Administración del edificio Marqués de Sevilla desmiente presiones contra joven denunciante de ataque político
A través de un comunicado oficial, la administración del Edificio Marqués de Sevilla salió al paso de las informaciones difundidas por diversos medios de comunicación sobre un presunto ataque por motivos ideológicos contra una de sus residentes. La copropiedad calificó como falsas las versiones que señalan a la administración de haber presionado a la joven para abandonar su vivienda tras los hechos.
En el pronunciamiento, el edificio aclaró que, lejos de obstaculizar el proceso, han colaborado activamente con la justicia. Según la administración, se facilitaron voluntariamente los registros fílmicos de las cámaras de seguridad material que actualmente circula en redes sociales para ayudar a las autoridades competentes a esclarecer lo sucedido en las inmediaciones de la unidad residencial.
Uno de los puntos centrales de la rectificación tiene que ver con el señor Hernán Botero, colaborador operativo del edificio, quien fue señalado en algunas publicaciones. La administración fue enfática al señalar que Botero no estuvo presente durante el evento denunciado ni intervino posteriormente.
“Es falso que se haya ejercido presión alguna para obligar a una residente a abandonar el edificio, así como que existiera motivación ideológica o política para ello”, reza el comunicado, subrayando la neutralidad de la copropiedad frente a las posturas políticas de sus habitantes.
Ante lo que consideran una afectación al buen nombre y la honra de su equipo de trabajo, el Edificio Marqués de Sevilla anunció el inicio de acciones judiciales. El objetivo es proteger la reputación de sus colaboradores frente a lo que denominan «juicios anticipados» y estigmatización por parte de algunos sectores de la prensa.
Finalmente, la administración hizo un llamado al ejercicio responsable del periodismo, solicitando a los medios de comunicación rectificar la información bajo los principios de veracidad e imparcialidad, mientras las autoridades judiciales determinan los móviles y circunstancias reales del presunto ataque.
