Categoría: Opinión

By Mary Bottagisio

A propósito de lo sucedido en San Andrés, Santander

El país con horror observó la tragedia sucedida el pasado martes 22 de marzo, donde un bus que hacía el desplazamiento de escolares rodó cuesta abajo apagando la vida de seis niños y dejando otros 16 lesionados cuyas futuras secuelas son aún inciertas. Puede sonar muy cliché, pero es la crónica de otra(s) muerte(s) anunciada(s). Tan solo 7 años atrás, el mundo se estremeció con la muerte de 33 niños en Fundación -Magdalena en condiciones similares.

Estos son los dramas visibles de la realidad que padecen día a día, más de 12 millones de niños en edad escolar en las vías del país, y, en particular, en zonas rurales donde el ascenso social a través de la educación es casi una utopía en la que los niños se juegan permanentemente la vida, intentando alcanzarla con desplazamientos diarios que se han convertido en toda una travesía que ellos, y sus familias, aceptan como parte de su realidad. Para el año 2021 el 51% de las vidas deploradas de niños en siniestros viales, ocurrieron en zonas rurales.

Los siniestros viales son multicausales y diversos factores confluyen para que estos ocurran: vehículo, infraestructura, velocidad, conductas, vigilancia y control, etc. No es decoroso caer en la dilución de responsabilidades, ni atribuir a un solo componente o a un individuo la responsabilidad. Aquí, falló la cadena de responsabilidades, falló el sistema en su totalidad y les fallamos a estos niños, como les fallamos a los niños de Fundación y a todos aquellos para quienes ya no existe un mañana. Los dejamos morir.

Aquella tarde del 19 mayo de 2014 el municipio de Fundación se detuvo, como se tuvo que detener San Andrés, ríos de personas venidas de otros municipios, vestidas de blanco y con claveles despedíamos a los niños. Era imposible no sentirnos todos en deuda con ellos, los habíamos dejado morir, y la responsabilidad de un crimen colectivo del que todos éramos cómplices como este, como el de San Andrés, pesa colectivamente. Tan solo 7 meses antes de la tragedia de Fundación, en el año 2013, la Liga Contra la Violencia Vial, había denunciado las condiciones de riesgo que representaba para el Transporte Escolar los vehículos de 20, 30, 40 años y más para los niños, jóvenes y adolescentes.

La respuesta del Estado a esta tragedia se vio reflejada en el Decreto 348 de 2015 que, por primera vez en la historia, fijó a 15 años la vida útil de los vehículos de Transporte Escolar. También el Decreto 431 de 2017 que estableció las condiciones de desintegración para los vehículos de Transporte Escolar. Tristemente, esta medida se reversó con el Decreto 478 de 2021 que amplió a 4 años más la vida útil de estos vehículos.

La realidad es que el bus en el que se movilizaban los 22 niños en San Andrés, Santander, estaba registrado desde 1998. Esto implica que tendría que haber sido desintegrado (chatarrizado) a más tardar el 31 de diciembre de 2014 en modalidad Escolar o el 31 de 2018 en especial otras modalidades. Y si el debate se centra en que, pese a prestar un servicio de transporte de escolares, el bus estaba inscrito o habilitado para el servicio de transporte público terrestre automotor u otro, entonces estaríamos ante un hecho peor.

El debate se centraría entonces en que un vehículo, para prestar el servicio de transporte público en condiciones de seguridad en el ámbito urbano no debe superar los 20 años mientras que la misma seguridad se puede garantizar en el ámbito rural con un vehículo de edad superior a 20 años. De aquí́ se deduce bien sea que un vehículo de transporte público, independientemente del servicio que preste, pero de más de 20 años representa menor peligro en el ámbito rural que en el ámbito urbano, o que, aunque los vehículos de más de 20 años engendran el mismo peligro independientemente del ámbito, la seguridad en el ámbito rural es menos importante.

Lo anterior nos deja ante una paradoja a la que se le suma que la red vial terciaria del país se encuentra en mal estado. Se sabe que la infraestructura es un factor de riesgo, que aumenta la probabilidad de sufrir un siniestro cuando ésta es deficiente y no perdonadora. Es decir, estamos multiplicando el riesgo en zona rural.

