A la cárcel los nueve implicados en el cartel de las regalías: el entramado de Aremca que saqueó medio billón de pesos
El multimillonario botín de las regalías en Colombia, destinado originalmente a transformar la infraestructura y la calidad de vida en las regiones más vulnerables, terminó financiando un sofisticado y descarado entramado de corrupción que hoy duerme tras las rejas. Un juez de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), señalados por la Fiscalía de conformar un auténtico «cartel de direccionamiento de contratos». La red, operando bajo la fachada de la asociación gremial, logró engullir y saquear recursos del Sistema General de Regalías por una cifra que quita el aliento: medio billón de pesos.
La investigación judicial revela cómo la organización criminal diseñó un manual de contratación interna hecho a la medida de sus intereses, un reglamento prohibido por las normas de contratación pública que les sirvió de llave maestra para adjudicar a dedo 101 proyectos entre los años 2020 y 2026. A través de este mecanismo ilegal, la red manejaba listas cerradas de proveedores y subcontrataba con empresas fachada y firmas de papel. De esta manera, simularon la ejecución de obras civiles, interventorías, planes ambientales y programas de saneamiento básico, agricultura y alimentación que debieron impactar positivamente a comunidades en departamentos tan diversos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
El descaro de la red llegó al punto de simular la contratación de ingenieros para que sirvieran como simples monitores en rutas escolares, o de montar un convenio de miles de millones de pesos enfocado en cursos de preparación para las pruebas de Estado «Preicfes». Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también documentaron cómo el dinero cambiaba de manos de forma ilícita mediante el desvío y apropiación indebida de anticipos. Tan solo en un paquete de 23 contratos analizados a fondo por los expertos financieros de la Fiscalía, se configuró un enriquecimiento ilícito en favor de los contratistas que superó los 14.235 millones de pesos. Además, el cartel violó sistemáticamente los límites legales e institucionales al delegar, de manera completamente irregular, proyectos de interventoría en municipios como Clemencia (Bolívar) y San Andrés a otra entidad aliada: la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo y Córdoba.
La contundencia de las pruebas recolectadas obligó a un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción a imputarles un grueso catálogo de delitos que incluye concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Tras las rejas de una prisión pagarán su reclusión provisional los principales cerebros y engranajes de la operación ilícita: el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales y tesoreras Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores logísticos Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; junto a Luis Alfredo Soto Caraballo, sindicado de ser el eslabón clave que conectaba los intereses de la asociación con terceros beneficiarios.
