Al frente de la Secretaría de Tránsito y Transporte del departamento hay una persona sin la experiencia suficiente para enfrentar el drama humano que se vive cada fin de semana en las carreteras de Córdoba.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
@marchenojob
No son líderes sociales, tampoco están rotulados como víctimas del conflicto armado, ni son sindicalistas o dirigentes comunales amenazados, tampoco murieron defendiendo algún ideario político, no son miembros de la fuerza pública y claro que no pertenecían a la guerrilla que firmó un acuerdo de paz con el gobierno pasado. Son los otros muertos, esos que no están en la agenda pública y menos en los discursos de la actual campaña política.
Hace rato dije en otra columna de opinión que en Colombia un accidente de tránsito enluta al país solo cuando la víctima es un cantante vallenato o una figura reconocida del deporte o de la política, o cuando se trata de un empresario importante. Claro que si es un siniestro aéreo entonces la noticia va en la portada de los medios. En Colombia solo duelen los muertos en accidentes de aviones y nos acostumbramos a las víctimas en las carreteras, eso se volvió un axioma.
La indolencia del gobierno de Córdoba.
En Córdoba la seguridad vial es solo quimera de algunos, porque en la práctica es algo que no le interesa al gobierno departamental. A la gobernadora de Córdoba Sandra Devia, poco o nada le interesa mover un dedo para bajar los índices de accidentalidad y la prueba de ello es que al frente de la Secretaría de Tránsito y Transporte hay una persona sin la experiencia suficiente para enfrentar el drama humano que se vive cada fin de semana en las carreteras de Córdoba.
Los alcaldes de municipios de Córdoba son responsables por omisión de acciones para proteger la vida de los ciudadanos en las carreteras, y una prueba contundente es que en su mayoría no tienen convenios de tránsito con la policía, lo cual indica que son territorios donde se puede conducir borracho, andar sin licencia de conducir y sin revisión técnico mecánica porque en esos municipios no hay controles de tránsito.
Un estudio de la Supertransporte concluyó que en el 57% de los municipios en Colombia no hay autoridad de tránsito, y que esos municipios concentran 6 de cada 10 accidentes de tránsito mortales ocurridos en el país.
A la fecha van 112 muertos en siniestros viales y 128 heridos en lo corrido del presente año en las vías de Córdoba (es posible que el número sea mayor, el dato corresponde a los casos documentados por La Ventana de Córdoba). La motocicleta es el vehículo que más aparece involucrado en dichos accidentes.
Además del dolor que sufren los familiares de las víctimas mortales existen sonados casos de impunidad, como el sucedido el 3 de junio de 2017 cuando un conductor en la vía Cereté-Montería, acabó con la vida de Claudia Guerra y sus dos hijas menores cuando se disponían cruzar la calle después de orar en un templo y fueron embestidas por un vehículo conducido en exceso de velocidad. Hoy el presunto culpable de las 3 muertes, Sergio Rhenals, continúa su vida normal. Los familiares de las víctimas viven en un desasosiego permanente.
Del siniestro vial donde fallecieron 9 personas cuando se movilizaban en cinco motocicletas después de participar en las fiestas patronales de Momil al ser impactadas por una volqueta que se movilizaba con poca luz y conducida en aparente exceso de velocidad, solo se sabe que el conductor está en la casa.
Construir una agenda de seguridad vial debe ser prioritario para quienes resulten elegidos alcaldes en las elecciones de octubre en Córdoba y para el próximo gobernador del departamento. Ya es hora que algún diputado se encargue de sensibilizar el tema proponiendo la creación de un órgano consultor integrado por quienes tienen que ver con el asunto y focalizar acciones de seguridad vial en las vías de Córdoba.
No hay una agenda pública de seguridad vial.
La primera semana de marzo del 2018, después de asistir a un evento de seguridad vial en Medellín, tuve la leve percepción de que por fin las muertes en accidentes de tránsito habían empezado a tocar la sensibilidad de la sociedad, y por lo tanto a presionar al Estado a que adoptara una política pública en materia de seguridad vial.
No fue así, el cambio de gobierno convirtió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en una fábrica de buenas intenciones, pero sin acciones prácticas para tratar de disminuir los accidentes de tránsito. Se perdió el impulso que la ANSV le venía dando a la seguridad vial.
En aquel certamen le escuche decir al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que “se estima que 500 mil personas piden asistencia médica por algún tipo de accidente de tránsito y 35 mil quedan discapacitadas, y que debido a eso hay una alta relación entre la seguridad vial y empobrecimiento social”. Es más económico y salva vidas si hay políticas de prevención vial.
En aquella oportunidad, Alejandro Maya, director entonces de la Agencia de Seguridad Vial, dijo que los siniestros viales con fatalidades y lesiones graves son prevenibles, y que ninguna muerte en el tránsito es aceptable, todas son evitables”.
Acabo de leer las 27 páginas del discurso con el cual el Presidente Iván Duque declaró oficialmente instalada la legislatura 2019-2020. Ni una línea para las víctimas de siniestros viales, ni una frase para la seguridad vial. En materia de movilidad solo se refirió a los vehículos eléctricos: “Acabamos de sancionar la ley que otorga incentivos para el uso de vehículos eléctricos, de la cual fui coautor durante mi paso por el Congreso. Esta iniciativa legislativa estimulará la movilidad sostenible y contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes”.
Conclusión. En la agenda del Presidente Duque no está la seguridad vial.
