Categoría: Opinión

 

Por: Aura Patricia Benedetty González.

«En el año 2022, en Colombia perdieron la vida 437 usuarios de la bicicleta, de los cuales 11 pertenecen a Córdoba»

Con un panorama que no es el más alentador, cada vez son más las personas que se animan a utilizar la bicicleta como medio alternativo de transporte, incluyéndola en su día a día y logrando con ello un aporte positivo a la problemática de movilidad que tenemos en nuestras ciudades, y que sin lugar a dudas afecta la calidad de vida de los individuos ¿Ahora bien, estamos preparados en nuestros territorios para enfrentar el reto que trae consigo el uso alternativo de la bicicleta, o es simplemente un plan irrealizable?

En nuestro país, Colombia confluyen diversos climas, que están predispuestos por aspectos geográficos y atmosféricos, no siendo lo mismo tomar la bicicleta como medio de transporte a la una de la tarde en una ciudad como Bogotá, que en la capital del departamento de Córdoba donde las temperaturas oscilan entre los 30 y los 40 grados centígrados, sin dejar de lado el factor cultural que permea nuestras costumbres, y con ello la toma de decisiones al momento de movilizarnos.

Si nos detenemos a revisar las cifras que nos arroja el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, nos encontramos con que en el año 2022, en Colombia perdieron la vida 437 usuarios de la bicicleta, de los cuales 11 pertenecen al Departamento de Córdoba, mostrando un aumento en el departamento de más del 100% con relación al mismo periodo de 2021 donde cinco usuarios de la bicicleta perdieron la vida, cifras éstas que no sólo nos indican que estamos rajados en la seguridad vial de nuestros amantes de la bicicleta, sino también nos refleja que los esfuerzos que se han venido realizando a través de campañas pedagógicas, impulsos legislativos y controles no han dado resultado, no se les ha realizado el seguimiento adecuado, o no responden a las necesidades de los actores viales.

En cuanto a la regulación vigente, es importante señalar que el Código Nacional de Tránsito expedido en el 2002, nos define la bicicleta como: “Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales”. Ya en el año 2016, con la ley pro bici, se dio un gran salto en la materia, teniendo ésta un objeto bastante ambicioso: “Incentivar el uso de la bicicleta como medio principal en todo el país, incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental y la mejoría de la movilidad urbana”, y trajo consigo una serie de incentivos a quienes se animaran a usar la bicicleta como medio de transporte. En el caso de los funcionarios públicos, recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen llegar al trabajo en bicicleta, hasta tanto sean completados ochos medios días remunerados al año y con relación a los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas industriales y comerciales del Estado, podrán también adoptar el mismo esquema de incentivos diseñado para el sector público, y atendiendo sus necesidades.

¿Ahora bien, vamos por buen camino? O por el contrario, ¿se hace necesario replantear acciones?

Aterrizando lo dicho en el párrafo anterior al ambiente en el que me desenvuelvo puedo manifestar que sólo he conocido dos o tres personas que regularmente asisten al trabajo en bicicleta y que a la vez han hecho uso de los incentivos por llegar en ese medio de transporte al trabajo, refiriéndome con ello claro está a quienes ostentan empleos formales. De igual forma, es sabido que en la informalidad hay muchas más personas cuyo único medio de transporte u opción es movilizarse en bicicleta, y a estas lastimosamente no les asiste ningún incentivo en este sentido por parte de la ley pro bici.

Entre tanto, hace un par de días se virilizó un video en twitter donde un grupo de ciclistas son grabados por un conductor, en determinada vía y que a juicio de quien graba el video, los ciclistas estaban siendo imprudentes, pues según éste se encontraban ocupando todo el carril, y evidentemente si revisamos el video los ciclistas se encuentran ocupando la totalidad del carril. En el video es claro que el conductor que graba a los ciclistas desconoce que estos se encuentran amparados legalmente para ocupar todo el carril de la vía, incluso si transitan en grupo, pero ojo, esto no significa que no estén obligados a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito, no adelantar a otros vehículos por la derecha, llevar las luces y cumplir con la premisa principal de la seguridad vial: “Ver y ser visto”, denotándose con esto la falta de conocimiento y promulgación de los derechos y deberes que les asisten a nuestros ciclistas.

Evidentemente con este video no estamos ante un asunto aislado, se hace indispensable capacitar en seguridad vial y autorregulación a estos importantes actores de la vía, desestimular el uso de medios motorizados, educar desde la niñez, poner en práctica la cátedra de educación vial, establecida en nuestro país desde el año 2011, así como también articular entre las diferentes dependencias del estado acciones conjuntas, en pro de la preservación de la vida del ciclista, e implementar incentivos atractivos y verdaderos a quienes se desplacen en las vías a través de la bicicleta, como también incentivar a aquellas empresas que usan en el giro ordinario de sus negocios, la bicicleta como medio de transporte, no sin antes precisar que el primer cambio debe venir por cada uno de nosotros.

¡Que no se nos vuelva paisaje cuidar el don preciado de la vida!

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el inicio del año nuevo, caracterizado por la celebración de fiestas patronales en municipios del Caribe y Córdoba; es necesario hacer una reflexión sobre estas tradiciones que representan las manifestaciones culturales; en particular, las fiestas de corraleja. Los municipios de Córdoba realizan estas fiestas.

