Burbuja Política
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le fijó un plazo perentorio de tres meses a la Nueva EPS para que haga públicos sus estados financieros correspondientes a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025. Mediante esta decisión judicial, el magistrado ponente dejó en claro que ningún trámite o proceso interno de la entidad puede ser utilizado como pretexto para evadir o postergar el cumplimiento del principio de transparencia y las obligaciones legales en materia de rendición de cuentas.
Fuentes oficiales confirmaron este jueves a Blu Radio que la Brigada 29 del Ejército Nacional de Colombia entró en fase de alistamiento ante la posible posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.
La unidad militar, integrada por cerca de 5.000 soldados, sería la encargada de liderar el principal dispositivo de seguridad tanto en la capital caucana como en municipios aledaños. Aunque hasta el momento no se ha emitido una orden formal de despliegue, las tropas ya recibieron instrucciones para permanecer en estado de preparación mientras se toma la decisión definitiva sobre el lugar del acto.
La ceremonia de posesión presidencial está programada para el próximo 7 de agosto de 2026. De La Espriella, quien resultó electo en la segunda vuelta de las elecciones de junio pasado, ha expresado públicamente su intención de realizar el acto en una guarnición militar de Popayán como un gesto de reconocimiento hacia la Fuerza Pública, en lugar de la tradicional sede del Capitolio Nacional en Bogotá.
Esta propuesta requiere autorización del Congreso y ha generado debate político y jurídico en las últimas semanas.
Además de la Brigada 29, las autoridades evalúan reforzar el esquema de seguridad con unidades provenientes de los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, según el alcance del operativo y las condiciones de seguridad que se definan.
El dispositivo quedaría bajo la coordinación de la Tercera División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y cuenta con aproximadamente 22.000 uniformados.
El senador Antonio Correa sentó su posición frente a la propuesta de convertir a Barranquilla en una sede alterna del Congreso de la República, señalando que, si bien puede sonar como un compromiso atractivo de campaña, la iniciativa enfrenta de entrada barreras constitucionales e institucionales de fondo.
A través de un pronunciamiento publicado en la red social X, el congresista de origen costeño sostuvo que una medida de tal envergadura requiere formalmente «una reforma constitucional, con ocho debates y las mayorías requeridas», enfatizando en que la independencia del poder legislativo se respeta mediante los canales legales y «no los atajos ni las mayorías construidas “por debajo de la mesa”». Correa anticipó que votará «NO» a la propuesta por considerarla una medida meramente «simbólica», alejada de las necesidades estructurales que enfrentan las regiones.
En contraste, el parlamentario afirmó que concentrará su respaldo en iniciativas orientadas a una verdadera descentralización del presupuesto nacional. En ese sentido, anunció su voto favorable a «una reforma que aumente los recursos del Sistema General de Participaciones para municipios y departamentos» y se mostró partidario de «eliminar los OCAD de regalías para acabar con la intermediación burocrática que tanto daño le ha hecho a las regiones, incluso a los recursos de la paz».
Correa remarcó que las decisiones legislativas deben alejarse de respuestas orientadas «más al simbolismo o al ego que a las necesidades reales de los territorios», expresando además un mensaje de gratitud hacia la capital del país. Al destacar a Bogotá como «la capital de todos» que le ha brindado oportunidades a ciudadanos de todas las provincias, concluyó que «el verdadero problema sigue siendo el centralismo de los recursos y no el lugar donde sesiona el Congreso», e hizo un llamado a superar los discursos electorales para «concentrarnos en las reformas que transforman la vida de la gente, no en debates que profundizan divisiones innecesarias».
La bancada del Pacto Histórico endureció su postura frente al equipo de transición del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, al condicionar su presencia en el acto de transmisión de mando. A través de un pronunciamiento oficial, la colectividad anunció que declinará la invitación a la ceremonia en caso de que esta se lleve a cabo dentro de un recinto de las Fuerzas Militares, bajo la premisa de que tal decisión vulneraría el principio constitucional de la supremacía del poder civil sobre el estamento armado.
