Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector  de la Universidad de Córdoba 

Desde que asumimos la responsabilidad de dirigir los destinos del alma mater de los cordobeses, lo hicimos con una visión y un pensamiento universitario moderno y transformador, con la férrea convicción de que la universidad debe ser la fuerza espiritual y moral que, desde la ciencia jalone el desarrollo social y humano; una fuerza espiritual entendida, como aquella que impulsa y señala el destino de nuestro pueblo y su gente. Esa fuerza espiritual representada en la ciencia y en ella debe reafirmarse para no perecer. Con esta línea de conducta hemos convertido la Universidad de Córdoba en la conciencia critica de la sociedad; a la vez, un proyecto social y cultural transformador, con excelentes resultados en la modernización administrativa, fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad que ha permitido pasar de 3 a 15 programas acreditados en alta calidad, la acreditación internacional de 2 programas académicos, la acreditación institucional, el fortalecimiento de los procesos de investigación que nos permite tener el 37% de grupos de investigación en categoría A1 y A; a esto se sumen más de 30 proyectos de investigación aprobados por Minciencias; haber obtenido 40 becas doctorales en las convocatorias del bicentenario; lo que permitirá, que 40 profesores de Unicórdoba se formen como doctores en los próximos años. Además de esto, la regionalización de la Universidad; gratuidad de la matrícula, internacionalización, modernización de los procesos de gestión institucional que, de acuerdo con la función pública, nos sitúa como la primera universidad estatal del Caribe, la sexta entre las 32 públicas del país y, ser la mejor universidad de la región Caribe de acuerdo con el ranking británico Qs. Asimismo, Fortalecimiento de la política de transparencia y buen gobierno de acuerdo con las auditorías de la contraloría general de la república. De igual modo, hemos volcamos la Universidad al territorio; con presencia en 14 departamentos de Colombia, transfiriendo nuestra capacidad científica. Este liderazgo académico y científico; permitió la confianza, credibilidad y reconocimiento social.

Entre todos, logramos construir un proyecto universitario trazado en el tiempo, que requiere continuidad y consolidación de la comunidad universitaria y la sociedad cordobesa. Devolvimos la universidad a la sociedad; ustedes y nosotros tenemos el deber social y moral de protegerla y preservarla para las presentes y futura generación de jóvenes cordobeses. Con absoluta convicción, continuaremos fortaleciendo la formación de nuestros estudiantes, ellos son nuestra razón de ser y preocupación institucional, formarlos académica, científica y humanamente.

Continuamos trabajando por mantener la acreditación institucional, acreditar el 100% de los programas y acreditación internacional de nuevos programas académicos. De esa misma forma, sostener los indicadores de investigación, fortalecer la planta docente y el proceso de formación doctoral, consolidar el bienestar estudiantil, incrementar el número de docentes de planta con nuevos concursos, fortalecer la infraestructura física, técnica y tecnológica; continuar los procesos de internacionalización. En esa misma dirección consolidar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, la política de transparencia y buen gobierno, materializar la regionalización de la Universidad. Por consiguiente, necesitamos una universidad con gobernabilidad y autodeterminación.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El turismo es un pilar fundamental para la economía de las regiones, un motor para la generación de empleo y una de las actividades que contribuye a la atracción de inversión extranjera.

Vamos por buen camino. Revisando las cifras de Migración Colombia encontré que más de 615.000 extranjeros llegaron al país entre junio y julio de 2022, lo que representa una reactivación de este sector del 88%, teniendo en cuenta que más de 695.000 extranjeros llegaron en 2019.

Y qué decir del informe del Ministerio de Comercio, que reporta la llegada de más de 2.382.000 visitantes entre enero y julio de 2022. Cada día crecemos y cada día son más los que deciden visitarnos. En el primer semestre de 2022, el tráfico aéreo de vuelos nacionales e internacionales en el país aumentó el 85% con respecto a 2021 y el 163% con relación a 2020.

Gracias a los atractivos naturales de nuestro Caribe Colombiano, esta región desde el turismo es la que más le ha aportado a la recuperación económica, tras la pandemia del Covid-19. Las cifras de Anato son alentadoras, ya que develan que al cierre del primer trimestre del año, 3,9 millones de personas eligieron como destino a Montería, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Riohacha.

Este año hemos registrado un importante incremento del número de pasajeros que llegan a Montería, lo que impacta positivamente la economía y aumenta los índices de ocupación hotelera; esta última con un repunte importante en Semana Santa, las Fiestas del Río y la Feria Nacional de la Ganadería.

