El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó, a la pena principal de 20 años y seis meses, al Notario Tercero de Montería, a un ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y a tres personas más por los delitos de concierto para delinquir agravado y otros más. A pesar de haber sido sentenciados, todos están libres en estos momentos. El ente judicial ordenó la captura inmediata.
Para contextualizar los hechos hay que precisar que estos tuvieron origen en la zona de Tulapas municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en el Urabá antioqueño, en el conflicto armado propiciado por diferentes grupos ilegales, entre los que estaba las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), antes ACCU, en el periodo comprendido del año 1994 a 1997.
Dentro de su dinámica criminal perpetraron desplazamientos forzados, amenazas, homicidios, apropiación y destrucción de bienes protegidos por el DIH, entre otras actividades delictivas, concertándose con el propósito de establecerse militarmente y expandir el control territorial hacía toda la región del Urabá antiqueño y cordobés.
Luego del desplazamiento de los habitantes de Tulapas, las AUC, buscaron darle apariencia de legalidad a las tierras abandonadas por el conflicto, creando alianzas con empresarios, particularmente directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, además de notarios y otros funcionarios, para obligar a los propietarios de estos terrenos a vender forzadamente a cambio de pagos irrisorios para despojarlos de manera fraudulenta y definitiva.
Nueva Tulapa es una vereda ubicada en el corregimiento San José de Mulatos, municipio de Turbo en el norte del Urabá antioqueño. Allí, los grupos paramilitares -además de tener un campamento de la Casa Castaño- formaron una gran hacienda de 4 mil 500 hectáreas que también cubre a Necoclí y San Pedro de Urabá. Para obtener esa cantidad de tierra contaron con el apoyo del Fondo Ganadero de Córdoba y algunos notarios.
Precisamente el notario condenado es el abogado Miguel Francisco Puche Yánez, de 71 años, a quien además de concierto para delinquir agravado en calidad de autor, le imputaron lavado de activos, destrucción y apropiación de bienes protegidos y deportación, expulsión, traslado, o desplazamiento forzado de población civil como coautor.
Pero además de los 20 años y medio de prisión, también tendrá que pagar una multa de 31 mil 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2001 y 2 mil 623 SMLMV para el año 2023.
El exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba sentenciado es Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, de 57 años de edad, también le imponen la pena de 20 años seis meses, pero tendrá que pagar una multa de 22 mil 512 SMLMV para el año 2011 y 2 mil 623 SMLMV para el año 2023, por los mismos delitos del antes mencionado.
La tercera imputada, de igual manera a 20 años y seis meses de prisión, es la exnotaria de San Pedro de Urabá, Antioquia, Lía del Carmen Hurtado López, de 61 años y oriunda de Montería. La Fiscalía la acusó de los mismos delitos de los antes citados.
Asimismo, fue condenada a 20 años y medio, la abogada María Inés Cadavid Restrepo por los delitos anotados. Tiene 71 años y es natural de Montería. Además, tendrá que pagar una multa de 19 mil 375 SMLMV para el año 2003 y 2 mil 623 SMLMV para el año 2023.
El último sentenciado, pero a 16 años y cuatro meses, es Orlando Enrique Fuentes Hessen, tendrá que pagar una multa de 500 SMLMV para el año 1998 y mil 999 SMLMV para el 2023, por los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de autor.
Además, a esta persona le imputaron los delitos de lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado, o desplazamiento forzado de población como coautor. Asimismo, se impone como pena accesoria la interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años.
Juzgado niegan medida domiciliaria
La sentencia niega por improcedente, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria a los condenados, por las motivaciones planteadas en la providencia. Por consiguiente, deberán cumplir la sanción en el establecimiento penitenciario y carcelario que disponga el Inpec.
Asimismo, deberá tenerse como parte de la pena cumplida el tiempo que Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, Miguel Francisco Puche Yáñez y María Inés Cadavid Restrepo, estuvieron privados de la libertad con ocasión de la medida de aseguramiento.
Para el cumplimiento de la sanción, en contra Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, Miguel Francisco Puche Yáñez y María Inés Cadavid Restrepo, como quiera que frente a los mismos existió decreto de medida de aseguramiento privativa de la libertad, y como consecuencia, deberá cumplirse de manera inmediata.
Asimismo, dice el voluminoso expediente de más de 400 folios, que se debe librar orden de captura en contra de los señores Orlando Enrique Fuentes Hessen y Lía del Carmen Hurtado López una vez se encuentre ejecutoriada la presente sentencia para el cumplimiento de la sanción impuesta.
El ente judicial compulsó copia ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue a los gerentes del Incora, Incoder y la Agencia Nacional de Tierras Regional Antioquia, con miras a determinar si están incursos en algún delito por no haber realizado las acciones que legalmente les correspondía para recuperar estos bienes de la Nación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
También compulsó copia a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue a la señora Victoria Eugenia Restrepo Uribe, quien para la fecha era la jefa del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República y
quien era la encargada de los proyectos productivos de los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas, pero que al mismo tiempo era socia de Incuagro, otra de las empresas que estaba usufructuando las tierras a través de la Compañía Productora de Caucho S.A y de la Compañía Reforestadora de Urabá, “El indio de Urabá S.A.”.
Otra compulsa de copia ante la Fiscalía General de la Nación, para que investigue al señor Juan David Ortega Arroyave, para determinar si incurrió en algún delito al invertir dinero público por medio de Incentivos Forestales en Favor del FGC, en predios de familias desplazadas y que además provenían de acumulación de predios baldíos, según se precisa en la parte motiva.
Por último, compulsa copia ante la Fiscalía General de la Nación, para que investigue a quien fungía como Registrador de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, para la época de los hechos a fin de determinar si incurrió en algún delito, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
El Juzgado en mención, a cargo de Diego Herrera Lozano, notifica a los diferentes sujetos procesales el contenido de la presente sentencia. Y agrega que contra la misma procede el recurso de apelación a surtirse eventualmente ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
