Categoría: Opinión

*Por Carlos Ordosgoitia
Alcalde de Montería

Un gobierno de la gente es un gobierno de la igualdad. Por eso, hemos puesto nuestros esfuerzos en que la inversión social nos permita cerrar brechas históricas y equilibrar la cancha de las oportunidades. La zona rural es clave para el crecimiento económico de las ciudades y en ella hemos puesto nuestros ojos, redoblando esfuerzos para generar progreso y oportunidades dejando atrás el rezago en que la encontramos.

Montería es una de las ciudades capitales con mayor población rural, la cuarta parte de sus habitantes residen en el campo, campo con un enorme potencial. Somos una ciudad con unas condiciones climáticas privilegiadas, una tierra fértil que se ha convertido en la gran despensa del país.

No hemos descansado ni un solo día en realizar gestiones ante el Gobierno Nacional para lograr incrementar la inversión en el campo, más allá de los recursos del presupuesto del municipio. Tocando puertas y presentando nuestros proyectos hemos recibido el espaldarazo para la gran inversión que hemos consolidado en los dos últimos años en infraestructura vial, vivienda, educación, servicios y proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Un claro ejemplo, es lo que venimos desarrollando en el corregimiento de Santa Clara, una zona altamente productiva que requiere mejorar sus vías para que los productores no sigan sufriendo en el transporte de sus productos. En los próximos días comenzaremos la intervención de 2.85 Km de placa huella con una inversión de 6 mil 700 millones de pesos. Los habitantes de Santa Clara también tendrán servicio de gas domiciliario y el desarrollo de tecnologías en unidades productivas de plátano.

Se necesita infraestructura tanto para la cadena de valor alimentaria como para conectarlo con la zona urbana. Es por ello, que a la fecha están garantizados 45 km de vías rurales pavimentadas, con una inversión de 109 mil 400 millones de pesos, de los que 50 mil 689 millones fueron destinados para 21,65 km en el mejoramiento de la vía que intercomunica a Montería con Jaraquiel, Martinica y Leticia.

Terminamos la construcción de placa huella en los corregimientos de San Anterito y Guateque e iniciaremos en el Km 12, Jaraquiel, Maracayo, El Corozo, Bijagual, Sierrachiquita, Los Pericos y Santa Lucía (Las Cruces) hacia San Felipe.

Hay muchos logros que hoy nos llenan de satisfacción y tranquilidad. Uno de ellos la construcción del Puente sobre la quebrada El Balsal que, producto de nuestra gestión ante INVÍAS, lo construiremos y lograremos conectar nuevamente a Montería con Loma Verde sin vivir el suplicio que tienen los habitantes por la falta de infraestructura.
Y qué decir de la decisión de comprar el banco de Maquinaria Amarilla. Llevamos mejorados en solo 8 meses 150 km de vías rurales, mientras que, anteriormente, duraron 4 años para mejorar 250 km.

Como región productora de leche nos enfocamos en mejorar la competitividad de los pequeños productores, gracias al convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en los corregimientos de Leticia, Tres Piedras y Nueva Lucía con una inversión de 1.068 millones de pesos para la implementación de alternativas tecnológicas.

Otro de los proyectos que nos genera satisfacción es saber que, en poco tiempo, 3 mil familias de menores ingresos de Arenal, Boca de La Ceiba, Besito Volao, Patio Bonito, Caño Viejo Palotal, El Cerrito, El Vidrial, Santa Clara, Pueblo Seco, San Anterito, Santa Lucia, Km 12 y Los Pericos, reemplazarán el tradicional fogón de leña por gas domiciliario.

A tono con la sostenibilidad ambiental, también iniciaremos la implementación de paneles solares en las instituciones educativas y centros de salud de la zona rural. En este mes iniciamos la licitación por 5 mil 527 millones de pesos para beneficiar a los colegios en Santa Lucía, El Sabanal, Los Garzones, Pueblo Bujo, Patio Bonito y La Manta, proyecto con el que lograremos un 56% de ahorro y modernización de la iluminación con la generación de energía solar.

Seguiremos gestionando más inversión por el bienestar de los habitantes del sector rural y la productividad de la región. No sólo Colombia necesita que Montería produzca, muchas partes del mundo están esperando nuestra oferta agrícola por lo que queremos convertirnos en el centro de servicios agropecuarios más importante, y por eso, debemos generar conocimientos y mejorar la conectividad, pensando en un desarrollo agrícola con vocación exportadora con valor agregado.