A la terminal terrestre, a corte de agosto de 2022, arribaron más de 119.000 vehículos y 415.000 pasajeros. En la terminal aérea, según las cifras del Ministerio de Comercio, en el primer semestre de 2022 aterrizaron más de 359.000 pasajeros, lo que corresponde a un aumento del 70% con relación al mismo periodo de 2021 y un 193,5% con relación a 2020.

A esto sumamos que AirPlan nos dio a conocer que, de los seis aeropuertos que opera (Rionegro, Medellín, Montería, Quibdó, Carepa y Corozal), Los Garzones es el de mayor crecimiento. Durante el primer semestre del año, se movilizaron más de 759.000 pasajeros y se realizaron 10.600 operaciones aéreas; siendo la proyección al término del año de 1.600.000 viajeros, cifra histórica que representa un aumento del 59%, con relación a lo reportado en 2019.

Todo este crecimiento conlleva a la necesidad de ampliar la terminal aérea, motivo por el que plantearemos a la ANI, al Ministerio de Transporte y a la Aerocivil la modificación del contrato de concesión, que permita extender la plataforma, construir una nueva estructura con las especificaciones necesarias para una zona internacional de pasajeros y ampliar los parqueaderos. Agregándole la construcción de una nueva torre de control de 30 metros, por parte de la Aerocivil.

El desarrollo y la apuesta de una Montería Grande nos han convertido en una ciudad estratégica y fundamental para el Bajo Cauca, Urabá, Sucre y sur de Bolívar; a lo que se suma el hermanamiento con David en Panamá y la atracción de inversión a través de lo que hemos planteado como el área metropolitana hacia el Golfo de Morrosquillo. Estamos aumentando los kilómetros de la Ronda, parque lineal referente a nivel de Latinoamérica, y nos seguimos potenciando como Biodiverciudad para seguir conectando la naturaleza con la urbe.

Años atrás, éramos una ciudad de paso, de mero tránsito de los turistas que se desplazaban hacia otras zonas del país. Hoy los visitantes nacionales y extranjeros ven una gran oferta de actividades.

Las puertas de Montería están abiertas. El majestuoso río Sinú, nuestros hermosos paisajes naturales, la variedad de especies, la cultura, la gastronomía y la calidez humana de los monterianos se mezclan entre sí para brindar un ambiente maravilloso y atractivo a todos aquellos que buscan conocer nuevos lugares y parajes. Razones poderosas que los hacen pensar en Montería como uno de los destinos más atractivos del Caribe.

A través de la historia de la humanidad, la violencia siempre ha sido una constante, cruel e inhumana, lo que la hace ser, totalmente desnaturalizada en muchas de sus facetas y expresiones; particularmente, en la convivencia social y la universidad pública; esta última, no ha sido la excepción a la tradición que aún se vive. Una de las razones que permite entender la violencia en las universidades es su propia naturaleza, porque representa y refleja lo que es la sociedad; es decir, la universidad en gran medida reproduce la complejidad social en el entendido de que, en ella confluyen pensamientos, ideologías, visiones y concepciones de un mundo diverso y traumático, sin distingo de ideologías, colores políticos, concepciones religiosas o sexuales. Es todo un escenario natural de la pluralidad y diversidad. Esta pluralidad que caracteriza la universidad pública colombiana es una de sus fortalezas edificantes y creativas, que se vislumbra, cuando es vivida y expresada por medio de una acción comunicativa permanente, que permita procesos de diálogo, entendimiento y acuerdos; no con el uso de la falsedad y la violencia expresada de maneras execrables.

