también avale el decreto madre (1390 de 2025) que declaró el Estado de Excepción, el cual ha sido cuestionado por diversos sectores.
A pesar del espaldarazo de la Procuraduría, el Decreto 1474 sigue sin aplicarse. Desde el pasado 29 de enero, la Corte Constitucional mantiene suspendidos sus efectos de forma provisional. Esto significa que, por ahora, ni los alivios ni los nuevos impuestos están vigentes, a la espera de un fallo definitivo que determine si el Gobierno se extralimitó o no en sus facultades extraordinarias.
Con este concepto, la pelota queda totalmente en la cancha del alto tribunal, que deberá decidir si el país entra en una nueva etapa de ajustes tributarios bajo la figura de la emergencia.