Dicho festejo se centra en soltar al ruedo, toros a la plaza para que estos persigan a quienes los enfrentan. Es un escenario acompañado de bandas folclóricas que entonan la popular música de porro y miles de personas abarrotadas en las improvisadas y frágiles graderías de madera.

En esto consiste el festejo, suceso que representa el enfrentamiento humano-animal; donde ambos se vulneran a través del dolor y muerte. Estas fiestas de corralejas representan la cultura del consumismo, que no genera conciencia social, como ejercicio racional.

Asistir a un espectáculo donde se transgreden los derechos de los animales, expone la vida humana en presencia de un tumulto de personas que con furor celebran este acontecimiento.

Esta acción brutal e inhumana es un claro ejemplo de un culto que hace apología a la barbarie; legitimado en nombre de la cultura. El contexto social donde se ha sostenido esta tradición cultural es comparable en gran medida, con el Circo romano; recordemos que, este era uno de los espacios recreativos que brindaban para el entretenimiento del pueblo; no como un lujo, sino como un derecho de los ciudadanos de Roma; pero a la vez, era la forma como los mantenían distraídos y al margen de los asuntos esenciales del Estado; escenario, donde los políticos poderosos competían para evidenciar poder a través de todo tipo de excesos y extravagancias.

Aunque, en las corralejas compiten las ganaderías para ver quién tiene los toros más bravos; lo que se mide con el número de muertes que deja la fiesta. En este orden, para los mandatarios romanos, esta era una buena estrategia con el fin de mantener a la población conforme, domesticada e irreflexiva; como bien lo expresó el poeta satírico, Juvenal “Pan y circo”; que nos indica, que gran parte de la población solo necesita cubrir sus necesidades primarias y divertirse. Las fiestas de corraleja no pueden seguir repitiendo, la lógica del Circo romano; utilizada para control y adormecimiento social.

Necesitamos la cultura como cultivo de pensamiento, progreso, desarrollo y bienestar social.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), radicado por el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, como hoja de ruta durante su cuatrienio, se convierte en un documento indispensable, en el cual se condensa la visión política del Gobierno Nacional en materia social y de desarrollo estructural y financiero, además de establecer los lineamientos para el crecimiento y el desarrollo del país.

Para tal efecto, contempla un presupuesto de $1.154 billones para invertir en ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia social y la paz total. Ejes del plan, que debemos alinear, entonces, con nuestro Plan de Desarrollo, concebido desde el Gobierno de la Gente con las comunidades.

Hacemos ingentes esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en las regiones. Por este propósito en Montería reforzamos la lucha contra la criminalidad, lo que se ve reflejado en las cifras que nos ubican como la capital del Caribe más segura. Resultados logrados gracias al trabajo mancomunado entre nuestro gobierno, la Policía Metropolitana, la Brigada XI del Ejército y la Fiscalía, además de la inversión sin precedentes que hemos realizado para una mejor operatividad de nuestra Fuerza Pública.

En materia de seguridad ciudadana, transitamos en la misma dirección con el Gobierno Nacional, por lo que se hace necesario dar continuidad a los procesos de diálogo permanente entre las diferentes instituciones, para de esta manera conseguir la apropiación de recursos que contribuyan a la adquisición de más tecnología, para reforzar patrullajes y operativos direccionados a reducir el rango de acción de la delincuencia común y la organizada.

Fundamental resultó el diálogo vinculante realizado en Montería para la construcción de este PND, en el que varias de nuestras iniciativas planteadas fueron de buen recibo y están incluidas a lo largo de los diferentes componentes transversales y líneas estratégicas de inversión, que se harán en el Caribe.

Proyectos y propuestas que, además de incluirse como modelos para las demás regiones, estamos trabajando conjuntamente con el nivel central y en los que se han logrado avances significativos. Es el caso de la estructuración de proyectos de acueductos rurales y programas de autoconstrucción de vivienda.

Coincidimos con el Gobierno Nacional en esa visión que le apunta a la educación como herramienta fundamental para fortalecer los cimientos de un mejor futuro. En el Gobierno de la Gente lo tenemos claro y le hemos apostado a una gran revolución educativa, durante 2023, iniciando con ese gran sueño que hoy estamos volviendo una realidad, la Universidad del Sur.

La seguridad alimentaria es otro de los componentes trascendentales del PND, por lo que se ha hecho especial énfasis en el derecho humano a la alimentación. Es aquí donde Montería jugará un papel indispensable en la puesta en marcha de la propuesta Hambre Cero, con la que buscamos que el municipio sea una de las más importantes despensas del Caribe y el país. Además de convertirse en un programa de apoyo a nuestros campesinos, con el objetivo de garantizarles la comercialización de sus productos a precios justos y estables.

Debemos hacer énfasis en que, con nuestro Plan de Desarrollo, tuvimos la voluntad política y presupuestal para tener un nuevo POT tras 22 años sin ser actualizado. Esto nos abre un gran abanico de posibilidades para atraer inversionistas y para desarrollar proyectos de espacios verdes y sostenibles, acordes con el impulso de territorios más humanos con hábitats integrales; en lo que también hemos avanzado significativamente, con la visión de Ciudades de 15 Minutos y la intervención de 140.309 m2 de parques, 21 de esos parques son nuevos y 25, mejorados.