Si bien es cierto, Colombia, como una nación en construcción ha desconocido en su pluralidad geográfica, cultural, racial, política e ideológica, características identitarias para construir un proyecto de nación incluyente y democrática. Negación que ha conducido al caos, y a una especie de violencia perpetua originada, desde el mismo momento de la independencia, donde sus actores y protagonistas no se pusieron de acuerdo con el modelo de nación que debía instaurarse. Desde ese momento hasta hoy, no hemos podido salir de nuestros propios conflictos. Ahora bien, guardando las proporciones; la universidad pública en Colombia refleja en gran medida esas visiones del conflicto. Por ello, es necesario insistir en que, la naturaleza de la universidad es la ciencia, el saber y el conocimiento, en ella debe reafirmarse. La ciencia es el reflejo y acumulado histórico de cómo la humanidad se ha edificado, y uno de esos aspectos propositivos de la ciencia ha sido pensar y construir un mundo mejor; en tal sentido, hemos evolucionado como humanidad y hasta hablamos de “progreso”. Al decir que, la universidad es un reflejo de la sociedad, es una especie de metáfora del espejo: “cuando nos situamos frente al espejo podemos reconocernos como somos o simplemente engañarnos”. Esa es la universidad en su esencia, permitirnos ser más conscientes y racionales de nuestras limitaciones y realidades; pero siempre, mejorarlas y ser mejores como seres humanos y sociedad. Por consiguiente, la universidad no puede seguir reproduciendo la violencia en ninguna de sus formas de expresión. Persistir en ello, es un reflejo no solo de la barbarie e irracionalidad sino una ofensa a la inteligencia y sensatez del ser humano. Es desde el uso y ejercicio de la racionalidad comunicativa y dialógica desde donde la inteligencia debe expresarse.

Reafirmamos el llamado permanente y reiterativo al diálogo, ha convertir nuestros campus universitarios en ágoras públicas donde se delibere con argumentos, no solo sobre aspectos institucionales; sino sobre el proyecto de nación que nos debe convocar. Reitero, la violencia es la negación no solo de la racionalidad e inteligencia humana, sino de la esencia misma de la universidad.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Escucharnos es la clave fundamental para llegar a procesos de planificación y construcción de lo que requieren las comunidades. Así quedó demostrado en el Gran Diálogo que adelantamos con los representantes de las comunidades campesinas, indígenas, afros, víctimas y líderes sociales del municipio de Montería.

Logramos convocar en tiempo récord a representantes de alto nivel del Gobierno Nacional, la Gobernación de Córdoba, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para sentarnos en dos importantes mesas de trabajo, en la búsqueda de soluciones a las peticiones hechas.

Con los representantes del “Convite Étnico y Ecológico” iniciamos la construcción de una hoja de ruta de atención y tomamos la determinación de dejar abierta, y de manera permanente, la mesa de construcción en la que cada entidad territorial tiene plenamente identificados los puntos que son de su competencia.

Gabriel Calle, jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, y José Jaramillo, secretario privado del Consejero Presidencial para las Regiones, hicieron presencia en este Gran Diálogo y tomaron atenta nota de temas de territorio, acceso a la tierra, reconocimientos de las comunidades, Plan Nacional de Desarrollo 2023, educación con enfoque para la población campesina, consultas previas y protección de líderes sociales amenazados. El propósito es empezar de inmediato un trabajo conjunto entre los Ministerios encargados de cada uno de estos puntos para estructurar acciones y brindar alternativas de atención a corto, mediano y largo plazo.

El ente departamental, representado por el secretario del Interior, Jairo Vaquero, también adquirió compromisos en materia de una adición de recursos al presupuesto de 2023 para la atención de procesos de las comunidades, cofinanciación de las guardias indígenas del departamento en conjunto con el Ministerio del Interior, entrega de ayudas humanitarias e instalación de reductores de velocidad en las vías departamentales donde se requiera.

De nuestra parte, tenemos la competencia para trabajar en los procesos de inclusión y acceso de estas comunidades a la Universidad del Sur; entregas de ayudas humanitarias; proyecto del relleno sanitario en Patio Bonito, del que piden claridad; mejoramiento de vías terciarias; Plan de Alimentación Escolar; información sobre los recursos utilizados en el manejo de residuos sólidos, y los controles al transporte público ilegal y las plataformas digitales que lo promocionan.

Por otra parte, en reunión conjunta, a la que acudieron otros líderes de comunidades étnicas y sociales, entre gobernadores y capitanes de cabildos, junto con las autoridades nacionales y departamentales, tratamos temas de sumo interés; como certificaciones de juntas directivas de cabildos indígenas, servicios de salud en la zona rural, vías terciarias, saneamiento básico, educación, rellenos sanitarios y licencias ambientales. Acordamos una reunión la próxima semana para articular y darle celeridad a los procesos que vienen solicitando desde hace muchos años.

Montería es ejemplo nacional, porque desde el primer día de nuestro gobierno le hemos apostado al diálogo, le volvimos a dar cabida y poder de decisión a la gente; esfuerzo que se ve reflejado en este tipo de espacios que convocamos con el propósito de trabajar mancomunadamente por el bienestar de todos.