Para el movimiento de oposición, mantener la investidura en los escenarios democráticos tradicionales resulta indispensable para preservar la institucionalidad del país, remarcando que en una democracia consolidada no hay justificación para trasladar un acto civil a una sede castrense. Al tiempo que se sostiene el pulso por la sede del evento, la bancada reafirmó que asumirá su rol de control político de manera rigurosa, enfocados en la defensa de las garantías ciudadanas y el orden constitucional durante el próximo periodo gubernamental.
El Gobierno nacional recibió el primer lote de cloroquina producido por la Universidad de Antioquia, un hecho que, según el Ministerio de Salud y Protección Social, representa un avance en el fortalecimiento de la producción pública de medicamentos y en la estrategia de soberanía sanitaria del país.
La cartera de Salud explicó que este medicamento fue desarrollado con recursos del Fondo de Investigación en Salud, cuenta con registro sanitario del Invima y es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la academia y la industria farmacéutica nacional.
La adquisición hace parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de producción farmacéutica en Colombia, en el marco del CONPES 4170 de 2025 y del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Antioquia para ampliar la infraestructura destinada a la fabricación de medicamentos.
Asimismo, indicó que la compra se realizó a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del cual la Universidad de Antioquia es proveedor para la región, lo que evidencia, según la entidad, el potencial científico y productivo del país.
El Ministerio señaló que esta iniciativa contribuye a consolidar la industria farmacéutica nacional y a garantizar un acceso más oportuno a medicamentos esenciales para la población.
La cloroquina es un medicamento utilizado principalmente para la prevención y el tratamiento de la malaria o paludismo, enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos del género Anopheles.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia se registran entre 50.000 y 100.000 casos de malaria cada año. Las zonas con mayor incidencia se concentran en la costa Pacífica, los valles de los ríos Cauca y Sinú, así como en la Amazonía y la Orinoquia, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan áreas rurales dispersas.
«Este es el resultado de confiar en los 30 años de experiencia de una planta de producción de medicamentos pública y en los más de 220 años de historia de una universidad con una sólida vocación investigativa, que cuenta con más de 200 grupos de investigación. De estos, cerca de 11 pertenecen a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y algunos se especializan en formulación farmacéutica», afirmó Weber Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia.
La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, culminó sin éxito tras ser declarada fracasada por el juez a cargo.
La decisión judicial se tomó al determinar que la fiscal Lucy Laborde no contaba con la competencia necesaria para adelantar dicha diligencia en el proceso.
Este caso, en el que se investiga la presunta violación de datos personales en perjuicio de Day Vásquez, quedará en pausa mientras las autoridades competentes asignan a un nuevo fiscal que asuma formalmente el expediente.
Una vez realizada la designación, el despacho judicial reprogramará la fecha para llevar a cabo la audiencia.
El Senado de la República aprobó la primera proposición para adelantar un debate de control político que citará al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con el fin de rendir explicaciones sobre las garantías y el desarrollo de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 21 de junio. La iniciativa aprobada, promovida por el senador Héctor Olimpo Espinosa del Partido Liberal, busca esclarecer las denuncias sobre presiones al electorado en zonas afectadas por la violencia que requerirían una investigación exhaustiva, sumándose también a las pretensiones de bancadas como el Pacto Histórico —lideradas por la senadora Isabel Zuleta— que insisten en revisar presuntas irregularidades en el escrutinio, las auditorías a los sistemas tecnológicos y la transparencia general del proceso. El debate apuntará a verificar si la institucionalidad electoral cumplió con los mandatos constitucionales para garantizar la voluntad popular en las urnas, mientras el Congreso avanza en sus primeras decisiones legislativas, entre las que destaca la venia otorgada por la plenaria del Senado para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pueda llevar a cabo su acto de posesión en el departamento del Cauca.
El presidente saliente Gustavo Petro lanzó duras críticas a través de su cuenta de X contra el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, a quien cuestionó por priorizar revisiones judiciales sobre la preparación inmediata ante el fenómeno climático que enfrentará el país. Petro señaló que, mientras el gobierno entrante enfoca su atención en la búsqueda de eventuales irregularidades en los ministerios salientes, se pierde un tiempo determinante para mitigar los efectos de una «supersequía» proyectada entre diciembre y mayo de 2027.