Una de las grandes preocupaciones del Caribe tiene que ver con la justicia tarifaria del servicio de energía. Observamos que en el componente de Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática hay una destinación de $114 billones. Insistimos en la necesidad de que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y de ese rubro destine un porcentaje con el que se asuman varias inversiones y el componente de las pérdidas técnicas y no técnicas.

El compromiso con los monterianos no tiene límite. Estamos en la obligación de hacer lo necesario para seguir consolidando la Montería Grande que construimos para todos, por lo que es de suma importancia alinear nuestro plan de desarrollo, que tiene como foco la gente, con el PND, que también tiene un alto componente dirigido a la humanización. Unificación pertinente y conveniente para la región, en la que desarrollaremos los puntos en común de ambos planes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los monterianos.

 

La literatura del fallo se presta para varias interpretaciones, pero en realidad lo que ordena es que la medida de ingeniería que se utilice en la construcción de la variante sea la menos impactante.

 

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, para algunos expertos queda claro que la variante Lorica se debe construir por la margen izquierda debido a que significaría menor daño ambiental, menor costo y tiempo, y mayor desarrollo socioeconómico.

 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

 

@marchenojob

 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, acaba de emitir un fallo referente a la variante de Lorica. De esos pronunciamientos que acaparan la atención de toda una región, porque el mismo definía la suerte de un trazado que impacta de manera preponderante el tránsito por Lorica y el bajo Sinú. La movilidad de vehículos pesados por Lorica tiene colapsada su precaria infraestructura vial y de paso afecta la calidad de vida de sus habitantes.

 

Tras conocerse el fallo hay muchas interpretaciones jurídicas que no terminan de destrabar la construcción y trazado de la variante.

 

¿Qué estudió el Consejo de estado?

 

La Sala decidió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA contra la sentencia del 12 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró la amenaza de los derechos colectivos invocados, tras una Acción Popular, presentada por el ciudadano Manuel Salvador Nule Rhenals, ante el Tribunal con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al goce de un ambiente sano presuntamente vulnerados por la ANLA, La Agencia Nacional de Infraestructura, La CVS, el municipio de Lorica y la Concesión Ruta al Mar-CORUMAR S.A.S.-8.

 

¿Qué ordena la sentencia del Consejo de Estado?

 

La literatura del fallo se presta para varias interpretaciones, pero en realidad lo que ordena es que la medida de ingeniería que se utilice en la construcción de la variante sea la menos impactante. En su análisis los magistrados no se meten con el trazado, y por eso no destraban la discusión si la misma debe ir por la margen derecha o izquierda, debido a que solo se refieren al método constructivo de ingeniería.

 

Hay algo bien importante que se debe tener presente, y es que ordena que cualquier figura que se utilice (método constructivo), se de bajo una nueva solicitud de sustracción de área protegida o licencia ambiental, respectivamente.

 

Cuando el fallo hace referencia a menos impactante, se refiere seguramente a un diseño de ingeniería que intervenga lo menos posible el humedal y en la medida de esas posibilidades sin uso de terraplenes. En otras palabras, ahí lo que procede, en caso de insistir en el trazado por la margen derecha (Propuesta Oriental Mejorada) es con la construcción de un viaducto, solo que el Consejo de Estado en su fallo, no se compromete a decir directamente que tiene que ser un viaducto, pero cuando se revisa la recomendación desde el punto de vista de ingeniería y dicen prácticamente que no se pueden usar terraplenes, entonces aplica un viaducto.

 

Para algunos el fallo revive el trazado de la variante por la margen izquierda.

 

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, para algunos expertos queda claro que la variante Lorica se debe construir por la margen izquierda debido a que significaría menor daño ambiental, menor costo y tiempo, y mayor desarrollo socioeconómico.

 

Aclaración del fallo.

 

Debido a que el fallo no se refiere al trazado, seguramente algunas de las partes van a pedir aclaración, porque tiene una ambigüedad en ese sentido, porque si el Consejo de Estado hubiese tomado posición sobre el trazado, entonces no habría más dudas técnicas, sin embrago el problema es que no lo hizo y entonces se presta para diferentes interpretaciones.

 

El Fallo.

 

“[…] SEGUNDO: En consecuencia, y en aras de evitar que se materialice la amenaza a los derechos colectivos involucrados ORDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en calidad de concedente del contrato de concesión 016 de 2015, y al concesionario, Concesión Ruta al Mar SAS CORUMAR SAS, para que en el diseño vial a ejecutar en la unidad funcional 7.1, denominada construcción Variante Lorica, se empleen tecnologías y técnicas de construcción que garanticen que el impacto ambiental a generar sea el mínimo posible, garantizando la preservación de los componentes señalados en la parte motiva, evitando de ser posible el uso de terraplenes, y que se implementen las medidas de manejo, de mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales que se generen con la obra, conforme se expuso en la parte considerativa de esta providencia […]”.