Por Carlos Eduardo Correa*

El agua residual tratada pasa de ser un residuo a un recurso, recurso que, además de representar una disminución de costos en el sector productivo, representa menor presión sobre las fuentes hídricas y un aprovechamiento eficiente.

Colombia es de los pocos países con una norma para el reúso y recirculación de aguas residuales, lo que nos pone a la vanguardia a nivel global en acciones concretas para la protección del agua como un recurso vital para la supervivencia en el planeta.

Esta nueva norma, la resolución 1256 de 2021, que hace parte de ese marco normativo moderno que hemos venido consolidando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, amplía los usos del agua residual en los sectores agrícola e industrial.

La posibilidad de reusar el agua es también una solución a problemas que se presentan en regiones y sectores, como el de la agricultura, que podrá asegurar el agua para los distritos de riego en cualquier cultivo todo el año; así, la temporada seca de estos primeros meses ya no será un problema si logran optimizar y sacar el mayor provecho a esta normativa.

Según el Ideam, en Colombia se utilizan 16.000 millones de metros cúbicos de agua al año en el sector agrícola. Pretendemos que esta demanda de fuente primaria (natural) disminuya, al hacer uso de la nueva fuente de abastecimiento (agua residual tratada); así damos un gran paso como país en la aplicación de la Estrategia de Economía Circular.

Otro impacto positivo se dará en el mantenimiento de zonas verdes y espacios públicos en ciudades y municipios, donde a veces los gobernantes afrontan dificultades por la escasez de agua.

En el sector industrial, uno de los beneficios más importantes es la recirculación: usar el agua residual en procesos de la empresa. Por ejemplo, hoy una termoeléctrica que extrae agua de la fuente puede usar aguas residuales para enfriar sus equipos y luego la puede recircular en otras actividades, es decir, también se disminuyen los vertimientos a los cuerpos de agua, lo que se traduce en menos costos ambientales y económicos, porque se generan beneficios en el pago de la tasa retributiva. La recirculación se aplica sin autorización o concesión de la autoridad ambiental, que sí aplica en el reúso.

¡Estamos cuidando el agua! Avanzamos en acciones concretas de protección y mayor aprovechamiento, y logramos que el país asuma un liderazgo, como cuando aumentamos la ambición de reducción de emisiones de gases a 2030, pasando del 20 % al 51 %.

Ahora llevaremos esta información al territorio a través de Savia, nuestra Escuela Nacional de Formación Ambiental: pedagogía para hacer que sucedan las cosas. Así mismo, nuestras autoridades ambientales deben implementar esta norma y capacitar al usuario del recurso hídrico.

Destaco el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Andi en este proceso, grandes aliados también de la Ley de Acción Climática, que plantea acciones para la protección de páramos y el agua. La responsabilidad es de todos.

* Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por: Jairo Torres Oviedo

Mencionar el sur del Departamento de Córdoba implica hacer referencia a una región geográfica conformada por los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelibano y San José de Uré; territorio geográfico marcado históricamente por el abandono estatal. Esta subregión cuenta con inmensas riquezas naturales reconocida por su biodiversidad, su posición estratégica y la variedad de sus recursos que contrasta con la pobreza de las condiciones de vida de sus habitantes y la violencia que ha marcado el pasado y presente. Paradójicamente, la posición estratégica no ha permitido superar su aislamiento geográfico, las características selváticas, la riqueza hídrica y los diferentes pisos térmicos que posee, aunado a que es una zona de colonización reciente y con escasa presencia del Estado, favoreció en la década de los sesenta, la llegada de diferentes grupos al margen de la ley y, con ello, el conflicto armado en todas sus dimensiones. A finales de los ochenta, con la aparición de los cultivos ilícitos, se produce un fuerte impacto ambiental y social sobre este territorio con alta fragilidad. Teniendo en cuenta que el 60% de los bosques húmedos tropicales del Departamento se localizan en la subregión Alto Sinú; de igual manera, allí se localiza el Parque Natural, Nudo de Paramillo; un territorio de 504.000 hectáreas con riqueza hídrica; donde nacen los ríos: San Jorge, Sinú, Manso, Esmeralda, Verde y un sinnúmero de quebradas, considerado una estrella fluvial y fábrica de agua que abastece la mayoría de los municipios del Departamento. Asimismo, Tierralta y Valencia forman parte de la reserva forestal Pacífico.

