Categoría: Opinión

 

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Recientemente, el otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, su participación y la del ejército paraestatal que comandaba; sobre la verdad de las acciones militares ejecutadas; como fueron: asesinatos, masacres, desplazamientos, desapariciones forzosas, despojo de tierras y el accionar político en materia de financiamiento, intervención en política, control territorial, jurídico y social; es decir, las estrategias implementadas para ejercer poder militar, político, económico y social; ante la mirada indiferente y cómplice del Estado. La verdad acerca del conflicto armado interno tiene muchas narrativas; dependiendo de quienes la cuenten, creando con ello, muchos relatos y ficciones tan reales como fantasiosos. Pero, sin lugar a equívocos; podemos decir que, fue una guerra de perdedores; ocasionando con esto, degradación y barbarie; que dejó profundas heridas sociales que aún no cicatrizan; lo cual ha generado nuevas violencias que se repiten de manera continua.

Las declaraciones de Mancuso ante la JEP merecen toda la atención de los organismos competentes a nivel nacional e internacional y la sociedad civil; por ser la confesión sistemática de hechos de violencia más brutal, que hacen parte de una página de nuestra historia reciente, narrada por uno de los protagonistas, que aún vive; quien actuó como líder, ideólogo y determinador de crímenes de lesa humanidad. Capítulo especial que merecen las declaraciones de Mancuso; sobre como el proyecto político-paramilitar que vulneró y asesinó un sector del estamento intelectual y pensante de la sociedad, representado en las universidades públicas; ejemplo de ello, la Universidad de Córdoba; que evidencia la intervención irracional y violenta que acabó con la vida de profesores, estudiantes y trabajadores; un proceder criminal selectivo, cuya finalidad fue silenciar el pensamiento y la conciencia crítica inherente al mundo universitario; del mismo modo, el pensamiento y la intelectualidad nacional, simbolizado en hombres y mujeres; en su mayoría jóvenes; la barbarie ejercida exterminó parte del pensamiento de la sociedad colombiana.

Lo anterior, es un fenómeno característico de los sistemas dictatoriales y totalitarios construidos sobre la violencia y el miedo; donde no se permite el uso de la conciencia crítica. En la historia de la humanidad, esta práctica del miedo y terror, han sido recurrentes; con el propósito de construir un estado opresor y violento, sin oposición y soportado en el miedo. Pero Mancuso y su ejército criminal, se equivocaron; desconocieron una lección clave de la historia; “el pensamiento, lo pueden silenciar y marginar transitoriamente; pero no destruir”. El pensamiento es una construcción humana, con un poder liberador y transformador que ha sobrevivido a momentos y épocas violentas de la humanidad. La Unicórdoba y sus estamentos son muestra sensible y dolorosa de los hechos en mención; la intentaron silenciar desde todas las formas de violencia: extrema izquierda, extrema derecha y politiquerías; sin lograrlo. Su capacidad de resiliencia, carácter y convicciones propias de su naturaleza y esencia permitieron sobrevivir para cumplir los sueños de muchos. Por ello, el mejor legado para entregar a las presentes generaciones, en especial los jóvenes, son, escribir estas páginas dolorosamente pensadas desde nuestra memoria histórica; y así esclarecer la verdad para que esto nunca vuelva a repetirse.

 

Por: Marcos Daniel Pineda García

El pasado miércoles, en el marco de las marchas convocadas por las centrales obreras en apoyo a las reformas a la salud, pensional y laboral que propone el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso disruptivo, incendiario, retador y sobre todo, inoportuno.

Después de una agitada semana de escándalos y cuestionamientos, lejos de generar un clima de tranquilidad e invitar al diálogo para construir consensos, que es lo que esperaríamos del jefe de Estado, optó por atrincherarse en una esquina radical, dividiendo más al país, censurando a los medios de comunicación, a las altas cortes y al Fiscal General de la Nación y como si fuera poco, lanzando un ultimátum a sus propios ministros. Lo que considero más lamentable de todo este desafortunado discurso, es la acusación al Congreso de la República de no querer aprobar las reformas propuestas por el Ejecutivo, restándole importancia al debate legislativo, que en su naturaleza es el fundamento de la democracia participativa en cualquier nación.

Con sus palabras se acentuó la gran polarización que padece Colombia, alimentada por un constante enfrentamiento ideológico. Este escenario, que además se ve permanentemente exacerbado por la actividad en redes sociales de los activistas digitales de todos los sectores políticos y apolíticos, ha creado un ambiente propicio para la intolerancia, difamación e incluso estigmatización.

