Paloma Valencia advierte que el Decreto 0765 pone en riesgo la propiedad privada en Colombia.
La excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó este jueves una dura advertencia contra el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno nacional. En un hilo publicado en su cuenta de X, la dirigente afirmó que la norma “pone en riesgo la propiedad privada en Colombia” al exceder de manera peligrosa las facultades legales y modificar, por vía administrativa, el Estatuto Registral.
Según Valencia, el decreto permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) cancelar gravámenes, tomar “posesión inmediata” de predios “en el papel” sin necesidad de entrega física y generar efectos registrales a partir de una simple promesa de compraventa. “Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”, señaló.
La senadora destacó además la celeridad con la que se tramitó la norma. El Gobierno abrió el periodo de comentarios en el portal SUCOP únicamente entre el 2 y el 8 de julio, y firmó el decreto el 15 de julio con ministros encargados.
“Lo hicieron, además, a toda velocidad”, criticó.Valencia alertó sobre las consecuencias prácticas: aunque el decreto sea declarado ilegal e inconstitucional por el Consejo de Estado, mientras tanto generará “afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”.
Cuando llegue el “desastre”, predijo, el Gobierno recurrirá al “libreto de siempre” y dirá que “les quitaron la tierra a los campesinos”. “No. Quien tendrá que responder será el Gobierno por haber expedido un decreto improvisado, contrario al Estatuto Registral y a la Constitución”, afirmó.La dirigente insistió en que “la reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”.
Para ella, “la verdadera protección para los campesinos es la seguridad jurídica. También lo es para cualquier colombiano que haya trabajado toda su vida para tener una propiedad”.
El resultado práctico, según Valencia, será “la asfixia del pequeño y mediano productor”. Con un “código especial de utilidad pública o reforma agraria” inscrito en el folio de matrícula, “ningún banco o entidad financiera le renovará un crédito ni le prestará un peso a ese agricultor.