Esta riqueza ambiental contrasta con los indicadores socioeconómicos de pobladores de la región que revelan las necesidades básicas insatisfechas; de acuerdo con datos del DANE, se encuentran por encima del promedio nacional (27,7 %), regional (47,2 %) y departamental (59,1 %). En pobreza multidimensional representan más del doble del promedio nacional (26,9), departamental (45,8), y el empleo informal supera el 90 %. La informalidad en la tenencia de la tierra supera el 75 %, que evidencia formas precarias de vida en la población. Lo anterior, corrobora la ausencia de un Estado que han permitido un modelo económico y productivo centrado en cultivos de uso ilícito y aparición de todas las expresiones de ilegalidad.

En este sentido, el sur de Córdoba es una de las principales regiones productoras y comercializadoras de coca y minería ilegal; condiciones que mantiene vigente el conflicto armado y la cadena del narcotráfico. Así las cosas, los problemas provocados por el narcotráfico siguen vigentes. Situación que requiere la presencia integral del Estado y una política de sustitución de cultivos de uso ilícito, articulado con una reforma agraria integral que recupere el verdadero uso de la tierra. ¡Señores aspirantes al Congreso! necesitamos su compromiso y voluntad política con el sur de Córdoba; pero, no para buscar votos y aprovechar la pobreza de su gente; sino hacer propuestas viables y transformadoras. Esperamos que la curul otorgada al sur de nuestro Departamento sea ocupada por las víctimas y no por los victimarios y la politiquería.

Por Marcos Daniel Pineda García.

Cuenta la leyenda que en Colombia existía una entidad llamada Caminos Vecinales, que respondía por la atención de las vías terciarias. A mi generación le tocó ver el fracaso del Instituto Nacional de Vías (Invías), cuando por decisión gubernamental asumió la responsabilidad, al acabarse aquella entidad.

Durante mis ocho años como alcalde, comprobé que es más fácil tirarle piedras al sol que lograr que el Invías en Bogotá le dé curso a una solicitud de un ente territorial.

Además de que los recursos son insuficientes, tan solo el 10% del presupuesto de Invías se destina a “atender” las vías terciarias del país. La mayor parte de su presupuesto se va en las vías nacionales, tanto en mantenimiento como en construcción de nueva infraestructura, que no está concesionada y que se encuentra en manos de la ANI.

Hoy, en Colombia no existe una entidad nacional que responda por la red terciaria. Si bien el Invías tiene la función, claramente no es una de sus prioridades, y por el contrario ha relegado la red terciaria al cuarto de San Alejo. Sumado a esto, la carga por lo general se le impone a los entes territoriales, que no tienen la capacidad de atender los 142 mil kilómetros de vías terciarias que tiene Colombia y que representan casi el 70% de toda la malla vial nacional.

Además de la falta de presupuesto, otro problema es la desconexión entre las decisiones que se toman en el Invías y la realidad de los territorios. ¡Qué van a saber en Bogotá, que el porro y el bullerengue se encuentran entre Montería y San Pelayo, conectando las vías de Buenos Aires y el Pantano Tierra Bonita! ¡Qué van a saber en las frías oficinas del Invías, que el puente de El Balsal en la vía a Loma Verde, lleva varios años caído y no hay quien atienda esta calamidad, que tiene a los campesinos de la zona incomunicados!

Las vías rurales en Colombia deberían ser sinónimo de calidad de vida y competitividad. De nada sirve el esfuerzo que durante toda una temporada hace un campesino para producir una buena cosecha, si no puede transportar sus productos por el mal estado de las vías que debe transitar para comercializarlos.

Nuestro país necesita darle la cara al campo y uno de los principales retos para lograrlo, es mejorar las condiciones de sus vías terciarias. Por eso, quiero proponer que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, se incluya la creación de una agencia diferente al Invías y a la ANI, que se encargue de construir, atender y mantener la red terciaria en Colombia.

No se trata de generar más burocracia, sino por el contrario, incluir en esta tercera entidad, personal calificado de las instituciones ya existentes, que más que capital humano, necesitaría contar con presupuesto, inversión, ¡leña gruesa, no escaramuza! Solo así podremos hacer grandes obras en beneficio de la red terciaria del país y no dejarla a la suerte de las chequeritas de los entes territoriales.