Señor Presidente, ¡no le eche más gasolina a la hoguera! Usted tiene que ser el primer bombero que haga esfuerzos para apagar este incendio. Evidentemente, estamos atravesando por una seria crisis política y lo que menos necesitamos ahora, es que quienes dirigen el país sean precisamente los que instiguen a los ciudadanos a tomar posiciones extremas. No necesitamos más polarización, sino un gobierno que se dedique a trabajar con hechos y resultados para las regiones de Colombia, desde donde se escucha el clamor por soluciones a los problemas que enfrenta el país.

Llevamos diez meses de gobierno, en los que el epicentro ha sido el debate político y no la gestión. Nos hemos concentrado en dirimir discusiones ideológicas, desplazando el objetivo más importante para el cual se elige un gobierno: ejecutar acciones que ayuden a transformar entornos sociales y mejoren la vida de la gente. Prueba de ello, es que está por terminar el primer semestre del año y el porcentaje de ejecución del presupuesto nacional no supera el 10%.

Las reformas son necesarias y oportunas, nadie ha dicho lo contrario. Sabemos que el sistema de salud tiene que mejorar y que es urgente actualizar la normatividad laboral y pensional, pero todo proyecto de reforma debe someterse al debate, estar abierto al diálogo y pasar por un proceso de concertación, de manera que se apruebe un texto que no obedezca a un solo criterio político o un capricho ideológico, sino que recoja las posiciones de todos los actores representados democráticamente en el Congreso de la República. Entre todos podemos construir unas reformas justas, útiles y equilibradas, que estén sintonizadas con el sentir de los colombianos.

Si algo nos ha demostrado la historia de este país, es que debemos dialogar más. La crisis no se solucionará incitando a la gente a salir a las calles cada vez que el Gobierno nacional sea cuestionado, tampoco usando el poder como escudo para no tener que discutir las decisiones. Todavía estamos en democracia, todavía tenemos voz, las opiniones de todos cuentan y merecen ser escuchadas; de los acontecimientos del futuro cercano depende que siga siendo así.

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Transitamos tiempos de incertidumbres, verdades y ficciones; definida como una era de posverdad caracterizada por discursos y narrativas que crean nuevas realidades que defienden y/o rechazan verdades y mentira; que tienen un poder que depende de creer en ello. Como bien lo define Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI; los humanos siempre han vivido en la era de la posverdad. “Desde la edad de piedra hemos construido mitos para integrar y cohesionar la existencia en comunidad y regular el orden social; el Homo Sapiens conquistó este planeta, gracias, sobre todo a la capacidad distintivamente humana de crear y difundir ficciones”.

Somos la única especie que puede inventar relatos de ficción, difundirlos y convencer a millones de personas para que crean en ellos.

Lo anterior ha sido una constante en el discurrir de la humanidad; desde tiempos pretéritos, hasta los actuales. Los líquidos tiempos modernos, nos sitúan en nuevas formas de concebir la realidad, frente a medios de comunicación utilizados como nuevos difusores de Posverdad; el predominio de Facebook, Instagram, Twitter y líderes mundiales en lo político y religiosos; creando realidades desde relatos y narrativas para justificar una guerra, proteger el medio ambiente, legitimar dictaduras, defender la democracia, hacer apología a un caudillo, destruir personas e instituciones; en fin, la narrativa de los grandes medios influyen en la mentalidad y formas de pensar para construir dioses, demonios, y hacer que la sociedad esté dividida entre buenos y malos. El poder de influencia permite que amplios sectores sociales, indistintamente a la posición social y nivel de formación, los siguen reverencial y dogmáticamente. Presenciamos verdades del poder de la Posverdad y nadie cuestiona, sino que repite.

Podemos mencionar algunos ejemplos prácticos sobre la posverdad; en el ámbito religioso, los cristianos no se atreven a cuestionar la verdad de los hechos narrados en la biblia; igualmente, los musulmanes sobre el Corán y en los distintos libros religiosos; millones de personas en el mundo a lo largo de miles de años han creído en estas narrativas religiosas; por ello, muchas noticias falsas duran para siempre. En lo transcurrido del breve y violento siglo XX encontramos casos de grandes metarrelatos que encarnan mentiras convertidas en verdad; los regímenes Nazi y Soviético construidos sobre una fuerte maquinaria mediática, que logró ocultar las atrocidades de los campos de concentración y proyectar al mundo una imagen civilizada; aún siguen imperando estos relatos políticos y religiosos con capacidad de convencer y crear verdades legitimadas en aceptación social; dispuestas a defender, hasta con la propia existencia, una conducta fanática, donde la reflexión y la racionalidad no tiene espacio. Hemos desplazado el logos, la norma y la dignidad humana, las tres grandes ideas con que pensamos la cultura occidental.