Por otra parte, el Sector Transporte cuenta con un sistema de minería de datos que permite con tan solo un click conocer el estado de los vehículos registrados. El punto no es que este bus tuviera o no el SOAT o la revisión técnico-mecánica, el punto es que, durante su proceso de obtención, desde el Sector, no se estén generando alertas para evitar que estos vehículos circulen por las vías del país. No se están utilizando estos datos para prevenir.

Un día después de la tragedia de San Andrés, el pasado 23 de marzo el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley por medio del cual Colombia adheriría al acuerdo de 1958 del Foro Mundial de Armonización Vehicular, que, pese a constituir un primer paso, es insuficiente. Se requiere que Colombia adhiera a los tres Acuerdos (1.958, 1.998 y 1.997) para garantizar un marco normativo robusto y de orden mundial. Esta tarea corresponderá al próximo gobierno y al Congreso, no sólo de adoptar los Acuerdos sino la de hacer cumplir rigurosamente los reglamentos técnicos que estos incluyen, cerrando así la brecha de más de 20 años de retraso que tenemos en materia de seguridad vehicular y garantizando una mayor seguridad para todos los colombianos.

Tomado de: Fundación Liga Contra la Violencia Vial

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Mientras la preocupación y la apatía por la candidatura de Fico deambula por el caribe, en el Pacto Histórico celebran la designación de Lara Sánchez como fórmula vicepresidencial del candidato de la derecha porque saben que gran parte del voto costeño que antes de la consulta estaba con Equipo Colombia, se dividirá entre la Coalición Centro Esperanza y el candidato de la izquierda.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
@marchenojob

Se volvió costumbre en este país que los costeños ayudamos a elegir presidentes con los votos y luego nos acomodan en el último vagón del tren del poder. En todas las campañas presidenciales las elites del caribe reciben en los mejores clubes y restaurantes de la costa a los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales y luego, esas mismas familias asisten a la posesión del candidato convertido en presidente ubicadas lejos de los puestos VIP.

Dos candidatos auténticos caribe participaron en la consulta del llamado Equipo Colombia; dos líderes formados en las regiones y con buenos resultados en sus ejercicios en la vida pública: David Barguil y Alejandro Char, quienes ayudaron con sus votos a posicionar la coalición de la derecha en el meridiano de la política.

Con la victoria de Federico Gutiérrez, el caribe tuvo el anhelo efímero de poner un candidato costeño en la fórmula vicepresidencial, pero el candidato de la derecha le acaba de dar una bofetada a las familias del caribe que le están apostando a su candidatura al escoger al exalcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, como su fórmula vicepresidencial.

Es oportuno recordar que para el entonces candidato Iván Duque, tampoco el caribe tuvo relevancia (sabía que la votación costeña le llegaría de la mano de los caciques) y así sucedió. Tanta indiferencia con el caribe explica porque la región sufre con pobreza y miseria.

Dicen los entendidos que Rodrigo Lara Sánchez es del partido Verde y cercano a Fajardo y que con esa designación Fico busca acercase más al centro. Es decir que para él el caribe no cuenta porque ya los votos costeños los tiene amarrados con Barguil y Char ¡Mamola! Diría en su momento Horacio Serpa (q.e.p.d).

Quizás a Fico se le olvida o se hace el loco que el bus Equipo Colombia fue impulsado desde el caribe por la Casa Char y el partido Conservador liderado por Barguil.

El Pacto Histórico celebra.

Mientras la preocupación y la apatía por la candidatura de Fico deambula por el caribe, en el Pacto Histórico celebran la designación de Lara Sánchez como fórmula vicepresidencial del candidato de la derecha porque saben que gran parte del voto costeño que antes de la consulta estaba con Equipo Colombia, se dividirá entre la Coalición Centro Esperanza y el candidato de la izquierda.

La ausencia de un costeño en la llave que busca la presidencia a nombre de la derecha, indica que de ganar las elecciones la fórmula de Equipo Colombia, nada se hará para evitar que en La Guajira los niños se sigan muriendo de hambre, el operador AFINIA seguirá abusando de los usuarios del Caribe y en la región de la Mojana todos los años se seguirá repitiendo el drama de las inundaciones con miles de hectáreas de cultivos podridos bajo las aguas y campesinos arruinados.