¡Las vías rurales no pueden seguir siendo el vagón de atrás del tren del desarrollo! Todo lo contrario: tienen que ser uno de los motores que pongan en movimiento el progreso de nuestro país.

Por: Jairo Torres Oviedo

Por estos días, el debate político-electoral de quienes aspiran a ocupar una curul en el Congreso de la República, escenario donde se legisla y hacen las leyes para reformar la sociedad democráticamente, es común escuchar y leer propuestas realizables y no realizables, populistas y técnicas, demagógicas y sensatas. Lo anterior, comprensible, teniendo en cuenta, que los candidatos centran su esfuerzo en captar electores, “lo importante, son los medios y no los fines”; además, confunden las funciones del Congreso con otras ramas del poder público. El Congreso tiene la competencia de legislar y hacer el control político con iniciativas que respondan a los temas, problemas y demandas del país nacional; para ello, requiere que las iniciativas generen procesos de entendimiento, acuerdos y consensos que deben ser resultado de la deliberación pública; es así, como se pueden convertir en ley. En este sentido, las propuestas de los candidatos al Congreso de la República deben tener como fundamento esencial, un conocimiento de los hechos y fenómenos sociales a nivel local, regional y nacional; hacer propuestas pertinentes a la ciudadanía, viables y trasformadoras.

En consecuencia, es imperativo reiterar una vez más, una serie de propuestas difundidas hace 5 años desde la Universidad de Córdoba relacionadas con el financiamiento y democratización de la universidad pública. Hemos escuchado propuestas de candidatos al Congreso acerca de presentar un proyecto de ley para eliminar el pago del derecho de grado e inscripción en las universidades; propuestas que desconocen el problema estructural de desfinanciamiento de la educación pública superior en Colombia; por ello, es importante que los candidatos conozcan este tema y asuman un liderazgo contextualizado. Necesitamos que el Congreso reforme la Ley 30 del 1992, la cual rige la educación superior; específicamente los artículos 86 y 87. Que cambie el IPC como indicador de transferencia de los recursos financieros de la nación a las universidades; en el entendido que, las universidades públicas han crecido 5 puntos por encima de este indicador de transferencia; limitando el crecimiento de las universidades en materia de funcionamiento, infraestructura física, técnica, tecnológica, vinculación docente; principalmente, en materia de cobertura, lo que ha generado un déficit financiero estructural de 15 billones de pesos en los últimos 30 años; que han tenido que suplir las universidades a través de la venta de servicios; esfuerzo que nos genera el 49% de los recursos financieros para funcionamiento. Es urgente esta reforma en la próxima legislatura, y responde a un problema que el Congreso debe resolver. De igual manera, con el liderazgo de los congresistas de Córdoba, se espera sacar adelante la regionalización de la Universidad de Córdoba.

Importante señalar, que nuestro Departamento tiene una cobertura del 23% en educación superior, cuando el promedio nacional está en un 51%. Los jóvenes de Colombia y Córdoba esperan del próximo Congreso, leyes que construyan justicia social, esto, con el fin de impedir que nuestra juventud siga siendo ejército de reserva para la guerra y las distintas formas de ilegalidad que existen en el territorio nacional.

Por: Joche Tous

Muchos son los motivos que me llevaron a tomar la decisión de aspirar nuevamente a la Cámara de Representantes. Trabajar por las comunidades más vulnerables, por las minorías, los campesinos, el sector productivo, el emprendimiento, las mujeres, la defensa de los derechos humanos, la paz de todos los colombianos y seguir impulsando este bello departamento llamado Córdoba, que con el gobernador Orlando Benítez Mora, por fin comenzó a tomar forma.

Aunque en eso estarán enfocados todos mis esfuerzos, tal y como lo he venido conversando con cientos de amigos, líderes sociales, madres comunitarias, jóvenes y representantes de diversos sectores que me han brindado su apoyo a lo largo y ancho del departamento desde que inscribí mi candidatura, hay un motivo en especial que llevo en el corazón y por el que también seguiré luchando.

La defensa de los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes seguirá siendo mi principal bandera, pues son ellos ni más ni menos que el futuro del país, uno que debe construirse desde el presente con cimientos fuertes, y qué mejor manera de hacerlo que garantizar su bienestar.

Como todos saben, uno de mis principales logros en el Congreso de la República fue que la estrategia De Cero a Siempre, se convirtiera en política de Estado, garantizando su permanencia en el tiempo, con presupuestos garantizados y metas claras de cobertura, para la atención integral de la primera infancia.