En este contexto de Posverdades, construimos una nueva concepción de democracia y debate político marcado por la ausencia de reconocimiento y respeto hacia el otro; creando un escenario de mutua satanización. Vivimos tiempos de incertidumbres fabricadas de relatos, narrativas y ficciones que tienen como finalidad controlar la subjetividad, e imponer nuevos discursos sobre la verdad; en particular, en estos tiempos de consumismo, hedonismo y narcisismo; que abarca y construye una nueva comprensión del mundo.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Desde el inicio del Gobierno de la Gente entendí que uno de los pilares indispensables para la supervivencia del ser humano es la salud, bien público de vital importancia y determinante del bienestar de una sociedad en su conjunto, que unido a la educación proporciona las condiciones básicas para el desarrollo humano en todos los ámbitos.

Siendo la salud un derecho fundamental plenamente constituido y, entendiendo a cabalidad la necesidad de tener acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, apoyamos decididamente y sin reserva alguna a los habitantes de la comuna 6, que desde hacía muchos años clamaban por la construcción de un hospital; obra que en 2020 recibimos con ítems no contemplados, muchísimas dificultades y la imposibilidad de que pudiera funcionar si decidíamos seguir la hoja de ruta que estaba planteada. El camino fácil era simplemente parar e indicar que este era un proyecto inviable al que no podíamos darle continuidad, pero ese no es nuestro talante.

En el Gobierno de la Gente, a pesar de esas circunstancias adversas en las que no había una solución a corto plazo, decidimos arroparlo, porque éramos conscientes de su importancia. No podíamos cercenar la esperanza de miles de habitantes del sur de la ciudad. Por el contrario, optamos por el mejor de los caminos, construir sobre lo construido, llevando el Cemento con Corazón para alimentar esa ilusión que hoy es un logro cumplido.

Las obras civiles están al 100 %. Con un área de 3.000 m², que marca el sentimiento noble y justo de una comunidad, este hospital se convierte en el segundo más grande del departamento; lo que demuestra el compromiso que tenemos con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Montería.

Esta estructura impactará positivamente a más de 150.000 personas de barrios aledaños y corregimientos cercanos y con ella se acabarán las largas distancias para recibir atención médica, lo que redunda en el alivio del bolsillo de los usuarios, quienes se ahorrarán sobrecostos en el transporte.

La inversión en infraestructura de salud es fundamental para el bienestar de nuestra gente. Por eso, este centro asistencial era un compromiso que teníamos que sacar adelante y lo logramos. Nuestro gobierno continúa satisfaciendo las necesidades de Montería y seguimos dando pasos gigantes hacia ese mejor futuro que estamos cimentando para los próximos 50 años, en el que la premisa fundamental es la de que todos los monterianos estemos bien.

Ahora avanzamos muy rápido en dos proyectos para la dotación. Uno con recursos propios para el mobiliario y otro, que ya radicamos en el Ministerio de Salud, en el que se contempla la adquisición de equipos de tecnología de punta y especializados para la atención de urgencias, hospitalización y salas de partos, únicas en la región.

Para ello, se construyeron 17 consultorios para consulta externa con servicios de promoción y mantenimiento de la salud para vacunación y citologías; tres unidades odontológicas; un área de hospitalización; una de internación obstétrica; un área de esterilización; un laboratorio clínico; un área de rayos X y una farmacia.

A lo que sumamos un amplio auditorio con capacidad de más de 100 personas, para la realización de actividades académicas y científicas en beneficio de la comunidad. Trabajamos también para que la sede administrativa de la ESE Vida Sinú quede en la zona contigua al centro de salud.

Este hospital es algo más que un edificio, es un símbolo de esperanza, progreso y prosperidad. Es una muestra más de la grandeza que le hemos impreso a Montería, gracias a la construcción colectiva y a que nuestra prioridad es la resolución de las necesidades de la gente, por encima de todo lo demás. ¡Nos comprometimos y lo hicimos realidad!

 

Por: Luis Gabriel Degiovanni

Hoy en Montería la inseguridad es el pan de cada día.

Este municipio está repleto de historias que nadie quisiera contar. Historias de terror que duelen y se multiplican.

Nos preocupa esta problemática, por eso dialogamos con algunas víctimas, a quienes la vida les cambió en un instante.

Los de la moto negra

“Yo no veo, yo no veo, no me vayas a matar”, le imploraba Andrea a la mujer que la amenazaba con un puñal, diciéndole “si me ves la cara te mato”. Eran las 11:30 de la noche y los momentos de terror los vivía en la terraza de su casa en el barrio Buenavista, sur de Montería, Comuna 3.

Andrea llegaba a su vivienda acompañada de su esposo, a quien un hombre, el cómplice de la delincuente, le apuntaba en la cabeza con un revólver para que se quedara quieto, mientras les robaban sus pertenencias. Los residentes venían de una cena, se bajaron del vehículo y mientras ella abría la puerta, en cuestión de segundos, se les apareció el de la moto negra, para generarles temor.