 

“[…] TERCERO: Ordénese a la Corporación Autónoma de los Valle del Sinú y del San Jorge CVS y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, que para otorgar la sustracción definitiva del DMRI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, como de la licencia ambiental, a su cargo, se cercioren que el diseño vial a ejecutar en la unidad funcional 7.1, denominada, como construcción Variante Lorica sea el que cause el menor impacto ambiental permitido sobre los recursos naturales del ecosistema a intervenir, garantizando la preservación de los componentes señalados en la parte motiva, evitando de ser posible el uso de terraplenes y que se implementen las medidas de manejo, de mitigación y de control requeridas por los impactos ambientales que se generen con la obra, conforme se expuso en la parte considerativa de esta providencia. En todo caso, el cumplimiento de la presente orden está supeditado a la presentación de nuevas solicitudes de sustracción de área protegida o licencia ambiental, respectivamente […].

 

QUINTO: ORDENAR la conformación de un comité integrado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, quien lo presidirá, un representante de la parte demandante, el Defensor Regional del Pueblo, de la Concesión Ruta al Mar SAS – CORUMAR SAS, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la Corporación Autónoma Regional de los Valle del Sinú y San Jorge – CVS, del Municipio de Santa Cruz de Lorica y el Ministerio Público, el cual iniciará una vez quede ejecutoriada la presencia providencia, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la aquí órdenes dadas y una vez se tenga conocimiento de la culminación de la obra, para verificar que se adelantaron las obras de mitigación y reversión de los posibles daños ambientales que pudieron ocasionarse con la construcción de la variante Lorica […]”.

 

 

 

“Crónica de un SETP anunciado y aplazado”.

Por:  Bernardo Grandett Durango.

Consultor en Transporte.

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 denominado “Estado Comunitario: desarrollo para todos” dio vida a la estrategia de «Ciudades Inteligentes» con la cual se buscaba mejorar la prestación del servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias. Mientras esa estrategia se materializaba en 2009 en un Decreto Reglamentario,  se desarrollaron los comicios electorales de 2007 para Alcaldía, y un nuevo grupo de interés se hacía visible,  los «mototaxistas», y encontraron espacio en las campañas, dónde les prometían «no ser excluyentes y dejarlos trabajar», por otra parte, otro gremio, los transportadores del servicio público colectivo, tocaban puertas en el gobierno nacional para que se tuviera a Montería como una de las ciudades beneficiarias de la implementación de los SETP.

Una vez dieron luz verde a la ciudad, el gremio transportador inició la labor de persuadir al gobierno local, recién elegido, para que se alineara con el nacional y aprobara los recursos, que correspondían al 30% de lo presupuestado para darle vida a la estrategia. Hubo que prenderle velas a la virgen del Carmen, pero una vez comprendieron que se trataban de grandes inversiones, se apropiaron del proyecto, tal vez motivados por que el mayor componente de la implementación del SETP correspondía a obras civiles en vías, andenes, paraderos y sedes, que   cambiarían la cara a la cuidad, y así fue. Muchas obras de pavimentación se realizaron dentro de las infraestructuras requeridas para el SETP, se renovaron vías céntricas, de barrios populares y se inauguraron tramos nuevos que ampliaron la red vial urbana.

Un componente no contó con la misma dinámica, el de la «restructuración del servicio».

Los transportadores realizaron esfuerzos para procurar estar a punto con los nuevos requerimientos que les traería el SETP, sistemas de recaudo centralizado con medio de pago electrónico, sistemas de gestión de flota que programan técnicamente el servicio de rutas y permite seguimiento en línea con GPS, realizaron reorganización de las empresas para formalizar la vinculación de empleados y unificar la gestión de la prestación del servicio y el mantenimiento de la flota. Toda una apuesta empresarial y de confianza en la ciudad.

Los estudios técnicos se actualizaron en 2019, y los resultados decían que la sostenibilidad de la operación del servicio de transporte bajo condiciones SETP, significaba un esfuerzo financiero importante para la administración local, ¿por qué? Sencillamente porque durante los ya 10 años que se dejaron pasar para la restructuración del servicio de transporte, se profundizaron las problemáticas de movilidad que se pretenden mitigar con el SETP, la informalidad, la falta de cobertura, y la mejora de la calidad en la oferta del servicio. Entonces había que tomarse otro tiempito, para ver de dónde se podían obtener los recursos.

Y se vino la pandemia, y el servicio de transporte público fue una de las actividades más afectadas por las restricciones que se establecieron para el distanciamiento y la movilidad de las personas, disminuyendo la demanda del servicio a niveles jamás considerados en cualquier escenario previsto. ¿Y el SEPT?  ¿Y la Alcaldía como garante del servicio?, ¿Y el gobierno nacional? Todos se cobijaron con la conmoción que generó el covid-19, mientras las finanzas de las empresas de transporte público tocaron fondo.

Hoy, la administración municipal actual ha dado anuncios de querer dar los pasos que hacen falta para la reorganización del servicio e iniciar la operación bajo el modelo SETP.  Hoy las condiciones de movilidad de la ciudad volvieron a cambiar, la dinámica económica vuelve a niveles prepandemia, y en la ciudad urge el fortalecimiento del servicio público de transporte, debido a que la informalidad tomó ventajas, porque entre otros aspectos hay zonas sin servicio y la movilidad de la ciudad colapsa en múltiples puntos en horas pico.