En una campaña tan apretada (de acuerdo a las encuestas) siempre se dijo que los errores políticos le pasarían factura a los candidatos y Fico acaba de cometer uno bien grave en la recta final de la primera vuelta. Algo parecido a lo que en fútbol se llama ¡autogol!

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería
 
Para la construcción de la ciudad que proyectamos, el presupuesto no es administrado como un gasto, sino como una inversión para saldar deudas históricas del municipio con los monterianos.

Estas inversiones no responden a una imposición como mandatario. Son producto de las necesidades básicas insatisfechas que hemos identificado. Además, todas las obras fueron priorizadas por las comunidades, a través de nuestro programa ‘La Gente Decide’.

Hemos hecho lo que se tiene que hacer. Abrimos el espacio para la participación ciudadana en las decisiones de gobierno sin importar afinidades políticas. Las opiniones de los monterianos son fundamentales para saber en qué debemos invertir cada peso del municipio.

Las obras que adelantamos tienen una razón de ser. Queremos brindar mejores oportunidades a los monterianos en materia de infraestructura, educación, deporte, saneamiento básico y, sobre todo, en lo que hoy es muy importante para la ciudad, reactivación económica. Es por ello que en la vigencia 2021 destinamos $290.250 millones para todo tipo de proyectos en las diferentes comunas que conforman el casco urbano.

En las comunas 1 y 2 recuperamos la confianza de los habitantes de la margen izquierda, quienes hace años querían segregarse del municipio porque veían que las administraciones no destinaban los recursos suficientes en sus barrios. En el Gobierno de la Gente dimos un giro de 180 grados y destinamos $82.361 millones para recomponer el tejido social y brindarles mejores oportunidades.

Al igual que en el sur de la ciudad, comunas 3, 4 y 6. Allí, además del Cemento con Corazón, le apostamos a una mejor movilidad y a la ampliación de la oferta educativa con proyectos que llegan a los $121.614 millones.

Y qué decir de la comuna 9, en la cual ejecutaremos proyectos que ascienden a los $55.000 millones, en pavimentaciones en varios barrios como Paz del Norte y Mocarí; además, haremos mejoramientos de vías para la entrada en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público y el proyecto de construcción de un hospital, para sacar del atraso a los barrios que conforman esta zona, conocida como el norte pobre de la ciudad.
En 2021, mejoramos 27,3 km de vías, construimos 41.116 m2 de espacios públicos y realizamos mejoramientos de infraestructura educativa por valor de $80 mil millones. A lo que sumamos el aumento de los parámetros de cobertura en acueducto al 99,4% y de alcantarillado al 96,2%. 

Nuestro Gobierno de la Gente es un gobierno de igualdad. Por eso, hemos enfocado nuestros esfuerzos en una reactivación, renovación y construcción urbanística que nos permita cerrar brechas históricas para equilibrar la balanza de las oportunidades en Montería.

Seguiremos redoblando esfuerzos, invirtiendo y gestionando recursos para que los monterianos cuenten con espacios óptimos y amigables con el medio ambiente sin importar de qué lado del río nacen, viven o trabajan, porque la Montería Grande que construimos es incluyente y lleva el desarrollo a todos los rincones de la ciudad.

Por: Marcos Daniel Pineda García.

Estoy conmovido con los resultados de las elecciones del pasado domingo 13 de marzo, cerca de 160 mil colombianos me dieron su voto de confianza, para llevar la voz de las regiones al Senado de la República. Hoy, mi corazón está feliz y agradecido con Dios y con cada uno de ellos.

Ha sido para mí una experiencia gratificante y enriquecedora, ya que por primera vez en mi carrera política, lideré una campaña a un cargo de elección popular fuera de mi ciudad. Tuve la oportunidad de recorrer gran parte del país, visité muchos territorios de la región Caribe y todos los municipios de Córdoba. Conocí lugares a los que nunca antes había ido, como el departamento de Caquetá y la Depresión Momposina, donde pude ver de cerca esa Colombia grande y profunda y, por qué no decirlo, olvidada, que hoy reclama mayor inversión social y más oportunidades.

Esta campaña nacional me permitió comprobar lo que siempre he dicho: vivimos en un país de regiones y su alma son los territorios. El gran reto que enfrentamos, es sintonizar las decisiones que se toman en el nivel central con las necesidades que tienen los colombianos en cada municipio, corregimiento, vereda y barrio. Mi gran lucha desde el Senado de la República, será sincronizar el país con sus verdaderas necesidades territoriales.

