«Fiscalía no descarta un crimen de Estado»: viuda de Miguel Uribe Turbay a un año del magnicidio
A un año del atentado que cobró la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las declaraciones de su viuda, María Claudia Tarazona, han dado un vuelco al caso tras revelar detalles de una reunión de dos horas con el equipo especializado de la Fiscalía.
Según Tarazona, el ente acusador mantiene plenamente vigente la hipótesis de que el asesinato pudo tratarse de un crimen de Estado, lo que implicaría una presunta intervención de miembros del Gobierno colombiano en el plan de magnicidio, aunque sin nombres propios señalados de manera concreta hasta el momento.
La consolidación probatoria actual apunta a que la orden directa fue ejecutada por la cúpula de la Segunda Marquetalia disidencia de las FARC liderada por alias Iván Márquez, el «Zarco Aldinever» y alias Kendry, dejando abierta la línea de investigación sobre si esta estructura actuó bajo la instrucción de un nivel superior.
El avance de las pesquisas también ha permitido a los investigadores cerrar definitivamente otras hipótesis que se barajaron en los meses posteriores al crimen, descartando por completo cualquier móvil relacionado con deudas, asuntos personales o supuestos vínculos con el negocio de las esmeraldas.
En contraste, la Fiscalía enfoca sus esfuerzos en un entramado criminal transnacional mucho más complejo de lo que se estimaba inicialmente. Tarazona confirmó que el dinero para financiar el atentado, una cifra gigantesca calculada en cerca de 6.000 millones de pesos, provino de Venezuela, país donde las autoridades presumen que siguen con vida tanto Iván Márquez como el «Zarco Aldinever».
La red criminal involucró no solo a la disidencia, sino también a articulaciones con el ELN y delincuentes recluidos en distintas cárceles de Colombia, una magnitud operativa que lleva a la familia de la víctima a cuestionar públicamente cómo una estructura de tal escala pudo avanzar en el país sin ser detectada a tiempo.