Por ello veo con preocupación que aunque por lo menos 2.500.000 niños de 0 a 6 años de edad, deberían ser cobijados actualmente por la ley De Cero a Siempre en todo el territorio nacional, la cifra solo llega a 1.250.000.

Esta, como muchas otras leyes de la república, requiere de verdaderos dolientes, de veedores y defensores, no solo desde la institucionalidad, sino también desde la sociedad y la representatividad, ante lo cual seré el principal vigilante de su cumplimiento y estaré presto a recordarle al Gobierno, que las políticas de Estado deben respetarse de manera independiente a quien ocupe por cuatro años la Casa de Nariño.

Y es que no solo se trata de alcanzar metas de cobertura, es garantizar una atención con altos estándares de calidad, que llegue a cada rincón de Colombia donde haya niños desatendidos, que se dé un esfuerzo interinstitucional, con entidades articuladas y competencias definidas, profesionales capacitados, espacios dignos y procesos estandarizados de vigilancia y seguimiento de resultados.

Que Colombia sea digna de ese reconocimiento internacional que tuvo, como referente por la estructuración de su política de atención integral a la primera infancia.

Un país que recuerde, que hace 30 años la Constitución Política de Colombia pasó de tener a los niños como objeto de protección, para reconocerlos como sujeto de derechos, aún por encima de los derechos de los demás, y que es deber de la familia, el Estado y la sociedad, garantizarlos.

Seguiré extendiendo mi mano, pidiendo el apoyo de todos los cordobeses que quieran ver a su departamento como protagonista nacional, donde haya bienestar para el pueblo y en el que todos encuentren en mí a un servidor, a su representante: al representante de la niñez.

Por: Julio Elias Vidal

Al acercarse un nuevo año es habitual que nos entre la nostalgia por el pasado y la preocupación por el futuro. No es extraño hacer una autoevaluación y repasar en nuestra memoria los logros que conseguimos durante el año que termina, los obstáculos enfrentados y los objetivos cumplidos. Así mismo, es común realizar el ejercicio de visualizar nuestro futuro y trazarnos nuevas metas y propósitos a alcanzar en los distintos frentes de nuestras vidas, llámese personal, familiar o laboral, entre otros.

Bajar de peso, aprender un nuevo idioma, iniciar un nuevo proyecto académico o profesional, viajar, ahorrar más, por ejemplo, son las metas que más he escuchado entre mis allegados cada que se aproxima un Año Nuevo. A modo personal, mis anhelos, sin duda, van encaminados al proyecto político que he emprendido y que se llevará a cabo, con la ayuda de Dios, a partir de este 2022 tal como tuve la oportunidad de contarles en mi columna anterior.

Así como es común que las personas realicemos una introspección de nuestro actuar, de los logros conquistados durante el año que finaliza y nos tracemos nuevos propósitos y metas por cumplir en el año que llega, es necesario que los gobiernos a nivel local, departamental y nacional lleven a cabo una práctica similar y efectúen un autoanálisis de las propuestas cumplidas, los proyectos ejecutados y lo que falta por mejorar.

Los actuales mandatarios municipales y departamentales entran, este primero de enero, en su tercer año de mandato y más que nunca es indispensable que lleven a cabo una autoevaluación y entreguen informe de su gestión a su electorado para que con conocimiento de causa pueda vislumbrarse el cumplimiento o no de sus programas de gobierno; ese mismo que fue apoyado por un gran número de ciudadanos que los llevaron a ocupar el cargo que hoy se encuentran ejerciendo.

Lo anterior, con el fin de identificar los aspectos por mejorar y poner en marcha los correctivos necesarios para cumplir las propuestas planteadas en campaña para que la esperanza que el ciudadano depositó en ellos no se difumine por la ineficacia e inoperancia.

Por último, a ustedes, respetados lectores, mis buenos deseos expresados desde el corazón para que todos sus propósitos y metas para el Año Nuevo no se queden solo en anhelos olvidados y, por el contrario, se consoliden y se conviertan en puntos ‘chuleados’ en la lista que ya tienen armada para recibir el 2022.

Por: Joche Tous

¿Cuánto tiempo nos queda? Es quizá una pregunta que todos los seres pensantes nos hemos hecho en más de una ocasión, y tal vez más a menudo nos lo preguntamos durante los últimos dos años.