Toda mi gratitud a los 106.767 cordobeses que confiaron en mí. Hay municipios en los que la sacamos del estadio con bases llenas, como Pueblo Nuevo, Cotorra, Cereté, Planeta Rica, Momil, Lorica, San Pelayo, San Antero y tantos otros, que apoyaron nuestra aspiración. Merece un reconocimiento especial mi querida ciudad, Montería, que tuve la oportunidad de volver a caminar y donde 37.047 paisanos me dieron su voto de confianza; a todos ellos, quiero decirles que de 107 senadores, orgullosamente soy el único monteriano y eso para mí, representa la inmensa responsabilidad de defender a mi tierra en el Congreso de la República. Seré el senador de todos los monterianos.

A mi amigo y compañero de luchas, nuestro Representante a la Cámara Wadith Manzur, con quien viví de cerca esta experiencia, quiero decirle que sus triunfos también son los míos. Los 118.360 cordobeses que lo eligieron, demostraron que sin duda el departamento es el gran ganador por tener en la Cámara a un representante que ha mostrado resultados. Me siento muy complacido de llegar junto a él al Congreso de la República, a trabajar unidos, como lo sabemos hacer, para darle más resultados a Córdoba.

Quiero agradecer a mi familia, por su apoyo incondicional. A mi esposa Natalia, por ser la cómplice de mis sueños, mi polo a tierra y mi calma en los momentos difíciles; a mis hijas Emmanuela y Genoveva, por caminar junto a mí, acompañándome en esta lucha y por entender mis ausencias en los últimos meses. Gracias a todo mi equipo de campaña y colaboradores cercanos, amigos, dirigentes políticos y líderes de barrios, que en todos los rincones de Colombia se pusieron la camiseta del C7, la sudaron conmigo y me acompañaron de manera decidida para hacer realidad este sueño.

A todos los colombianos que me respaldaron, les reitero que voy a ponerle el alma a esta responsabilidad que desde ya asumo, con todo el compromiso y la convicción de ser un senador diferente, que llegaré al Congreso a alzar la voz por todos ustedes, y lo más importante: a ser un senador no solo de capitolio sino también de territorio. Seguiré siendo el mismo Marcos Daniel de siempre, de calle, de barrio, el que los visita, el que los escucha, el que trabaja de la mano con las comunidades para conocer sus sueños, anhelos e ilusiones, que seguirán siendo los míos.

Mil gracias a todos, cada voto representa una motivación para dar lo mejor de mí por ustedes en los próximos cuatro años y darle resultados a Colombia. Un abrazo grande con todo mi cariño,

¡Dios con nosotros!

Por Carlos Ordosgoitia
Alcalde de Montería

En columnas anteriores me referí a la seguridad de la ciudad y a la inversión que desde el Gobierno de la Gente venimos haciendo en zona rural para saldar la deuda con nuestros campesinos. Hoy quiero hacer referencia a la importancia de conjugar estos dos temas con la intención de brindar plenas garantías al sector agropecuario para que siga impulsando la economía del municipio.

Nos sentamos con ganaderos y agricultores en un encuentro de seguridad en el que quedó claro que luego de varios años han vuelto a creer en las instituciones. En articulación con el Ejército y la Policía, socializamos la estrategia «Fincas más seguras», que busca brindar seguridad integral en fincas rurales y semiurbanas con herramientas físicas y tecnológicas para contrarrestar cualquier hecho que atente contra la seguridad en la zona rural.

Esta estrategia llevará a los corregimientos más vigilancia de rutas viales en ejes estratégicos, patrullajes mixtos rurales conjuntos de la fuerza pública y la utilización de drones con el objetivo de identificar las guaridas de los delincuentes y adelantar los allanamientos necesarios para capturarlos y desmantelar sus redes criminales.

La seguridad es un conjunto entre ciudadanía y Estado y es a lo que le estamos apuntando. Buscamos poner barreras a los delincuentes con instalaciones de cámaras, luces con sensores de movimiento y botones de pánico con los que se active una alarma para generar alertas entre fincas vecinas.

Sin duda, «Fincas más seguras», una estrategia de la policia Nacional se convierte en una herramienta fundamental para recopilar información valiosa que suministre información para líneas de investigación, identificación y judicialización de quienes están alterando la seguridad.

