Camioneros no aceptaron propuesta del gobierno de suspender incrementos a precio del ACPM mientras avanzan mesas de trabajo y seguirán en paro
Durante una reunión realizada el 3 de septiembre, entre el gremio de transportadores y varios ministros del gabinete presidencial, la ministra de Transporte, María Constanza García, anunció que el Ejecutivo ha tomado la determinación de suspender los incrementos en el precio del ACPM, mientras se desarrollan las mesas de trabajo.
Lo anterior fue dado a conocer por la ministra luego de que el Gobierno instara a los camioneros a levantar los bloqueos que desde hace varios días tienen en diferentes vías del país, como protesta por el alza del precio del combustible.
La propuesta consiste en no hacer nuevos aumentos al precio del diésel en el corto plazo, hasta tanto no se discutan «otros puntos que requieren una atención prioritaria por parte del Gobierno».
Esto significa que, por ahora, quedarían pendientes los dos incrementos adicionales de 2.000 pesos que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció en días pasados para el diésel. Sin embargo hay que tener en cuenta que la segunda alza se tiene prevista para el primer semestre del 2025 y el tercer aumento se haría en la segunda mitad de ese año.
La propuesta de la ministra de Transporte no fue aceptada por los transportadores, porque ellos exigen que se revierta el alza de 1.904 pesos anunciado hace unos días. Por lo tanto, el paro camionero se mantiene en el país.
«Nosotros no aceptamos la propuesta. Somos respetuosos de nuestras bases y vamos a salir a hablar con ellos. Ellos son los que deciden», manifestó uno de los representantes de los transportadores.
Luego del aumento de 1.904 pesos que comenzó a regir el pasado 31 de agosto, el precio del galón de diésel quedó en un promedio de 11.364 pesos en el país, teniendo en cuenta las 13 ciudades principales.
Este incremento, estima el Gobierno Nacional, produciría un incremento en la inflación total de 0,3 puntos porcentuales al cierre del 2024, al tiempo que generaría un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos en lo que queda del año.
El Ministerio de Hacienda justificó este aumento en que, cuando un consumidor compra diésel en una estación de servicio, paga menos del 50 por ciento del precio que cobra el refinador o importador de ese combustible.
El Gobierno Nacional, por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), paga el resto. Esto ha llevado a un problema fiscal histórico que ha representado acumuladamente cerca de 115 billones de pesos.
Esto se ha convertido en una situación insostenible para el país, la cual ha puesto en jaque la viabilidad fiscal de la Nación y podría comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
Además, este subsidio lo reciben las personas con más ingresos de la población. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, las personas del 10 por ciento más rico de la población reciben 10 veces más los beneficios del Fepc que las personas del 10 por ciento con menores ingresos.