La ciudad necesita que los anuncios se concreten, que no se dé más largas, que la voluntad política se materialice en los actos administrativos que faltan para la reorganización e inicio de operación del SETP, que se replanteen rutas ampliando la cobertura, que se mejoren los tiempos de desplazamiento y frecuencia de la oferta de servicio, se renueve la flota y, ¿por qué no?, que se mejoren las condiciones de acceso para aquellas comunidades que requieren el apoyo de la administración municipal y hasta departamental: estudiantes, adultos mayores o personas de escasos recursos. La virgen interceda nuevamente para que así sea.

 

 

Por: Giovanni Argel Fuentes

El Fondo Monetario  Internacional (FMI), presentó recientemente las tasas de crecimiento interanual a nivel mundial. Para el caso de América Latina y el Caribe, el PIB, caerá al pasar de 3.9% en 2022 al 1.8% en 2023. Igualmente, se experimentará un leve crecimiento hasta ubicarse en 2.1% para 2024.

Colombia, que tuvo un crecimiento del PIB para 2022 ubicándose en 3.8%, para 2023, se estima cerrará en 2.7%, con desaceleracones de 1 3%.

Se estima que el PIB del país se recuperaría en 2,8%, para 2024.

Lo anterior responde al ciclo recesivo que se vivirá durante 2023 y parte de 2024. Por ello, una elevada inflación, tasas de interés crecientes, reducción de la inversión e interrupciones causadas por la invasión rusa de Ucrania, la volatilidad de los precios del petróleo y las variaciones interdependientes de la tasa de cambio en la región y el país (Colombia); provocarán la extensión de la recesión económica, para el segundo semestre de 2023.

A prepararse para el desahorro, la contracción de la demanda y la inestabilidad social que se avecina.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado lunes 30 de enero del presente año, en la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba y con presencia de los principales lideres del partido político Unión Patriótica (UP), en esta región del país; sobrevivientes de su exterminio; y defensores de los Derechos Humanos, que simbolizan la resistencia, dignidad y perseverancia; en busca de la justica y verdad; que tarde, pero llegó. Por medio virtuales, escucharon como la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) hizo lectura del fallo sobre casos de integrantes y militantes de la Unión Patriótica y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes de la (UP) a partir de 1984 y por más de veinte años.

La comisión calificó estos hechos como un exterminio y consideró que el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de garantías, por las privaciones del derecho a la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, desplazamiento forzado y tentativas de homicidio. Asimismo, determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial por la alegada criminalización y torturas. Además, concluyó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, puesto que el móvil de las alegadas violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las presuntas víctimas a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este. También, estimó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y militantes de la (UP) puesto que estos habrían sido estigmatizados
tanto por agentes estatales como por actores no estatales. Del mismo modo, determinó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y, protección judicial, y el deber de investigar las alegadas graves violaciones de derechos humanos ocurridas.

Este fallo de la justicia internacional contra el estado colombiano, evidencia la responsabilidad por acción y/o omisión estatal; por no garantizar sus fines esenciales y fundamentales; y con ello, convirtieron la democracia en una especie de campo de concentración; donde se asesinaba y desaparecía a los militantes de un partido político de izquierda; de distintas formas y métodos; era una herejía que se pagaba con la propia vida; pensar y tener militancia en una concepción política distinta a la dominante; todo un genocidio político, frente a la indiferencia del estado y la sociedad; todo un régimen del terror, fundamentado en la doctrina de la seguridad nacional y su concepción del enemigo interno.

Este fallo de la CIDH, representa verdad, justicia y reparación para un partido político exterminado; que durante 30 años, busco a través de la justicia internacional el reconocimiento y responsabilidad del estado colombiano. Pero el contenido del fallo de la CIDH, debe ser conocido por la sociedad colombiana y especialmente por las presentes generaciones; alrededor de los que no puede volver a pasar en Colombia. Con el exterminio de la UP, se extinguió una generación de hombres y mujeres; en su mayoría jóvenes que soñaban y lideraban la construcción de una sociedad justa; lo intentaron hacer desde el escenario democrático y el debate político; pero enfrentados a un sistema político rígido, piramidal y excluyente; que ha hecho de
la violencia y la muerte su mecanismo de exclusión y negación de la diferencia.

El mensaje de este fallo es justicia y no repetición; necesitamos un sistema democrático centrado en la convivencia plural y diversa, donde la única violencia permitida sea la del mejor argumento.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Sin duda alguna, el planeta está atravesando por un periodo caracterizado por la demanda masiva y sostenible de recursos que preserven el ecosistema. Hoy más que nunca la humanidad, como un imperativo categórico, tiene que tomar conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente. La contaminación del agua, el suelo y la atmósfera, así como la pérdida del habitat de innumerables especies, penden como una espada de Damocles sobre el futuro de la vida en el planeta.

Desde el Gobierno de la Gente hemos establecido un conjunto de estrategias y lineamentos encaminados a la planeación, protección, control y regulación del uso de los recursos naturales, para prevenir y solucionar las necesidades y problemáticas medioambientales, mejorando de esta manera la calidad de vida de nuestra ciudadanía.