Y lo que es muy importante, generará una comunicación directa entre la población y autoridades tales como el Gaula y la Fiscalía, para tener focalizada la información relevante de la zona rural y una visibilización de quienes delinquen para que la ciudadanía los conozca y brinde información para capturarlos.

El valor democrático de la seguridad es innegable y no descansaremos ni un segundo hasta tener controlado el abigeato, la extorsión o el robo a propiedades.

Con el avance significativo de la seguridad traeremos más inversión al campo, más tecnología y más productividad; a lo que podemos sumar el acercamiento que estamos teniendo con los congresistas electos de Córdoba para conformar una Montería-Región con la que buscamos ampliar la competitividad pensando en las costas cercanas y la apertura de los mercados internacionales, lógicamente con el sector ganadero y agropecuario como protagonistas.

Los territorios rurales en el país, históricamente, han estado rezagados y es el cambio que estamos logrando desde el Gobierno de la Gente dándole un giro significativo porque sabemos todo lo que representa el sector agropecuario y ganadero para la generación de empleo, el abastecimiento de las centrales de abastos y la reactivación económica.

Sin duda nuestra tarea es hacer lo necesario para ponerles límites a los delincuentes, mantener la confianza de la gente y seguir generando el desarrollo económico, porque si el campo está bien, Montería está bien.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza

Twitter: Marchenojob

Luego de dos días del debate electoral, con los resultados en la mano y toda la tranquilidad del caso, es preciso hacer un análisis de dichas cifras en Córdoba, interpretando el sentir del pueblo expresado en las urnas el histórico domingo 13 de marzo.

Para nadie es un secreto, que los partidos políticos en este departamento están subdivididos por grupos, que actúan bajo lógicas y dinámicas propias, con opiniones e intereses que muchas veces se entrecruzan. Cito el caso del partido conservador, regentado por la Casa Burgos (Marcos Daniel Pineda – Wadith Manzur) y el grupo liderado por David Barguil (Liliana Bitar – Nicolás Barguil) o el Partido de la U, bajo la égida de Zulema Jattin, en el bajo Sinú (Titi Burgos); Jhon Moisés Besaile – Erasmo Zuleta (Saray Robayo), e incluso, con una Milena Flórez (esposa de Musa), apostándole a Ana Paola – Félix Gutiérrez, los nuevos jugadores que irrumpen en el escenario desde el San Jorge. El partido liberal, también tiene facciones, la que representan Arleth Casado – Juancho López y el grupo de Fabio Amin con el actual gobernador Orlando Benítez.

Mirando los resultados con detenimiento, es claro que el grupo liderado por Amín – Benítez, fue el de mayor crecimiento en los comicios pasados, logrando mantener la curul de Andrés Calle Aguas y jalonando otras figuras que jugaron un papel importante en la campaña política que acaba de finalizar. Es el caso de Joche Tous, quien obtuvo una importante votación y el médico Walter Gómez, así como la periodista Erly Rojas, quien comienza a formarse como una importante opción en lo local y en lo regional.

El otro aspecto, de suprema relevancia, es la actitud extremadamente respetuosa y garantista del gobernador Orlando Benítez, quien se convirtió en un verdadero “guardián” de la democracia regional. Los cordobeses habíamos asistido históricamente a debates políticos, donde los gobernantes de turno tomaban partido, imponiendo a familiares o amigos suyos como candidatos a las corporaciones públicas a un alto costo de gobernabilidad con efectos negativos para la plena ejecución de los planes de gobierno, perjudicando de paso a las comunidades que esperan respuestas y soluciones a sus múltiples y complejos problemas. Sin duda, la postura de Benítez fue la de un demócrata, un político decente y respetuoso, que no sólo dio tranquilidad a los miembros de la coalición que lo acompaña, sino a todos los actores políticos del departamento en este proceso, lo que significa, que lo de la “paz política”, no sólo es un discurso, es una auténtica filosofía y compromiso del gobernante del Palacio de Naín.

En lo que a este columnista concierne, la coalición de gobierno está sólida, no sólo porque gira alrededor de una administración que ha sabido mantenerla, actuando con total respeto y reconocimiento a cada uno de sus integrantes, sino además, porque se trata de un gobernador que está haciendo la tarea, que dialoga con todos los sectores, que no es soberbio, que sabe escuchar, que va a los territorios, que ha devuelto la confianza a los cordobeses y que goza de un alto nivel de popularidad y respaldo.  

