Defensoría del Pueblo exige extremar protocolos de protección tras muerte de menores en bombardeo en el Guaviare
Las alarmas sobre la tragedia humanitaria del reclutamiento infantil en el país se volvieron a encender tras la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo militar contra una disidencia de las Farc en El Retorno, Guaviare. A raíz de este suceso, la Defensoría del Pueblo reveló cifras preocupantes que evidencian la magnitud de esta práctica ilegal: entre 2024 y julio de 2026 se han documentado 1.173 casos, una cifra que, según la entidad, esconde un grave subregistro debido al miedo y al silencio institucional en las regiones.
Durante el desarrollo de la Operación Amón —dirigida contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño bajo el mando de alias ‘Calarcá’— murieron diez personas, y posteriormente el Instituto de Medicina Legal confirmó que tres de las víctimas mortales eran adolescentes de 15 y 16 años. Mientras el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares respaldaron la legitimidad del operativo asegurando que los jóvenes integraban el grupo armado, la Defensoría enfatizó que los menores reclutados conservan su estatus indiscutible de víctimas, a pesar de estar inmersos en hostilidades.
Ante este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente al Gobierno para extremar los protocolos de precaución cuando se tenga indicios de la presencia de menores en campamentos ilegales, priorizando siempre la salvaguarda de sus vidas. Asimismo, la funcionaria exigió la pronta reactivación de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA) para robustecer las estrategias de protección y frenar el avance de este delito cometido por los actores armados.