Las cifras sobre contaminación a nivel global desde hace años han ido encendiendo las alarmas. Según el más reciente informe de Global Carbon Project, las emisiones de CO2 en 2022 fueron de 40.600 millones de toneladas. De seguir avanzando de esa manera, según nos advierte el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la temperatura podría aumentar hasta 1,5 grados centígrados, entre los años 2030 y 2052.

La calidad del aire no es la mejor. Según la ONU, el 99% de la población mundial respira aire contaminado, principal riesgo ambiental para la salud pública. Situación a la que se le debe agregar que, según el informe “Planeta Vivo 2022”, del World Wildlife Fund (WWF), las poblaciones de vida silvestre como mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios se han disminuido un 69%, desde 1970; los cuerpos de agua dulce se han reducido en un 83%, desde esa misma fecha, y los océanos están siendo afectados con 11 millones de toneladas de residuos plásticos que ingresan anualmente al mar.

Nuestro país no escapa a estas alarmantes cifras, la WWF indica que en los últimos 21 años la desforestación afectó más de 3 millones de hectáreas, la mitad de estas en la selva amazónica. Es imperativo que implementemos acciones.

Montería ha sido bendecida con una biodiversidad rica en especies de flora y fauna, las aguas del río Sinú y una tierra fértil y bondadosa, razón por la que en nuestra administración le hemos apostado a un desarrollo sostenible, en el cual el medio ambiente es parte fundamental. Trabajo que ha sido exaltado a nivel nacional, con el reconocimiento como la primera biodiverciudad del país y, a nivel internacional, con las medallas de adaptación y mitigación de la crisis climática, distinciones otorgadas por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM).

La esencia del Gobierno de la Gente es la participación de la ciudadanía, y estamos plenamente convencidos de que el desarrollo y el progreso que estamos consolidando en el municipio se debe a que hemos tomado atenta nota de lo que requieren en los barrios y corregimientos.

La ciudad tiene que evolucionar en temas de cultura ciudadana. Necesitamos fortalecer la conciencia colectiva, a través de actividades que estimulen la participación genuina de la gente. En ese sentido, además de todo lo relacionado con la reactivación económica, decidimos adelantar una Gran Jornada Ambiental por el cuidado del planeta, sin la necesidad de prohibir la movilidad para los vehículos y motocicletas, y apelando a la voluntad en vez de la restricción.

En esa jornada del pasado jueves se incentivó el uso de transportes alternativos y sostenibles, y llegamos a las nueve comunas de la ciudad con actividades de limpieza de parques, espacios públicos y canales; entrega de semillas y siembra de árboles; ferias ambientales y charlas y capacitaciones ecológicas a estudiantes. Esta iniciativa nos demostró que un gran número de monterianos están sintonizados y tienen la plena convicción que el cuidado del ambiente es responsabilidad de todos.

Flaco favor le hacemos al planeta tan solo decretando dos días al año de restricción de automotores. Por el contrario, necesitamos incentivar el reciclaje, el cuidado del agua y todo lo que sea para beneficio de nuestros entornos naturales, mediante más jornadas ecológicas durante el año. Así lograremos un verdadero impacto positivo en el cuidado del planeta, tesoro que tenemos que conservar, porque sin agua, sin aire y sin las bondades de la tierra no podemos existir.

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin

*Alcalde de Montería

La mujer es fuente de vida y de amor. Constituye el eje principal de la familia y es un bastión fundamental de la sociedad, gracias a su tenacidad, alegría, fortaleza intelectual y participación activa en el desarrollo social, político y económico del país.

Como sociedad no podemos permitir que queden en la impunidad el maltrato físico y psicológico en contra de las mujeres, el acoso laboral, los abusos sexuales o el feminicidio. Todos estamos en igualdad de condiciones sin importar el sexo, la raza, las creencias o la posición social y económica en la que estemos.

Como hijo, hermano, esposo y padre de tres hijas, me duele profundamente cada hecho en el cual una mujer es violentada, y sé que el colectivo ciudadano también lo siente así. Por este motivo hago el llamado, a través de estas líneas, para que todos los sectores, públicos y privados, nos unamos para reforzar las acciones y planes tendientes a acabar con la violencia en contra de la mujer, porque no queremos seguir lamentando víctimas.

Lastimosamente, hay ciertas fisuras psicológicas y mentales, por parte de unos pocos que mantienen una errada convicción en cuanto a la existencia de un poder dominante de los hombres sobre las mujeres. Desde el Gobierno de la Gente concentramos nuestros esfuerzos para dejar atrás esas concepciones machistas que tanto daño le han hecho a la sociedad y es por ello que les damos el realce que se merecen, porque confiamos en sus propuestas y capacidades.

Casos como el de María Angélica Valencia, brutalmente asesinada en Los Garzones, o el de la joven DJ Valentina Trespalacios, en Bogotá, son aberrantes y abominables. Sobre estos criminales y desequilibrados mentales, así como sobre cualquier otro maltratador, abusador o feminicida, tiene que caer todo el peso de la ley.

Gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno de la Gente, la Policía Metropolitana, el Ejército y la Fiscalía se han logrado estructurar líneas de investigación muy sólidas con las que se han esclarecido los cuatro casos de feminicidio que se registraron el año anterior. Siendo la captura del confeso feminicida de María Angélica, el resultado más reciente, luego de poner en marcha un gran operativo con la utilización de tecnología de última generación.

En el Gobierno de la Gente hemos multiplicado los esfuerzos para brindar seguridad y salvaguardar la vida de las mujeres. Y hemos obtenido resultados satisfactorios como la disminución del delito de violencia intrafamiliar en un 28%, durante 2022, y más del 65% en lo corrido de este año. Así mismo, lo hemos logrado con los delitos sexuales, que se redujeron el 33% en la vigencia anterior y el 100% en este primer mes de 2023.

A lo que sumamos, que a nivel del Caribe somos la ciudad capital más segura, registrando los menores índices de homicidios por cada 100.000 habitantes con un 21,4% de incidencia durante 2022, ubicándonos en el puesto 18 a nivel nacional, y logrando disminuir en más del 90% la ocurrencia de homicidios durante lo corrido del año.

Más allá de estas positivas cifras, tenemos que decir que no solo se trata de números, porque el indicador ideal es cero; se trata de historias y hechos que generan sufrimiento a las mujeres agredidas, a quienes debemos prestar toda nuestra atención.

Hemos conformado el Comité Científico de Salud Mental, del que se desprende la estrategia transversal “Prevenir para vivir sanamente”, la que trabajamos con Asocapitales con el propósito de lograr objetivos y trazar metas conjuntas que beneficien a las regiones, y a la que pueden acudir las monterianas víctimas de abusos o maltratos, a quienes invitamos a perder el miedo de pedir ayuda o denunciar, para lo que tienen a su disposición la Casa de Justicia o la Comisaría de Familia, donde adelantamos un magnífico trabajo, con el que se han obtenido resultados positivos en cuanto a la protección de los derechos y la integridad de la mujer.

No pararemos nuestro esfuerzo y decidido trabajo de unirnos como sociedad para entender la importancia del respeto entre todos, especialmente hacia la mujer. Ser maravilloso, especial y lleno de luz.

 