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería
 
Valorar el trabajo de nuestros campesinos y mejorar sus condiciones de vida siempre ha estado priorizado en mi agenda.

Desde que empecé a visionar el Plan de Desarrollo del Gobierno de la Gente tenía claro que era mi obligación resarcir el daño causado por el olvido histórico en el que estaban sumidos los 110 mil habitantes de nuestra zona corregimental.

No era justo con quienes son un pilar fundamental de la economía y el desarrollo del municipio, entre otras porque de seguir alimentando ese descuido y abandono estaría traicionando mis ideales y convicciones, y lo que es peor aún estaría cobardemente dándole la espalda a esa población rural que creyó en mí.

Haciendo el balance confirmamos que el 40% del presupuesto en la vigencia 2021, lo destinamos al campo. Un hecho histórico, pues en gobiernos anteriores la inversión era solo de un 10%, olvidando realmente que el sector rural es el motor de la economía de las ciudades.

Hoy, por primera vez, un alcalde le rinde cuentas al campo monteriano porque podemos mirar a los ojos a la gente y decidirles que estamos llevando desarrollo al sector rural, que valoramos inmensamente su trabajo y que estamos mejorando sus condiciones de vida y su productividad.

Nuestra meta es dar solución de fondo a los problemas de la zona corregimental conectándola con mejores vías para que los campesinos puedan movilizar sus productos hacia las centrales de abastos. Destinamos 3 mil millones de pesos para la compra de maquinaria amarilla con la que hemos logrado intervenir 151 km de vías. Y tengo que resaltar que, en un principio, visionábamos en nuestro Plan de Desarrollo la construcción de 30 km de placa huella, lo que ya superamos porque a la fecha tenemos asegurados 41 km con una inversión de 109 mil millones pesos.

Otro propósito es el de mejorar las condiciones de saneamiento básico. Estamos haciendo un trabajo de estudios, diseños y ejecuciones de los sistemas de acueducto y alcantarillado, en articulación con el Ministerio de Vivienda. Ya tenemos los recursos y el terreno para iniciar las obras del acueducto para llevar el agua potable a Cedro Cocido y Santa Paula, ya está al 100% el acueducto de San Isidro-San Anterito por valor de 12.451 millones de pesos y el diseño para el acueducto de Guateque está en marcha.

Apagaremos los fogones de leña en las viviendas de 13 corregimientos y veredas para darle paso al gas domiciliario. En estas obras invertiremos 5 mil millones, pero más importante aún es que los 3.740 beneficiarios serán subsidiados por el municipio porque entregaremos las acometidas internas, por las que, anteriormente, los beneficiarios se tenían que endeudar.

Desde el Gobierno de la Gente seguiremos dándole a nuestros campesinos todo lo necesario para que salgan del letargo en el que los tenían sumidos y es satisfactorio indicar que para este 2022 tenemos inversiones por más de 180 mil millones. El sector agropecuario es indispensable para la consolidación del tejido social del municipio y su desarrollo no admite discusión alguna ni colores políticos. La orden a mi equipo de gobierno desde el primer día en que asumí como alcalde de los monterianos, fue la de mirar hacia el campo con acciones reales y así lo estamos haciendo por una Montería rural inteligente e incluyente.

