Alerta en la educación superior: MinEducación revela que más de 78 mil profesionales en Colombia se graduaron sin las pruebas Saber Pro

Una auditoría técnica sin precedentes ha puesto bajo la lupa la transparencia del sistema de educación superior en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional, liderado por el ministro Daniel Rojas Medellín, reveló que tras un exhaustivo cruce de datos entre el SNIES y el Icfes, se detectó que 78.756 personas obtuvieron sus títulos profesionales, técnicos o tecnológicos entre 2019 y 2024 sin haber presentado las pruebas de Estado Saber Pro o TyT.

Este hallazgo resulta crítico, pues la normativa vigente establece que presentar este examen es un requisito legal obligatorio e insubsanable para obtener el grado en cualquier institución del país.

La investigación arroja cifras que evidencian un fallo generalizado en los protocolos de verificación:
Alcance: 269 instituciones de educación superior están involucradas, lo que representa el 97,4% del sistema educativo nacional.
Incidencia: El número de graduados en esta situación irregular equivale al 3,27% del total de egresados en el periodo analizado.

El ministro Rojas Medellín aclaró que, aunque las cifras son alarmantes, el origen del problema podría estar en la logística de la información. «Algo puede estar fallando en la cadena de información y debemos entrar a evaluarlo con rigor técnico para subsanar estas situaciones», señaló el funcionario, sugiriendo que existen fallas en el reporte de datos o en el cargue de evidencias por parte de los planteles educativos.

Lejos de anunciar sanciones inmediatas, la cartera de Educación informó que el objetivo principal es la depuración de los datos. Para ello, se instalarán mesas de trabajo con las universidades para identificar si los estudiantes efectivamente no presentaron el examen o si se trata de un error administrativo de registro.

Este proceso de saneamiento de información se presenta como el primer paso hacia una Reforma Integral del sistema de educación superior, con la que el Gobierno Nacional busca blindar los estándares de calidad y garantizar que el diploma entregado a cada profesional cuente con todos los respaldos legales que exige la ley colombiana.