Los monterianos pueden tener la certeza de que en el Gobierno de la Gente tenemos la voluntad de avanzar en cada una de las solicitudes de estas comunidades, porque entendemos todas las dificultades que durante décadas han tenido que padecer por el olvido y desfavorecimiento al que fueron condenadas.

Todas nuestras actuaciones y toda la inversión que hemos hecho son el producto no solo de oír, sino de escuchar con atención las necesidades de la gente para así construir colectivamente y entender de manera clara lo que pasa en el territorio.

Sin duda, seguiremos liderando estos procesos de diálogo y construcción permanente para la inversión del gasto público, porque ese ha sido el talante de nuestro gobierno. De esta manera, estamos logrando consolidar una Montería Grande, totalmente incluyente, para las presentes y futuras generaciones.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Una de las metas más importantes que se ha trazado el nuevo gobierno, es entregar tres millones de hectáreas de tierra, una apuesta muy ambiciosa que puede salir muy bien, dejando un precedente para el futuro, o por el contrario, puede ser un fracaso, si no se aborda con una visión integral. Más allá de entregar tierras, el verdadero reto está en transformar la vida de las familias en las zonas rurales de Colombia.

En primera instancia, la entrega de tierras debe ser un proceso con orden social, por eso urge definir los parámetros para escoger a los beneficiarios y socializar la convocatoria en todos los territorios del país. Con esto, contrarrestaríamos la proliferación de invasiones ilegales en terrenos privados, que con el anuncio de este nuevo programa, han aumentado en los últimos meses por cuenta de personas inescrupulosas, que quieren sacar provecho de la situación.

Los criterios de selección deben ser estrictos, para que las tierras sean entregadas a los campesinos que realmente las necesiten, estableciendo condiciones que garanticen que a futuro estas no sean enajenadas. Nada haríamos si al final los terrenos entregados resultan alquilados, vendidos o en el peor de los casos, improductivos.

Para darle un buen uso a los terrenos entregados, hay que saber sincronizar su productividad con la vocación del suelo y las apuestas exportadoras de cada región del país. Esto no es algo que pueda quedar al libre albedrío, por ello se debe orientar al pequeño productor hacia la actividad que más le resulte rentable y conveniente.

Así mismo, considero que la entrega de tierras se debe acompañar con una política integral de desarrollo productivo, que incluya asistencia técnica, acceso fácil a créditos y fomento a la asociatividad, para facilitar la adquisición de maquinaria y canales de comercialización.

Otro reto social importante, será el crecimiento poblacional que se generará con este programa en las zonas rurales dispersas del país. Esto obliga a mejorar las condiciones mínimas de calidad de vida de los beneficiarios, como vivienda digna, agua potable, energía eléctrica, conectividad y la ampliación de la oferta de educación y salud para estas comunidades.

Un último reto para mejorar la competitividad de nuestro campo, es sin lugar a dudas la conexión a través de vías terciarias. Nos ilusiona pensar que nuestro proyecto de ley para crear la Agencia de Vías Comunitarias para la Paz, sea por fin la solución que tanto necesitan los olvidados y maltrechos caminos rurales.

Estamos ante una oportunidad histórica, para redescubrir y aprovechar todo el potencial de nuestras tierras y el valor de nuestros campesinos, impulsando el desarrollo económico, no solo de los terrenos que se entregarán, sino de todo el campo colombiano, consolidándolo como uno de los más fuertes e importantes activos del país.

El pasado 22 de septiembre, a través de un acto público realizado en el municipio de San Juan de Sahagún, con presencia de los estamentos universitarios: profesores, trabajadores y estudiantes; de igual forma, autoridades políticas, como el señor gobernador de Córdoba, el alcalde de Sahagún y demás miembros de la comunidad. Allí se llevó a cabo el acto de entrega de la infraestructura física universitaria, donde funcionará la nueva sede de la Universidad de Córdoba, localidad perteneciente a la subregión de la Sabana Cordobesa.

Es importante hacer memoria histórica en estos tiempos de inmediatez y amnesia colectiva; acerca de la génesis de este proyecto que inició en el año 2015 como iniciativa del Gobierno departamental de la época, caracterizado por altos niveles de corrupción pública; lo que provocó una estigmatización sobre la institucionalidad del Departamento y su dirigencia política. Durante largos años el Departamento truncó su dinámica de desarrollo social; creando de esta forma una crisis de gobernabilidad y legitimidad institucional; asimismo, despojándonos del respeto y dignidad, imponiéndonos gobernantes ajenos a nuestra territorialidad y sin respaldo ciudadano. Fueron tiempos oscuros que reflejaron la expresión más degradante e irracional de malos gobiernos y gobernantes; lo que han hecho y siguen haciendo de la política un negocio, y de la democracia, una transacción económica para perpetuar intereses particulares. Pero, en medio del abismo pudimos salir adelante, característica de los pueblos que resisten con fuerza y tenacidad de su gente; especialmente, los jóvenes, quienes avanzan con sus utopías a cuestas y el pleno convencimiento de que la educación es la fuerza más poderosa para la lograr una verdadera transformación social.