Se les llevaron cadenas de oro, dinero y celulares. Hoy, tres meses después del hecho, tienen cámaras en su casa, cotizan para comprar rejas y encerrarse ‘desde el piso hasta el techo’ y, según me contó Andrea: “eso no se supera. Ahora cuando llegamos antes de la media noche llamamos a mi mamá para que nos abra la puerta y cuando vemos que hay un motorizado en la zona, damos vueltas y vueltas por la calle, hasta que no vemos a nadie, para podernos bajar del carro.

«No volvimos a sentamos nunca en la terraza, tampoco nuestros vecinos, Montería está invivible, la inseguridad nos mantiene presos en nuestras casas”.

La historia de miedo que sintió en carne propia esta abogada la viven cientos de monterianos, quienes a gritos piden acciones, dejando en claro que enfrentar la problemática es uno de los grandes retos que demanda la ciudad.

El barrio Buenavista donde sucedió este lamentable hecho es uno de los sectores donde el “hurto a personas” aumentó entre los meses de enero y lo que va corrido de mayo de 2023, en comparación con la misma fecha en el 2022, en un 113%.

Según cifras de la Policía Metropolitana de 8 hechos denunciados el año pasado se pasó a 17 en lo que va de 2023.

“Ya no se puede comer tranquilo”

Llegaron a Montería con el único objetivo de disfrutar la ciudad.

Estuvieron de paseo por la Ronda del Sinú, sitio turístico para propios y foráneos, que abraza con todas sus fuerzas, en su recorrido, al majestuoso e imponente río Sinú.

Después de caminar los dos kilómetros que tiene el ‘pulmón ambiental’ decidieron ir a comer al barrio Los Laureles, de la Capital. Este sector está ubicado en la Comuna 7 y en los últimos años ha hecho una transición de residencial a comercial.

Precisamente, en uno de sus restaurantes se sentaron a comer. Carmen llegó con su hijo y una sobrina, menor de edad.
Mientras esperaban el pedido, dos hombres armados entraron al sitio y despojaron de sus celulares, portátil y bolsos a los ocupantes de tres mesas.

“Desde ese día sufro de ansiedad, desconfianza y estrés postraumático, siento que me persiguen. Me vine de Cotorra para Montería y lo que menos esperaba era pasar el peor momento de mi vida”, textualmente esto me contó Carmen, con quien me reuní precisamente porque es necesario conocer a fondo el problema para que las soluciones también lo sean.

El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del sitio, cuyas imágenes y videos se viralizaron, al tiempo que ratificaron que la otrora Ciudad de Las Golondrinas, donde escuchábamos los cuentos de las abuelas en las esquinas y terrazas; donde hasta altas horas de la noche, en los angostos callejones de algunos barrios los amigos se divertían y las parejas se declaraban su amor, está en crisis por un flagelo que afecta la economía, convivencia y tranquilidad de los monterianos: la inseguridad.

Las cifras respaldan lo que la comunidad manifiesta y los hechos todos los días se publican en los medios de comunicación. Es una verdad que la zozobra se ‘campea’ por la Capital Ganadera de Colombia, a pesar de las acciones que realiza la Fuerza Pública para contrarrestar la problemática.

Triste y endeudada

Luisa también fue víctima de los delincuentes, todavía cuenta su historia y llora.
En diálogo con esta gran madre de familia pude notar su desespero, y no es para menos, pues prestó dinero para comprar un celular que es una herramienta en su trabajo como comunicadora social-periodista.
“Ni siquiera me di cuenta cuando me robaron el celular, pues lo llevaba en el bolso. Iba en transporte público y cuando llegué a mi casa ya no lo tenía. No entiendo qué pasó, yo iba sentada y creería que me echaron algo porque llevaba los audífonos escuchando música, y ni siquiera me percaté que ya no oía nada. Ahora debo dinero y no tengo como responder en el trabajo”, expresó Luisa, quien reside en un sector de la Comuna 5, donde precisamente las cifras de hurtos van en aumento.

Por ejemplo, en El Centro este 2023 van 33 casos reportados, el año anterior para la misma fecha eran 22; Colón pasó de 3 a 11 hechos y Nariño, de cero (0) a 4 reportados.

Andrea, Carmen y Luisa tienen historias parecidas a la de Roberto, quien vive en La Pradera, en la Comuna 6. Todos fueron víctimas de la delincuencia y esperan que Montería mejore en materia de seguridad.

A este último le robaron, durante los primeros días de enero, en la terraza de su casa. Lo encañonaron con un revólver y se le llevaron su celular. No pudo oponer resistencia porque los sujetos que se transportaban en moto amenazaron con matarlo. “No se deje matar….” le dijeron. En ese momento recordó a sus dos hijas y prefirió evitar una tragedia.