Lo único cierto de todo es que aquí seguimos y nos encontramos ad portas de iniciar un nuevo ciclo, 365 días que se convierten en un reto, y la posibilidad de empezar de nuevo.

Aunque mucho se ha debatido acerca del por qué un año tendría que ser especial en nuestra vida, siendo tan solo una unidad establecida por el hombre para tratar de darle su propio orden al curso natural de las cosas, es innegable que el hecho de poder hacernos a propósitos específicos, trazarnos metas, iniciar proyectos o finalizar aquellas tareas en las que hemos trabajado durante largos períodos, se convierte en una ventaja desde el punto de vista motivacional, que de cierta manera nos facilita alcanzar tan añorados logros.

Si bien resulta pretencioso tener absoluta certeza de lo que nos depara el futuro, lo que sí es seguro es que podemos trabajar para que se nos dé de la mejor manera. Crear estrategias, prepararnos, planear, estudiar, entrenar y visualizar, entre muchas acciones más acordes a lo que sea que queramos alcanzar, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Aunque soy hombre de fe, y creo que todo sale mejor si lo ponemos en manos de Dios, no está de más poner todo de nuestra parte para darle una ayudita al Todopoderoso, en su labor como padre que lucha por vernos realizar nuestros sueños.

Queda menos de una semana para que finalice 2021, muchos ya habrán definido y hasta programado mes a mes su nuevo año, e igualmente habrá quienes ni siquiera han pensado en ello y ese podría ser quizá, un buen primer propósito. Pensar en un mejor futuro, en ser mejores personas, perdonar, amar con más intensidad, ser más felices y hacer felices a quienes nos rodean.

Pagar aquella deuda que hemos aplazado, o al menos comenzar a hacerlo; cumplir con las obligaciones que un mal día decidimos ignorar pero que se han ido acumulando y hoy pesan en nuestros hombros, ordenar nuestras vidas desde lo más simple hasta lo complejo y hacer lo posible por que cada minuto que pasemos en este mundo valga la pena, no solo para nosotros mismos, sino para una sociedad a la que todos tenemos el poder de ayudar a mejorar hasta con el más pequeño de los actos, siempre y cuando obedezca a un noble propósito.

Puede que nunca sepamos cuanto tiempo nos queda, lo que sí está en nuestras manos es lo que podemos hacer con él, decidir cómo seremos recordados, ser un buen ejemplo para quienes siguen nuestros pasos, estar ahí para quien nos necesite, servir más allá de nuestros intereses o mezquindades, y entregar siempre lo mejor sin esperar grandes retribuciones.

Hagamos que éste no solo sea un nuevo año, trabajemos en sociedad, en familia y como individuos para que sea un gran año, un gran nuevo inicio, una nueva historia.

Feliz Año 2022

Por: Joche Tous

Departir en familia, con amigos; repartir besos y abrazos, desear a grito en pecho feliz Navidad y próspero año nuevo,  bailar hasta el amanecer, entregar y recibir regalos, romper la dieta y comer hasta la saciedad; desbordar de dicha al ver a nuestros hijos jugar, reír con ellos; tratar infructuosamente que no usen el pesebre como pista de carritos o pongan un tiranosaurio de plástico como el cuarto miembro de los reyes magos,  son momentos que atesoramos para siempre en nuestros corazones, y de hecho, deberían ser solo este tipo de recuerdos, los que construyamos durante esta época.

Entonces no logro entender por qué hay quienes sin necesidad alguna, parecen invitar la desgracia a sus hogares, apostando su seguridad y peor aún, la de aquellos a quienes aman, a cambio de un absurdo estallido de júbilo artificial que en menos de un segundo y ante el más mínimo descuido, puede destruir sus vidas o la de quienes los rodean, para siempre.

Ignoro en qué momento de la historia, el uso de la pólvora con fines recreativos se convirtió en tradición navideña, lo que sí tengo claro es que tan solo en los últimos 4 años, cerca de 100 personas en el departamento de Córdoba, han sufrido quemaduras a consecuencia de la inadecuada e irresponsable manipulación de pirotecnia, bien fuese por mano propia o de terceros.

Aunque toda víctima representa una tragedia, lo que resulta aún más alarmante, es que casi la mitad de esa cifra, es decir, unos 45 casos, se encuentra representada en menores de edad, en niños que por acción u omisión de uno o varios adultos, muchas veces los mismos padres, han sufrido quemaduras de gravedad.