Por: Jairo Torres Oviedo

En el actual debate electoral es ineludible hacer referencia al conflicto limítrofe entre Córdoba y Antioquia. Litigio que se ha caracterizado por el silencio de quienes deben asumir liderazgo y compromiso; es decir, los congresistas y quienes aspiran. Una de las variables estructurales que permite entender este conflicto es lo referente a la planeación y poblamiento del territorio. Reflexionemos acerca de esta realidad con el fin de comprender el conflicto limítrofe. Han centrado el conflicto sobre lo territorial; en otras palabras, sobre el espacio geográfico en disputa; pero, se invisibiliza la falta de presencia de la institucionalidad nacional y territorial en gran parte de la zona en disputa. No ha existido soberanía territorial del Estado central ni local. La soberanía estatal se evidencia, no solo con la presencia de fuerza pública en los territorios; sino de manera integral: educación, salud, saneamiento básico, agua potable, vías de acceso… si esto no se garantiza, asistimos a una ausencia de Estado; en consecuencia, a la imposibilidad de ejercer soberanía sobre el territorio. Precisamente, estos vacíos que deja el Estado se suplen por otras fuerzas, incluyendo estructuras al margen de la ley; que es lo que ocasiona el surgimiento de para estados.
Lo anterior ha sido una larga tradición en Colombia; de allí, que esta ausencia de Estado en los territorios sea una de las razones del origen y desarrollo de distintas formas de conflicto. Para el caso que nos ocupa; conflicto Córdoba-Antioquia, concurrimos a la expresión evidente de este fenómeno; una ausencia del Estado central de aproximadamente 100 mil hectáreas en litigio; que se complementa con la ausencia de soberanía del Departamento sobre su propio territorio; soberanía que ha sido suplida en gran parte del territorio en disputa por la institucionalidad antioqueña. Esto lo podemos observar en las poblaciones de Córdoba asentadas en los límites con los municipios de Mutatá y Dabeiba; poblaciones que son atendidas socialmente por el Departamento de Antioquia; inclusive, el acceso geográfico a estas comunidades cordobesas es más accesible desde Antioquia que desde Córdoba. Se quiera o no, es una ausencia de soberanía integral sobre el territorio cordobés expresada en pérdida del control de la frontera territorial y abandono social de sus habitantes. Esta zona en disputa tiene una posición estratégica e innumerables recursos naturales.
Estas riquezas naturales, sumado a la posición estratégica del territorio en disputa, las hace apetecible a los antioqueños; debido a que, por parte de la institucionalidad cordobesa ha existido un total abandono. Por esta razón, es imperioso retomar el liderazgo en defensa de la soberanía territorial del Departamento de Córdoba; para ello, es necesario un trabajo coordinado y técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial, un plan especial y urgente de intervención de la institucionalidad para atender las demandas y necesidades de las comunidades que se encuentran en estos sitios limítrofes. Necesitamos un liderazgo de la dirigencia política, que siente su posición de manera pública sobre el diferendo limítrofe y, que propongan alternativas. ¡Luchemos por recuperar la soberanía social de nuestro territorio!

 
Por Carlos Ordosgoitia
Alcalde de Montería
 
La seguridad ciudadana es la primera obligación del gobierno de la ciudad. Para alcanzarla, es necesario forjar una relación estrecha con los ciudadanos, los gremios, las autoridades civiles y la fuerza pública. En fin, la seguridad es consecuencia de una cultura de respeto a la ley, confianza en las autoridades y cooperación entre todos los individuos de la sociedad. En el ámbito de esa cultura, los ciudadanos, quienes conocen mejor que nadie sus entornos y tienen la capacidad para detectar de manera temprana las amenazas, son los aliados fundamentales.

Ese trabajo con una ciudadanía participativa y empoderada, hace que los gobiernos locales tengamos mejores insumos para articular medidas integrales qué, al tiempo que brindan seguridad, mejoren su calidad de vida. Esto lo logramos con espacios públicos amplios e iluminados, condiciones óptimas de transporte y estrategias encaminadas a frenar la criminalidad, por ejemplo, con planes de prevención del consumo de drogas y violencia intrafamiliar.

Lo estamos haciendo. Recuperando con mobiliario e iluminación los parques que han estado abandonados durante años, brindamos seguridad; con la pavimentación de vías y construcción de espacio público, también brindamos seguridad. Y lo estamos haciendo de la mano de la gente con los encuentros de seguridad que realizamos, barrio a barrio, teniendo la oportunidad de escuchar a los ciudadanos, quienes en tiempo real levantan la mano y reciben soluciones.
Montería, así como el departamento y el país, ha sentido las acciones producto de la reorganización del Clan del Golfo, tras la captura de alias ‘Otoniel’. Esta amenaza criminal la estamos afrontando sin descanso, sin torcer el brazo, actuando con determinación.

No nos quedamos quietos, los bandidos no respetan fronteras ni horarios y se mimetizan si la sociedad les abre espacio. Por ello, nuestros hombres y mujeres de la Policía y el Ejército han entrado a operar en las zonas de mayor incidencia y recopilado información valiosa para las líneas de investigación que se adelantan contra esos actores, en especial, para desmantelar el modelo de negocio criminal de expendio de drogas y extorsión, que quieren propagar.