Historias como estas, que a muchos ciudadanos les da miedo denunciar, se multiplican en las diferentes comunas y corregimientos de Montería, dejando claro sobre la mesa la necesidad de un plan de seguridad y convivencia para que los monterianos podamos aprovechar esos espacios que se han venido construyendo en el camino por internacionalizar a nuestra Capital, conformada por gente trabajadora, empoderada y emprendedora.

¡Vamos porque Vamos! en la lucha de hacer de Montería una ciudad segura.

 

Por: Marcos Daniel Pineda García

Esta semana, la bancada del Partido Conservador tomó la decisión de no apoyar el texto de Reforma Laboral presentado por el Gobierno nacional y además, solicitar que se archive. No me cansaré de repetirlo: en independencia, acompañaremos sin ningún cálculo político las iniciativas del gobierno que sean benéficas para el país, así como tomaremos distancia de aquellas reformas que consideremos nocivas para los colombianos.

Sabemos que es necesario reformar la normatividad laboral de Colombia. En 1950 se expidió el Código Sustantivo del Trabajo en medio de un Estado de Sitio y sin pasar por el Congreso de la República, debido a la alteración del orden público en el territorio nacional. Han pasado 73 años y este código sigue vigente en nuestro país.

A pesar de haber quedado obsoleto en varios aspectos, en su primer artículo, el Código Sustantivo del Trabajo habla del equilibrio de las relaciones entre empleado y empresa, lo que sentó las bases para un entorno laboral un poco más justo en nuestro país. El proyecto presentado este año por el Gobierno nacional desconoce ese principio, a la luz de todo análisis.

Preocupa mucho que esta iniciativa esté visiblemente dirigida a satisfacer los intereses de una sola de las partes. Quedarían fortalecidos los beneficios para las personas que ya tienen la fortuna de estar empleados, especialmente las que cuentan con fuero sindical, pero se atenta contra las fuentes de empleo y eso evitaría la generación de nuevas oportunidades de trabajo en el país, eso sin contar con el futuro incierto que tendrían las medianas y pequeñas empresas.

El proyecto de Reforma Laboral no combate los dos flagelos más grandes que actualmente azotan el mercado laboral colombiano: el desempleo y la informalidad.

Imponer contratos a término indefinido, incrementar exageradamente las tablas indemnizatorias a cargo del empleador, los recargos al 100% que incrementan costos a los sectores que laboran permanentemente en horario nocturno, contratación de extranjeros sin ninguna restricción y eliminación de la posibilidad de suscribir pactos colectivos entre empresa y trabajadores no sindicalizados, son solo algunos de los puntos del proyecto, que amenazarían fuertemente la estabilidad de las empresas que no cuentan con grandes fuentes de financiación o que no generan lo suficiente para solventar estas obligaciones.

Los mercados cambian y con ellos las necesidades de las empresas, una premisa que se debe tener muy en cuenta, sobre todo si consideramos que se nos vienen más reformas este año y la economía del país no pasa por un buen momento. La creciente informalidad, se convierte en un agravante en esta compleja situación, que preocupa por igual a todos los sectores de la producción.

Hay que reformar la obsoleta normatividad laboral que tenemos desde hace siete décadas, por supuesto, pero también se deben promover las diferentes modalidades de empleo que existen, como las plataformas digitales de las que dependen más de 120 mil repartidores, solo por mencionar uno de tantos ejemplos. En lugar de flexibilizar la contratación para abrir más oportunidades, la reforma tal como está planteada, generaría una carga laboral impositiva que no se compadece con la realidad económica del país.

No podemos acabar con la ilusión de tantos colombianos que hoy hacen fila esperando una oportunidad de trabajo, que quieren emprender o que sostienen a sus familias gracias a un empleo alternativo; tampoco podemos permitir que se nos imponga una reforma que ocasionaría una crisis nacional, por eso es tan importante escuchar a todos los sectores y tener en cuenta el sentir de la gente. ¡Esto no es con radicalismos ideológicos, el reto es sacar adelante reformas que solucionen los problemas estructurales que hoy el país reclama!

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin*

*Alcalde de Montería*

Montería ha cambiado para bien. Entendimos que el desarrollo no podía ser limitado a sectores exclusivos, motivo por el cual en el Gobierno de la Gente le apostamos al ciudadano, a sus ideas, a sus necesidades, a su sentir y a la visión que ha surgido de la mente, el corazón y los anhelos de cada monteriano.

Los sueños y esperanzas, que nacieron del concurso ciudadano; de recorrer las calles; de sentarnos en mesas de planificación con las comunidades, los gremios y la academia; de tomarnos un café; de dormir en sus casas y de compartir con ustedes en sus jornadas laborales o académicas, están a la vista de todos.