«Si Abelardo ha decido ponerle como condición a los ministros y ministras que pondrá buscar delitos las ministras y los ministros que salen, cosa que a mi no me importa porque la orden dada por mi es no rabarse un peso, pero si ocurre eso, se hasta el tiempo que se necesita para atender el fenómeno de la supersequía que vendrá de diciembre a Mayo del 2027 sin mitigar sus efectos», escribió Petro en la red social X.
Ante este panorama, el jefe de Estado anunció que decretará traslados presupuestales hacia frentes prioritarios como agua potable, producción de alimentos, pozos, plantas desalinizadoras y paneles solares.
«Ni raja ni presta el hacha. Mientras vamos a decretar los traslados de dinero hacia los frentes más críticos de la supersequía: agua potable, agua para alimentos, subsidio. fertizantes, desalinizadoras, pozos de agua, acueductos, y muchísimos paneles solares. Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el código penal, que el mismo no se aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía. Es ahora que toca tomar decisiones , si Abelardomlas tomanunnmes antes ya no sirve para nada, por eso debió ir al empalme», afirmó Petro.
Asimismo, instó a su sucesor a documentarse sobre la crisis climática para prevenir emergencias humanitarias, al tiempo que reflexionó sobre el costo personal de su mandato, asegurando que deja el cargo con su patrimonio reducido y sus cuentas bancarias bloqueadas debido a sus posturas internacionales.
«Yo entré con una casa propia y una cuenta de banco que me servía, y ahora salgo con media casa y una cuenta de banco que me bloquearon por o ponerme a un genocidio». Concluyó.
La excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó este jueves una dura advertencia contra el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno nacional. En un hilo publicado en su cuenta de X, la dirigente afirmó que la norma “pone en riesgo la propiedad privada en Colombia” al exceder de manera peligrosa las facultades legales y modificar, por vía administrativa, el Estatuto Registral.
Según Valencia, el decreto permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) cancelar gravámenes, tomar “posesión inmediata” de predios “en el papel” sin necesidad de entrega física y generar efectos registrales a partir de una simple promesa de compraventa. “Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”, señaló.
La senadora destacó además la celeridad con la que se tramitó la norma. El Gobierno abrió el periodo de comentarios en el portal SUCOP únicamente entre el 2 y el 8 de julio, y firmó el decreto el 15 de julio con ministros encargados.
“Lo hicieron, además, a toda velocidad”, criticó.Valencia alertó sobre las consecuencias prácticas: aunque el decreto sea declarado ilegal e inconstitucional por el Consejo de Estado, mientras tanto generará “afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”.
Cuando llegue el “desastre”, predijo, el Gobierno recurrirá al “libreto de siempre” y dirá que “les quitaron la tierra a los campesinos”. “No. Quien tendrá que responder será el Gobierno por haber expedido un decreto improvisado, contrario al Estatuto Registral y a la Constitución”, afirmó.La dirigente insistió en que “la reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”.
Para ella, “la verdadera protección para los campesinos es la seguridad jurídica. También lo es para cualquier colombiano que haya trabajado toda su vida para tener una propiedad”.
El resultado práctico, según Valencia, será “la asfixia del pequeño y mediano productor”. Con un “código especial de utilidad pública o reforma agraria” inscrito en el folio de matrícula, “ningún banco o entidad financiera le renovará un crédito ni le prestará un peso a ese agricultor.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este miércoles una comitiva de alto nivel para representar al Gobierno entrante en la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú, prevista para el próximo martes 28 de julio en Lima.
La delegación estará integrada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el canciller designado, Omar Bula Escobar; y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín.
Según el documento oficial, la decisión reafirma “la importancia de la relación estratégica entre Colombia y Perú” y la voluntad del nuevo gobierno de fortalecer los lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación con los países de la región.
La comitiva asistirá a la investidura y sostendrá encuentros protocolarios con autoridades peruanas y representantes de otros gobiernos presentes.