“Senador Correa le declara la guerra a los abusos de las empresas de servicios públicos: ‘¡Que no nos hundan este proyecto!’”

La iniciativa busca impedir cortes por valores en disputa, trasladar a las empresas la obligación de probar las supuestas anomalías y fortalecer las facultades de la Superservicios para ordenar reconexiones, refacturaciones y devolución de dineros a los usuarios.

En el mismo sentido el proyecto busca fortalecer la protección de los usuarios y ponerle freno a los abusos en la prestación de los servicios públicos, por lo que de acuerdo con el senador Antonio José Correa Jiménez, es necesario establecer nuevas garantías para los ciudadanos frente a las empresas prestadoras.

El proyecto plantea que las empresas de servicios públicos no puedan suspender o cortar el servicio cuando existan valores que se encuentren formalmente en disputa, evitando que los usuarios tengan que escoger entre pagar una factura que consideran irregular o quedarse sin un servicio esencial.

Uno de los principales cambios propuestos establece que sean las empresas las responsables de demostrar las supuestas anomalías o irregularidades atribuidas al usuario, fortaleciendo así el derecho a la defensa y el debido proceso en las reclamaciones relacionadas con la facturación.

El proyecto también busca acabar con las respuestas evasivas o insuficientes frente a las reclamaciones de los ciudadanos y fortalecer las herramientas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que pueda actuar de manera efectiva cuando se compruebe una vulneración de los derechos de los usuarios, incluyendo la posibilidad de ordenar reconexiones,

“Los servicios públicos son un derecho esencial, no un negocio para abusar de los usuarios. Los colombianos no pueden seguir enfrentándose a trámites interminables mientras les suspenden servicios fundamentales por valores que están reclamando”, señaló el senador Correa Jiménez.

El congresista advirtió además que la discusión de esta iniciativa enfrentará intereses de las empresas prestadoras y anticipó una fuerte presión de los sectores que consideran que las nuevas medidas pueden afectar sus intereses.

“Ya sabemos que vendrá el lobby a defender sus intereses. Nosotros vamos a defender a la gente. Este proyecto busca que el ciudadano tenga herramientas reales para reclamar y que las empresas respondan cuando cometan abusos”, afirmó.

Finalmente, el senador hizo un llamado al Congreso de la República para que la iniciativa sea debatida con responsabilidad y pensando

“¡Que no nos hundan este proyecto! Vamos a defenderlo porque detrás de cada factura hay una familia, un trabajador, un adulto mayor o un ciudadano que merece respeto y un servicio público prestado con garantías”.

La iniciativa continuará ahora su trámite legislativo en el Congreso de la República, donde se abrirá la discusión sobre las medidas propuestas para fortalecer la protección de los usuarios frente a las empresas de servicios públicos.