Le hemos hecho frente a los obstáculos, superamos la pandemia y seguimos sorteando las vicisitudes propias de la función y la administración pública. Dificultades que no hemos visto como un problema, sino como una gran oportunidad para mejorar y brindar mayores oportunidades para nuestros niños y niñas, que hoy tienen más de 140.000 m2 de espacios públicos; jóvenes para quienes construimos el CIS Ahora La Gente – Universidad del Sur; sociedad civil; mujeres; adultos mayores y todas nuestras comunidades étnicas, campesinas, víctimas, comunitarias, LGTBIQ+, con discapacidad y protectoras de animales, con las que hemos sostenido diálogos permanentes para garantizar la protección de sus derechos.

El sur, la margen izquierda y la zona rural dejaron de ser las cenicientas. Revertimos esa situación y hemos logrado un gobierno empático y cercano al ciudadano. Las metas, proyectos, acciones e inversiones de nuestro gobierno no se han detenido. Estamos saldando deudas históricas y le hemos devuelto la esperanza a los monterianos.

Somos la capital más segura del Caribe, destacándonos por registrar las menores cifras por cada 100 mil habitantes en homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar y extorsión.

En la vigencia anterior, aumentamos un 133 % el parque automotor de la Fuerza Pública para mayores patrullajes y operativos. Pusimos en marcha el POT, sembramos 42.600 árboles, intervenimos más de 2 millones de m2 en zonas verdes, pavimentamos 38 km de vías rurales y urbanas, mejoramos 354 km de vías terciarias, construimos y mejoramos más de 57.000 m2 de parques, logramos matricular a 81.308 estudiantes en nuestras diferentes sedes educativas, entregamos más de 5 millones de raciones alimentarias en el marco del PAE y fuimos la primera ciudad del Caribe con mejores resultados en las Pruebas Saber 11.

Las ferias de emprendimientos lograron ventas superiores a los $400 millones, los Festivales Montería Me Sabe superaron todas las expectativas y se lograron ganancias por encima de los $1.000 millones. Sancionamos las políticas públicas de protección animal y LGTBIQ+, atendimos más de 10 mil estudiantes con la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente, invertimos más de $390 millones para la atención del dengue y la malaria e instalamos 575 nuevas señalizaciones verticales y más de 2.000 dispositivos de regulación de velocidad para una mayor seguridad vial.

Beneficiamos a más de 28.000 personas con los programas de inclusión social, realizamos el mantenimiento de nuestros escenarios deportivos. El presupuesto del municipio fue de $1.2 billones y recaudamos más de $51.000 millones de ICA y más de $49.000 millones por concepto del predial.

Cerramos 2022 con cifras maravillosas, lo que nos alienta a trabajar el triple, para seguir afianzado a Montería como una de las ciudades capitales con mayor proyección del país. Continuaremos solidificando las bases de la ciudad con la visión de un desarrollo exitoso durante los próximos 50 años.

Con infinita emoción, orgullo y satisfacción, desde el Gobierno de la Gente podemos mirarlos a los ojos y decirles que hemos consolidado una Montería Grande.

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 23 de mayo, la comisión sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior y que permite avanzar en la aprobación de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; un paso importante en el trámite de una reforma necesaria y demandada por los estamentos del sector de la educación superior y los jóvenes de Colombia; la cual tiene como propósito el fortalecimiento de la universidad pública. Importante indicar, que el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión.

Los recursos de funcionamiento orientados al crecimiento sostenible de los provistos por el Estado y requeridos para la marcha de las universidades públicas, conformado por cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferencias salariales, productividad docente, aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos tienen un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE trabajó y construyó un nuevo modelo de asignación de recursos para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida, los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han causado el desfinanciamiento estructural de la universidad pública y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

La construcción del Ices (índice de la canasta educativa), como nuevo modelo financiero para la asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad del sistema y su diversidad; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. Entonces, ¿cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE? El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el Sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, donde hemos tenido incremento en cobertura al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023. Esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como son: la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación de programas y todo lo que tiene que ver con lo institucional.

Este crecimiento de las universidades implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la Nación a las universidades; lo que siempre ha sido insuficiente para el financiamiento del SUE. Por consiguiente, el nuevo modelo propuesto corrige el desfinanciamiento y permite la sostenibilidad financiera del SUE.

Hacemos un reconocimiento al liderazgo y apoyo de los congresistas de la comisión sexta de la Cámara de Representantes, por aprobar en primer debate esta reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30; un paso importante en el legislativo para hacer realidad una reforma que garantiza la sostenibilidad financiera del SUE.

