Absolución de Álvaro Uribe en Segunda Instancia Desata Nueva Batalla Judicial: Víctimas Anuncian Recurso de Casación
La histórica batalla judicial que enfrenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el senador Iván Cepeda y otras víctimas, lejos de terminar, ha escalado a la máxima instancia judicial. Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar la condena de 12 años impuesta en primera instancia al líder del Centro Democrático por soborno y fraude procesal, la parte demandante anunció que llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas, fue enfático al declarar en su cuenta de X: «Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado”.
El recurso de casación busca que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia revise y corrija los presuntos errores graves en la decisión del Tribunal Superior. Del Río buscará así tumbar la absolución emitida este martes, la cual echa por tierra la condena que había impuesto la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en agosto pasado.
El Tribunal Superior de Bogotá justificó su fallo absolutorio al señalar una «ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo» para configurar el delito de fraude procesal. El magistrado Manuel Antonio Merchán precisó que la sentencia de primera instancia se basó en «apreciaciones subjetivas» sobre la credibilidad de los testigos sin el debido contraste probatorio y la aplicación de criterios técnicos.
Sin embargo, el fallo no fue unánime, contando con el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo. A pesar de esto, la decisión mayoritaria absolvió a Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo.
Con la interposición del recurso de casación, el caso pasará a manos de la Corte Suprema, reavivando el debate político y jurídico sobre la responsabilidad del expresidente en el presunto intento de manipular testigos en el proceso que lo vincula a supuestos nexos con grupos paramilitares. La última palabra en este mediático expediente queda ahora en manos del alto tribunal.