Recordemos que nuestros hijos siempre verán en nosotros un modelo a seguir, un ejemplo de vida, que nos pone ante una enorme responsabilidad, por lo que realizar frente a ellos actos temerarios como la manipulación de pólvora, puede llegar a generar consecuencias irreparables.

Aunque el riesgo de sufrir lesiones es uno de los resultados más visibles, también hay un sinnúmero de víctimas silenciosas pero muy reales, para quienes el estar expuestas al ruido de la pirotecnia, puede resultar devastador. Se trata de los niños que presentan trastorno del espectro autista, que según los expertos, pueden llegar a percibir los estallidos como si se encontrasen en medio de un bombardeo.

Por solo citar algunas de sus reacciones, se han documentado episodios de ansiedad, fobia, pánico, desorientación, estrés post traumático, depresión, pérdida de apetito y en casos extremos, paros cardíacos.

La pólvora se convierte además en una amenaza para el medioambiente, ya que en su composición se incluyen muchas sustancias contaminantes, sin contar con los gases tóxicos que se generan tras su explosión y más grave aún, los efectos adversos que el ruido tiene tanto en animales silvestres, como domésticos.

Aves que abandonan sus nidos, perros que sufren convulsiones, o escapan de su entorno al no considerarlo seguro, para luego no ser capaces de encontrar su camino a casa, son apenas algunas de las múltiples y negativas consecuencias de la pirotecnia.

Antes de encender cualquier tipo de juego artificial, tratemos de recordar que el verdadero sentido de la Navidad es entregar amor, felicidad, compartir y revivir la esperanza de que todo puede ser mejor. Por eso recuerda que siempre será mejor encender tu vida y apagar la pólvora.

Por: Jairo Torres Oviedo

“La verdad es a los sistemas de pensamiento, como la justicia a las instituciones sociales”; esta expresión escrita por Jhon Rawl en su libro: Teoría de la justicia pretende mostrar la importancia de tener instituciones justas en el funcionamiento de un orden social; algo esquivo en estos tiempos de incertidumbres fabricadas. Las instituciones sociales no han cumplido sus fines esenciales para lo que fueron creada en términos de justicia social. Lo cual muestra la tendencia afianzada en América Latina, donde Colombia es referente de una sociedad construida sobre instituciones injustas.

De acuerdo con Tomas Piketty, en su libro: Capital e ideología, donde plantea que el combate por la desigualdad y la educación es el que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad. Esto tiene que ver con la democratización y acceso al conocimiento que posibilita mayores niveles de igualdad. Mientras más ignorante es una sociedad, más fatalista se vuelve, más asimétricas y, siempre a la deriva.

En este sentido, no tener un estado de bienestar que garantice derechos básicos y dignos para la población, condena a una sociedad a la injusticia social. De acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Colombia tiene una pobreza multidimensional del 34.1%; la informalidad en 46%; desempleo de 17.23% y una caída del PIB de -6.8%.

La pobreza creció a nivel mundial en un 9.8% y en América Latina y el Caribe, en un 11.76% como consecuencia de la contracción económica y la caída del PIB; lo anterior, supone que el total de la población pobre en América Latina ascendió a 209 millones a finales de 2020; es decir, 22 millones de personas más que el año anterior y, según documento CONPES, en el año 2019 la clase media en Colombia representaba 30.79% de la población; mientras que en el 2020 pasó a ser 26.42%, y la población pobre pasó de 27% a 36.4%, no obstante, la clase alta se mantuvo igual en 2.4%. Lo anterior se ratifica en un estudio realizado por la Red de banco de alimentos y la ANDI, donde se muestra, que hay 21 millones de colombianos con dificultades para comprar alimentos; lo que afecta con mayor fuerza, departamentos como La Guajira, Chocó, Amazonas, Vaupés, Córdoba, Guainía y Nariño; donde se revelan cifras alarmantes de pobreza; zonas donde miles de familia padecen el flagelo del hambre, que solo cuentan con una comida diaria. Estas cifras muestran una realidad aterradora y vergonzante; cuando 6 de cada 100.000 niños murieron en el país durante el 2020 a causa del hambre. El informe es muy preciso cuando indica: «los niños con desnutrición crónica, está demostrado que van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad, y 54% menos ingresos» es decir, estamos destruyendo el presente de Colombia. Esta realidad, requiere de instituciones justas.