 

Es la vida de los motociclistas el tema que debe estar en el centro del debate y no las restricciones a ese actor de la movilidad que aporta 7 de cada 10 muertos en siniestros viales.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Lo primero que debe hacer el nuevo alcalde, o alcaldesa de Montería, es proponer la eliminación de la actual Secretaría de Tránsito y crear la Secretaría de la Movilidad. Eso sería un primer avance para tratar de soltar el nudo de la movilidad que se forma en varios puntos de la ciudad y comenzar a bajar el pico de muertes en siniestros viales.

Una Secretaría de Movilidad dotada con tecnología y técnicos expertos en tránsito y transporte, y que tenga la capacidad de diseñar una estrategia de seguridad vial sintonizada con las políticas departamentales y nacionales.

Es contradictorio, pero lo que más les duele a los motociclistas en Montería, no es el hecho que son quienes más aportan a las víctimas mortales en siniestros viales (7 de 10 fallecidos es el promedio en Córdoba), sino que les limiten las movilizaciones por zonas céntricas de la ciudad y la circulación con parrilleros. Nunca se ha visto una manifestación de conductores de motos, protestando porque son ellos quienes más están muriendo en las vías.

En Colombia, según estudios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, seis de cada diez fallecidos por siniestros viales son motociclistas. Señala esa entidad, que la velocidad sigue siendo uno de los factores que más incide en la letalidad de los siniestros.

Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (siempre están rezagadas) indican que este año, con corte a abril, 37 motociclistas perdieron la vida en siniestros viales en Montería, cuatro más que los 33 que fallecieron por la misma causa en dicho período el año pasado. La cifra es mayor, pero me refiero solo a datos oficiales.

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en las vías de Montería se apagaron 100 vidas durante el 2022 como consecuencia de los siniestros viales. De lejos, este año vamos a superar esa cifra.

En la carrera por la alcaldía de Montería se le escucha a los candidatos y candidatas prometer que no bajaran de la moto a quienes derivan su sustento de ella, mientras no les consigan alternativas laborales, olvidando en sus narrativas cercanas a la retórica y lejos de la dialéctica que el tema más importante para esos actores de la movilidad es que están perdiendo la vida en su carrera por llevar el pan a sus hogares.

Una Secretaría de Tránsito inoperante.

La actual Secretaría de Tránsito de Montería no cuenta con la tecnología y el talento humano necesario para garantizar la seguridad de las personas cuando se movilizan. Debo aclarar que no me refiero a quienes trabajan en esa entidad, porque el tema pasa por la pobre estructura y

la falta de recursos (financieros y tecnológicos) de la misma. Por muchos buenos propósitos que tenga un secretario de Tránsito de hacer las cosas bien en la ciudad, no podrá adelantar acciones de seguridad vial y de ingeniería de tránsito debido a la precariedad institucional de esa dependencia.

¡Ojo, candidatas y candidatos a la alcaldía de Montería, es la vida de los motociclistas el tema que debe estar en el centro del debate y no las restricciones a ese actor de la movilidad que aporta 7 de cada 10 muertos en siniestros viales en Córdoba!

 

 

Por: Aura Benedetti A.

Les confieso que me equivoqué. En algún momento pensé y hasta lo expresé públicamente: “Más reversa tiene un avión que la integración entre Viva y Avianca”.

Y resulta que no, si algo ha quedado claro con la crisis del sector aéreo que nos golpea a todos es que en el sector transporte cada minuto cuenta. Hace unos días Avianca comunicó que definitivamente no acepta los condicionamientos establecidos por la Aerocivil y que desiste de cualquier integración con Viva. Recordemos que la Aerocivil había decidido favorablemente la integración bajo unas condiciones, algo así como un sí pero no así.

En este mismo sentido, es necesario traer a colación que en el año 2022 esta entidad había emitido pronunciamiento negando la integración, pero como quiera que aún le quedaban recursos a las aerolíneas interesadas, el proceso siguió su curso. De hecho otras aerolíneas del mercado e interesadas en comprar a Viva entraron al proceso y ante ello, Viva comunicó sus reparos al respecto argumentando que cualquier negociación con un tercero le tomaría mucho más tiempo al proceso.

Pero en realidad, ¿duró mucho el proceso?

Para Avianca jugó un papel importante en su decisión final la falta de celeridad, pues se solicitó la integración junto a Viva desde agosto del año pasado, teniendo como argumento principal las dificultades financieras de Viva y salvar los empleos de quienes trabajaban para ésta low cost.

Por su parte, Viva llevaba varios meses insistiendo en la necesidad de integrarse con Avianca y que se tomara una decisión de fondo al respecto y en un plazo lo más expedito posible, como única solución a la crisis que se encontraba atravesando y como si fuera poco desde finales de febrero comunicó de forma sorpresiva para muchos que suspendía temporalmente el negocio de los vuelos, lo que también implicaba a su vez la suspensión del transporte de carga nacional e internacional por las razones ya conocidas: situación financiera y por asuntos relacionados con proveedores. Para otros no fue tan sorpresiva la suspensión pues la aerolínea meses atrás venía cancelando rutas y frecuencias y fue un: “se veía venir”.