Con el impulso y perseverancia de los jóvenes de Sahagún, junto al liderazgo de la Universidad de Córdoba y la voluntad política del Gobernador permitieron que, después de siete años de espera, indiferencia y desidia, la Universidad, a través de la firma de un convenio interadministrativo de cooperación, entre el Departamento y el municipio de Sahagún, se pudiera recibir finalizada en su infraestructura física la mencionada sede. Ahora, solo falta la dotación que, por medio de un proceso licitatorio adquiriremos e instalaremos para tener una sede universitaria con todas las condiciones físicas, tecnológicas y humanas; desde la cual se pueda prestar un servicio educativo con los más altos estándares de calidad. Esta sede hace parte de la política de regionalización de la Universidad de Córdoba para generar cobertura; es decir, acceso a la educación superior pública. Esta obra tiene que ver el con modelo de regionalización que hemos propuesto al Gobierno nacional.

El país requiere de una política pública urgente, que garantice el derecho a la educación superior; recordemos que, en córdoba, de cada 100 jóvenes que finalizan la secundaria, solo 23 ingresan a la universidad, lo que representa una cobertura del 23%; cuando la media nacional está en el 50.77%; por ello, es necesario llevar la Universidad a cada subregión del Departamento, para que los jóvenes ingresen a una educación superior pública de calidad y gratuita. Esto significa garantizarles un derecho fundamental. Nuestra propuesta, la ofertamos para que constituya un tema central en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Para las regiones, el verdadero nombre de la paz es la educación.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Por mandato constitucional, los alcaldes y gobernadores son la primera autoridad de policía de las regiones. Es nuestra función conservar el orden público, requerir el auxilio de las Fuerzas Armadas en los casos permitidos por la Constitución y la Ley, y actuar como jefes de la Policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. Sin embargo, en la práctica no es así porque no estamos incluidos en la organización jerárquica de la Fuerza Pública, que toma las decisiones operativas.

Varios de los alcaldes y gobernadores del país sentimos que la política pública de seguridad ciudadana no parte directamente de las regiones. Por el contrario, observamos que es una responsabilidad, hoy mucho mayor, del Gobierno Nacional.

Desde los territorios estamos luchando con coraje y valentía contra las bandas criminales, las estructuras del narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el gota a gota, que según las líneas de investigación es financiado con dinero del narcotráfico para desestabilizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Para seguir por ese camino, y con el ánimo de poner en marcha acciones más rápidas, se requiere que los mandatarios tengamos total control en la toma de decisiones de las operaciones que estimemos más convenientes para preservar la seguridad en nuestros territorios, entendiendo que cada región presenta dificultades con estos flagelos. No podemos bajar la guardia y tenemos que reforzar todo el andamiaje necesario para continuar cerrando los caminos de la criminalidad, razón por la que el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios de Defensa y del Interior, debe iniciar prontamente un trabajo de articulación de acciones y planes con los entes municipales y departamentales para ser más certeros y efectivos en las operaciones tendientes a perseguir, capturar y judicializar a quienes se dedican al crimen organizado y la delincuencia común.

Más aún cuando vemos que en los últimos días, en diversas zonas del país, se han multiplicado las invasiones y las vías de hecho, por parte de personas que piden que se salden deudas históricas que están afrontando desde hace décadas. Dificultades que se han evidenciado mucho más luego de la pandemia y las que no son fáciles de subsanar en un solo momento, por la escasez de presupuesto. No obstante, desde el Gobierno de la Gente hemos hecho lo imposible para lograr inversiones importantes en el sur de Montería y en la zona corregimental, con el objetivo de ir dejando atrás esas épocas de olvido y desatención.

A pesar del esfuerzo hecho por llevar mejores condiciones de vida a los ciudadanos y del constante diálogo que se mantiene con las comunidades para rendir informes de lo que se está haciendo, vemos con mucha preocupación que hay quienes insisten en recurrir a las vías de hecho. Actuaciones que atentan contra la vida de las personas y la seguridad ciudadana.