Bajo ningún punto de vista permitiremos que la ciudad esté a merced de los delincuentes, razón por la que acordamos con el Gobierno Nacional una mayor presencia del Ejército en la zona corregimental, un aumento del pie de fuerza con miembros de la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo, un incremento del parque automotor policial y mayor tecnología para la vigilancia con drones.

Con la puesta en marcha del ‘Plan Cazador’, en una semana, se ha logrado hacer efectiva la captura de 33 personas en jurisdicción de la Policía Metropolitana de Montería, entre ellos, alias ‘Russo’, miembro del Clan del Golfo que fue enviado a prisión y será juzgado por el delito de concierto para delinquir, además de lograr la desarticulación de la banda ‘Los Chamos’ dedicaba al tráfico de estupefacientes en el barrio Juan XXIII.

Los monterianos siguen creyendo en las instituciones y pueden tener la certeza que, desde el Gobierno de la Gente, ponemos todas las herramientas para preservar el orden. Nuestro equipo de trabajo está al servicio de la comunidad las 24 horas durante los 7 días de la semana.

No dejaremos que unos pocos alteren la tranquilidad de la gente, seguiremos atacándolos frontalmente porque la Montería Grande que estamos construyendo está cimentada con inversión social y seguridad para todos.

Por: Jairo Torres Oviedo

La Corte Constitucional; aprobó la sentencia que permite la despenalización del aborto en Colombia; allí establece, el aborto como un derecho que tiene la mujer, hasta las 24 semanas de gestación. Este fallo, ha generado reacciones encontradas entre quienes lo defienden o lo rechazan. Discusiones de esta naturaleza están determinadas por factores religiosos, éticos, morales y culturales; que definen las creencias que tienen las personas alrededor de lo bueno y justo. En este tipo de discusiones, difícilmente se construyen acuerdos; por cuanto, en cuestiones éticas, cada uno tiene acceso privilegiado. Es poco común encontrar que esta discusión se desarrolle con argumentos jurídicos y de derechos; inclusive, desconocen la función de la Corte Constitucional, negando su función de guardiana, vigilante y garante de los derechos ciudadanos, independiente de la posición social, ética, moral o religiosa; porque la Corte Constitucional es razón pública, y sus decisiones gozan del principio de aceptabilidad. Por ello, son comprensible las posiciones encontradas que pretenden centrar el tema en la dimensión religiosa y moral; desligada del ámbito del derecho.

Este comportamiento es característico de las sociedades tradicionales marcadas por una moral de contenidos, donde las conductas y acciones humanas están definidas y normatizadas de manera rígida e inmodificable; en donde, su cumplimiento define lo bueno y lo malo. Esta concepción de sociedad entra en tensión permanente con las sociedades modernas del pensamiento liberal; en el que, lo moral y ético está determinado desde el diálogo; entendimiento y acuerdo a los que puedan llegar los miembros de un grupo social; es decir, una ética comunicativa. De igual manera, sociedades liberales organizadas sobre la base de un contrato social construido de manera consensuada entre los miembros de la sociedad que reconoce la pluralidad y diversidad. Lo que se expresa desde el reconocimiento de las libertades positivas y negativas; es decir, libertades colectivas e individuales; que es deber ser de un estado de derecho garantizarlas.
En este sentido, el aborto es un derecho y no una obligación que tienen las mujeres de definir sobre su destino y su cuerpo. El Congreso de la República se negó a legislar sobre este derecho de las mujeres porque ha estado en función de sus intereses morales y político; respondiendo al modelo de una sociedad tradicional que moralmente niega los valores y principios de la modernidad. Los congresistas se abstienen de legislar acerca de un tema de su competencia; por consiguiente, los colectivos feministas recurrieron a la Corte Constitucional para que ampare su derecho a decidir sobre su cuerpo, no como obligación; sino como derecho. Por consiguiente, este debate estará abierto a las distintas visiones y concepciones sobre el tema; moviéndose entre el moralismo tradicional, religioso, compasivo y el pensamiento liberal moderno. En medio de estas concepciones, los políticos toman partido en función de las concepciones que representan y defienden. Cabe señalar que: en este debate se desconoce los fundamentos de la democracia; pero, a la vez, se reafirma su existencia.