Ahora bien, no estamos ante un asunto cualquiera, el transporte es un servicio público regulado por el Estado, el sector transporte y con él, el sector transporte aéreo es uno de los que más ha sufrido con la pandemia ocasionada por el covid 19. Casi que a nivel global los vuelos estuvieron suspendidos más de tres meses, sólo operando el transporte aéreo de carga y apuntémosle a la sinceridad: ¿qué empresa o qué organización se sostiene con tres meses en pausa?

A las aerolíneas como muchas otras empresas que estuvieron en pausa no les ha quedado de otra que buscar estrategias para sobrevivir. Los impactos de la pandemia no sólo fueron los producidos a corto plazo, ya que afectó a todas las compañías aéreas del mundo, y al parecer impactó mucho más a las low cost.

Así las cosas, ¿Necesitamos mecanismos mucho más eficientes en el sector cuando se trata de intereses de esta magnitud? ¿Cómo se le va a responder a los viajeros?

Pese a que esto nos deja entrever que se hace necesario contar con plazos más exprés para los pronunciamientos de algunas entidades del sector y más cuando estamos ante asuntos tan delicados y que no dan espera, aquí la realidad es que Colombia no sólo perdió una low cost, aquí perdieron miles y miles de viajeros nacionales y extranjeros sus vuelos y conexiones, muchas agencias de viajes perdieron, cientos de trabajadores perdieron sus empleos directos e indirectos y es incalculable cómo se afecta a proveedores y cómo impacte en el sector financiero tanto nacional como internacional a mediano y largo plazo, por aquello que todos conocemos: muchas empresas y organizaciones funcionan con los créditos.

Es evidente que hay muchos términos normativos que cumplir estrictamente, pero también muchos meses pasaron esperando una respuesta. Y me queda el sinsabor de si el gobierno nacional hizo o no todo lo que estaba a su alcance.

Ahora bien, ¿Le correspondía al gobierno tirar algún tipo de salvavidas al respecto?

El asunto tiene tanto de largo como de ancho, muchas voces afirmaron que la salida abrupta del mercado de Viva se trataba de una presión mediática realizada por las aerolíneas interesadas para quedarse con todo el monopolio del mercado, pues tuvieron la posibilidad de comunicarle con antelación a los usuarios lo que estaba sucediendo, y aun así siguieron permitiendo la compra de vuelos por parte de los viajeros y por parte de las agencias.

Está claro que las aerolíneas aquí y en la Conchinchina no son ningunas santas palomas. En realidad falta muchísimo más control, las aerolíneas a veces nos dan la impresión de ser una rueda suelta que nadie controla, pero lo peor de lo peor es que los usuarios del transporte nos hemos llegado a sentir huérfanos en la protección de nuestros derechos e intereses y las aerolíneas se deben a los consumidores. Sin consumidores no hay aerolíneas.

A nivel nacional tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio, donde los usuarios afectados tienen la posibilidad de hacer una reclamación sin abogados, pero advierto, son muchas las formalidades y si o si se necesitará de un abogado por muchas variables: el cumplimiento de los términos, la elaboración de la demanda, sustentar los recursos y pare de contar. Una demanda ante la SIC es desgastante incluso para los profesionales del derecho y a esto hay que adicionar que no pueda ser de interés en ocasiones para estos profesionales porque pueden ser negocios de muy bajas cuantías y mucho desgaste.

No puedo terminar este escrito sin resaltar que Avianca desde el cese de operaciones de Viva ha transportado a muchos de los usuarios que perdieron sus vuelos, no sólo de Viva sino también de Ultra, se estima que son cerca de 160 mil pasajeros atendidos por Avianca según datos expresados por la misma aerolínea en su página web y periódicamente ha venido ampliando el plazo para que usuarios de Viva que aún no se han acercado a tomar su vuelo lo hagan.

Ante este panorama se necesita del acompañamiento decidido del gobierno nacional para brindar soluciones a los consumidores. Los usuarios del transporte aéreo necesitamos so-lu-ci-o-nes, mecanismos no sólo más ágiles sino también eficaces para la reclamación de nuestros intereses. ¿Y cómo resolver el problema de fondo? Hay que estudiar medidas desde adentro del sector transporte y desde adentro de la operación aérea que permitan un impacto positivo, tales como: la reducción del IVA al servicio del transporte aéreo y el combustible y que sin lugar a dudas repercutirían positivamente en la operación de las aerolíneas, y que además puede ser tema de otro artículo, porque éste ya se nos extendió demasiado.

Entre tanto, la conclusión se las dejo a ustedes.