En este momento, la responsabilidad real para la atención y disuasión de manifestaciones violentas y bloqueos ilegales de corredores viales está en manos del presidente de la República, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, quienes autorizan o deniegan el uso de unidades de intervención.

El largo trámite para solicitarlas hace que los tiempos de reacción ante alteraciones del orden público no sean inmediatos y se tarden considerablemente. Razón por la que urge un pronunciamiento del Gobierno Nacional, en el que queden claras las herramientas expeditas que se requieren para garantizar intervenciones de la Fuerza Pública, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de actividades cotidianas como la educación y la salud.

Somos conscientes de que la gente quiere inmediatez en la resolución de sus peticiones; sin embargo, es necesario que tengan presente que las vías de hecho no son justificables desde ningún punto de vista, porque desdibujan la esencia de lo que es el derecho constitucional de la manifestación pública, la que por principio rector es pacífica. La violencia, no se puede imponer sobre la voluntad de construir entre todos un mejor futuro para las comunidades.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Nuestros campesinos, a lo largo de la historia, son quienes han tenido que padecer la crudeza del conflicto armado y sobrevivir llevando a cuestas el olvido de las administraciones y la falta de inversiones que mejoren su calidad de vida.

Pese a ese panorama, las comunidades rurales con resiliencia, con tenacidad, con el sudor de sus frentes y la fuerza de sus manos siguen surtiendo las centrales de abastos de las cabeceras municipales. Sin duda, son ese primer eslabón de la cadena alimentaria, necesaria para la subsistencia de todos.

En el Gobierno de la Gente sabemos de las adversidades que por décadas ha tenido que afrontar la zona corregimental, razón por la que hemos volcado nuestra mirada, esfuerzos, trabajo e inversiones hacia el campo; porque esas dificultades las miramos como oportunidades. De allí nuestra determinación de destinar el 40% del presupuesto para mejores vías, el impulso de proyectos productivos y para llevar obras de saneamiento básico.

Ver las caras de satisfacción y alegría de las comunidades de los corregimientos de San Anterito, San Isidro y siete veredas al abrir las llaves del agua no tiene precio. La entrega de este acueducto y el modelo de desarrollo e inversión que estamos implementando en Montería es el camino indicado.

Esperamos que ello no solo sea de beneficio para nuestro municipio, sino que pueda ser visto como un referente para los modelos y planes que construyan las presentes y futuras administraciones del Caribe, en pro del beneficio de los territorios rurales. Es nuestra obligación persistir, trabajar con esfuerzo y responsabilidad, dejar de lado los espejos retrovisores y sobre todo enaltecer la labor de nuestros campesinos con más y mayor inversión; además, con políticas públicas que ofrezcan soluciones y conlleven a una seguridad alimentaria.

Las cifras hablan por sí solas. La más reciente Encuesta Nacional Agropecuaria del Dane da cuenta de la importancia de los siete departamentos del Caribe para la producción agrícola y pecuaria, ítems trascendentales para el desarrollo económico colombiano.

El informe nos indica que la región Caribe cuenta con más de 171 mil UPA, que son aquellas unidades económicas de producción que comprenden todas las actividades agrícolas y pecuarias. En estas, hay un uso de suelo de poco más de 9 millones 750 mil hectáreas, de las que se estima que alrededor de 8 millones 300 mil son para uso pecuario y 786 mil, para actividades agrícolas.

A nivel nacional, según los datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en 2021 se sembraron 5,3 millones de hectáreas, de las que se obtuvo una producción de 73 millones de toneladas; 34 millones de toneladas de solo alimentos. El Censo Pecuario del ICA nos indica que el país en 2022 totaliza 29 millones de cabezas bovinas, estando unos 8 millones 700 mil en los siete departamentos del Caribe, de los que aproximadamente 3 millones se encuentran en Córdoba. Y en cuanto a producción agrícola, debemos sumar los miles de toneladas de maíz blanco, maíz amarillo, arroz, plátano, yuca, ñame, piña y mango; más los cultivos agroindustriales de algodón, aceite de palma y caña panelera.

Estamos en la obligación de saldar las deudas históricas con nuestros campesinos. Si todos en el Caribe entendemos las bondades de la tierra en la que estamos situados y luchamos para lograr la competitividad del campo, una mejor productividad y la tecnificación de los cultivos, nos convertiremos en una gran despensa para el mundo y obtendremos como resultado ser una de las regiones más ricas en la historia del país.