Desde la elección del Cacique Mayor, se desató un carrusel de demandas y consultas ante diferentes escenarios judiciales, y del Ministerio del Interior, que tienen paralizados los programas sociales de esta población indígena del pueblo Zenú en Córdoba y Sucre. Como si fuera poco, no han faltado las amenazas y los atentados.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza
@marchenojob
En los pueblos indígenas de Córdoba y Sucre hay hambre, miseria y desolación, al tiempo que por las cuentas bancarias de las autoridades administrativas corren millonarios recursos que transfiere el gobierno nacional para atender los programas sociales de esa población. Las mansiones de los caciques contrastan con las humildes viviendas de las comunidades que ellos representan.
Para algunos líderes de esa población las inversiones del Resguardo Indígena Zenú en esos territorios son pañitos de agua tibia, un placebo para combatir pobreza y desnutrición. Sobre el manejo de estos recursos hay un rosario de denuncias en los organismos de control y la Fiscalía sin resultados contundentes.
El “pulso a muerte” en la elección del Cacique Indígena Zenú
El 12 de noviembre del 2021, previo a la elección del Cacique Gobernador para Sucre y Córdoba, el 28 de noviembre de ese año, el periódico El Tiempo publicó una denuncia que en su momento debió detonar el proceso de elección que venía en camino: “A $ 2 millones compran voto para elegir a indígenas”. En plata blanca quería decir esto que se estaba fraguando una compra de votos a dos millones de pesos por cada nativo, para la elección del Cacique Mayor Indígena (el que maneja el lapicero y orienta las millonadas de recursos que transfiere de forma juiciosa el gobierno nacional).
Según la publicación que replicaron medios locales, indígenas de la etnia Zenú en San Antonio de Palmito, en Sucre, denunciaron la compra de votos hasta por dos millones de pesos para elegir a los miembros del Cabildo Mayor, incluido el Cacique para Sucre y Córdoba. “Nosotros los indígenas nos volvimos corruptos, elegir a un miembro del Cabildo Mayor está peor que escoger a un alcalde”: la voz de alerta y la denuncia fue lanzada en el mencionado municipio durante la elección del secretario del Cabildo Gobernador Indígena.
El carrusel de demandas que tiene acéfala la administración del Resguardo Indígena Zenú
En medio de muchas controversias y señalamientos, como compra de votos e inhabilidades de algunos delegados para ejercer el derecho a elegir, Eder Espitia Estrada, ganó la elección por tres votos, como Cacique Mayor del Resguardo Zenú. Sin embargo, ante impugnación que presentó Elemín Terán Castillo (segundo en la votación), el Consejo Supremo de Justicia Propia del Pueblo Zenú, declaró ilegal la elección de Espitia Estrada, al anular 4 votos, y a su vez, otorgó el triunfo a Elemín Terán Castillo (pero la euforia le duró poco).
Desde entonces se desató un carrusel de demandas y consultas antes diferentes instancias judiciales y el Ministerio del Interior, que tienen paralizados los programas sociales de esta población indígena del pueblo Zenú en Sucre y Córdoba.
Dos caciques señalados, acusados y expulsados por las autoridades tradicionales del pueblo Zenú
El 31 de enero de 2022, los Abuelos Sabedores del Pueblo Zenú, en su condición de autoridades tradicionales del Resguardo Indígena, y tras analizar las consecuencias que ha traído para la población aborigen las faltas cometidas por Eder Espitia Estrada, decidió expulsarlo del territorio y ordenó a la guardia indígena la captura de éste.
La autoridad indígena sostuvo que Eder Espitia ha gobernado por más de 12 años como Cacique Mayor del Pueblo Zenú, mediante un sistema de elección creado por él, contario a los intereses del pueblo Zenú, a la libre determinación, autonomía y participación (Ley de Gobierno propio del pueblo Zenú). Además, ha cometido presuntos actos de corrupción.
El 16 de marzo de 2022 el Tribunal Indígena derrocó al cacique Eder Espitia, quedando acéfala la autoridad administrativa del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú Córdoba-Sucre.
El 30 de julio de 2022 Los Abuelos Sabedores del Pueblo Zenú, acordó también expulsar del territorio por 10 años a Elemín Terán Castillo, quien había obtenido la segunda votación durante la elección del Cacique Gobernador del Pueblo Zenú.
Consideró la justicia propia del pueblo Zenú, que Terán Castillo violó la Autonomía y Autodeterminación al no acatar las decisiones tomadas por la colectividad del Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre, causando desarmonía, desequilibrio y fraccionamiento entre autoridades del Resguardo.
Capturas y acusaciones por la justicia ordinaria
Eder Espitia Estrada, fue capturado el 9 de junio de 2022, cuando se encontraba en un Centro Comercial de Montería. Su detención se dio por petición de la Justicia Especial Indígena que solicitó acompañamiento en el procedimiento judicial al CTI de la Fiscalía. La acción se dio por un mandato del Pueblo Indígena Zenú, emanada por los Abuelos Sabedores, en su condición de autoridades tradicionales. El 17 de junio de 2022, tras ocho días de permanecer detenido en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, Espitia fue dejado en libertad. La justicia ordinaria no tenía nada en su contra.
El cogobierno de dos caciques que no aceptan la mayoría de la comunidad indígena
Ante tanta disputas y amenazas, en una asamblea donde participaron seguidores de Elemin Terán y Eder Espitia, se decidió que el Resguardo de Indígenas Zenú San Andrés de Sotavento que rige para Córdoba y Sucre, tendría por primera vez un gobierno conjunto, es decir dos caciques.
Es algo así como si dos candidatos disputan una Alcaldía y terminan casi empatados. Entonces se ponen de acuerdo y se “reparten la marrana”, o el presupuesto (contratos para amigos de ambos).
Debo destacar que dicho acuerdo contó con el visto bueno del Ministerio del Interior, a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y la Igualdad del Derecho que los motivó a que se buscaran acuerdos y una solución interna (apuesta sana). El resultado de esta gestión fue el “Acuerdo Político Organizativo para la Armonización, Terminación del Conflicto Electoral, Ejercicio de la Autonomía y Gobierno Propio”.
Todo un nombre sacado de una historia llena de retórica y fantasía porque al final los dos caciques en mención obedecerían a grupos poderosos que los ayudaron a obtener la votación registrada en la fallida elección.
Entra en escena, Miguel Ramos: ¿El cacique redentor o el Guaidó indígena?
Para terminar de enredar más este berenjenal, irrumpió en la escena el cacique Miguel Ramos, quien es para algunos el verdadero redentor de la causa indígena (dicen que tiene las mayorías y que sería el seguro triunfador en un sistema de elección más abierto donde participe el conjunto de la población indígena), y para otros es algo así como un Guaidó indígena (tras considerar que se autoeligió Cacique Mayor, sin someterse a un proceso de elección).
Miguel Ramos y su gente permanecen en la sede administrativa del Resguardo Indígena (a esas instalaciones le dicen el ‘Palomo Blanco’), ubicada entre Tuchín y San Andrés de Sotavento. A la fuerza, “como en las películas del oeste”, los seguidores de Eder Espitia y Elemin Terán han tratado de recuperar el control de la edificación en mención.
Algo que está demostrado es que Miguel Ramos tiene pueblo. La madrugada del sábado 21 de enero hombres fuertemente armados habrían intentado secuestrarlo, cuando los sujetos entraron de manera ilegal al Centro Administrativo del Resguardo Indígena (no lograron su propósito). La acción se habría dado previo a una reunión de Miguel Ramos y sus seguidores con la viceministra del Interior para el Diálogo Social, Lilia Solano y el director de Asuntos Indígenas, Germán Carlosama, donde se pretendía abordar temas relacionados con corrupción al interior del Resguardo.
Al cierre de esta columna la reunión no se había realizado. Me surge un interrogante: ¿Cómo sacar del limbo jurídico la elección del Cacique Gobernador del Resguardo Indígena Zenú? Eso es urgente porque los recursos para adelantar programas dirigidos a esa población están congelados, mientras se define la autoridad administrativa del Resguardo.