Categoría: Política Región

● Con la reciente decisión del Presidente Gustavo Petro de frenar proyectos mineros  en el suroeste antioqueño, su gobierno ha abierto la puerta para escuchar a la ciudadanía y garantizar escenarios de participación que contempla el proyecto de
#LeyDeDemocraciaAmbiental.

● Continuando con la socialización y construcción de la #LeyDeDemocraciaAmbiental, el Representante Juan Carlos Losada llegó al municipio de Montelíbano, para escuchar a todos los actores afectados en una región donde se han explotado minerales como níquel, oro, cobre, plata, platino, hierro, cromo, cobalto y carbón, y que explica el interés de la industria minera que  desde finales de los años 80 se encuentra operando allí y sin duda pone a esta región en el foco de lo que el anterior gobierno denominó la “locomotora minera”.

● El proyecto de ley de Democracia Ambiental ha sido construido por 107 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA.

● Este proyecto de Ley aborda aspectos de la implementación del Acuerdo de Escazú y está alineado con el capítulo de Justicia ambiental y gobernanza inclusiva, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

Este lunes 13 de febrero en el Hotel Montelíbano Plaza del Municipio de Montelíbano (Córdoba) se llevó a cabo la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, que cursa en el Congreso de la República y que busca garantizar el derecho a la participación ciudadana en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en todo el país y que contarán con la participación de los principales representantes de colectivos ambientales de la región.

La audiencia convocada por el Representante a la Cámara del Partido Liberal Juan Carlos Losada de la Comisión Primera Constitucional Permanente, donde inicia el debate del proyecto de Ley, responde a su objetivo de continuar dándole voz a la ciudadanía y hacerlos partícipes del proceso de construcción de las iniciativas, con sus aportes y observaciones sobre el contenido de los proyectos.

El proyecto de ley, iniciativa del Representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan  Carlos Losada, responde a una sentencia de la Corte Constitucional que, en el 2018, advierte que no hay garantías para el pleno ejercicio del derecho a la participación de las personas en el contexto extractivo, e insta al Congreso de la República para que desarrolle uno o más mecanismos de participación que le permitan a las comunidades incidir en la
toma de decisiones.

Con la realización de cabildos abiertos y audiencias públicas en todo el país, se busca garantizar la democracia ambiental y el derecho a la participación, a la información y a la decisión de las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Para Juan Carlos Losada, con la reciente decisión del Presidente Gustavo Petro de frenar proyectos mineros en el suroeste antioqueño, su gobierno ha abierto la puerta para escuchar a la ciudadanía y garantizar escenarios de participación que contempla nuestro proyecto de #LeyDeDemocraciaAmbiental, por ello “invitamos al Presidente Petro y a su Gobierno, a que apoye y se sume, para así garantizar que la gente pueda participar y decidir respecto del extractivismo en su territorio sin que ello dependa de la voluntad del gobierno de turno”.

Es de destacar que el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, fue elaborado y consensuado por 107 organizaciones de la Sociedad civil, que hacen parte del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA y el equipo legislativo del Representante Juan Carlos Losada.

Autoridades, entidades y organizaciones invitadas

Dentro de las autoridades del departamento que asistieron y participaron exponiendo sus posturas frente al proyecto de ley, se encuentran el Alcalde de Montelíbano, Concejales de los municipios de mayor influencia en la región de San Jorge, la Gobernación de Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de Valles del Sinú, así como la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quienes saludaron el espacio de discusión y manifestaron sus observación técnicas y jurídicas al articulado propuesto.

Por parte de la ciudadanía participaron representantes de la ASOCOMUNALES (Asociación de la Juntas Comunales de Montelíbano), del Cabildo Indígena Zenú, el Grupo por la defensa de la Tierra y el Territorio, entre otros colectivos y líderes ambientales y sociales de la región, quienes aprovecharon el espacio para reiterar a las autoridades las implicaciones negativas que ha traído estos proyectos para su territorio en términos ambientales, sociales y de salud pública, por lo que celebraron la iniciativa legislativa dada la importancia de contar con espacios de participación eficientes y vinculantes para las comunidades receptoras de los proyectosextractivistas.

La audiencia fue transmitida por las redes sociales del Representante Juan Carlos Losada y de la Comisión Primera de Cámara.

De acuerdo con datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mediante los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre del año pasado, en el caso particular de las tarifas de energía, la variación anual de los servicios de electricidad llegó a 22,40 %, disparando la inflación en la Costa Caribe durante el 2022.

El análisis por ciudades, en esta zona del país, evidencia que el listado de las ciudades con mayor porcentaje del servicio de energía eléctrica, lo lidera Sincelejo con una variación anual d3 37,19 %, seguido de Montería con 37.00%, Valledupar con 36.84%, Cartagena con 35.88%, Riohacha 33.92%, Barranquilla 32.08% y Santa Marta con 26.98%.

De acuerdo con lo señalado por la directora del Dane, Piedad Urdinola, las reducciones a los precios de la electricidad que se dieron a finales de año no fueron suficientes para compensar este crecimiento. «Ya para el final del año se logró bajar estos niveles de los precios de electricidad, pero esa caída no fue suficiente para compensar este crecimiento que viene representando”

Por su parte, Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco Atlántico, aseguró que urgen medidas del gobierno sobre la Creg, para garantizar medidas contundentes que mitiguen este impacto.

En Audiencia Pública en esta subregión, convocada por el senador Julián Gallo, pobladores de los municipios de La Unión, San Marcos, El Roble, Sahagún y Pueblo Nuevo, tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones y denuncias ante el compromiso firmado en 2015 con ésta multinacional, a pesar de inasistencia de funcionarios del gobierno nacional citados al ejercicio democrático.

 Por Nancy Piedad Sánchez Pérez 

Este fin de semana, en el municipio de La Unión – Sucre,  se llevó a cabo Audiencia Pública descentralizada convocada por el senador Julián Gallo, Partido Comunes, en torno al Acuerdo Jobo, celebrado entre las comunidades organizadas de los municipios de La Unión,  San Marcos (Sucre), Sahagún, Pueblo Nuevo (Córdoba) y la Multinacional CANACOL ENERGY,  en el que se pactaron 40 puntos, distribuidos entre 17 aspectos laborales, 17 en el ámbito social, 4 ambientales y 2 de bienes y servicios, que los pobladores presentes consideran se han incumplido flagrantemente.

En la instalación del evento democrático, tras saludar a las comunidades presentes, el senador Julián Gallo lamentó la inasistencia de funcionarios del gobierno nacional, a quienes hizo un llamado vehemente, toda vez que, “no es una invitación, sino una citación, y están obligados a asistir a estos espacios democráticos… Nosotros, cuando éramos un partido de oposición, siempre reclamamos que los funcionarios llegaran a las audiencias a escuchar de viva voz a las comunidades; ahora que somos partido de gobierno, vamos a pedir una explicación por su inasistencia a esta audiencia pública, ya que estos espacios se convocan es para dar respuesta inmediata a las comunidades”, precisó.

Se refirió además, el senador del Partido Comunes, al compromiso de su bancada con las comunidades de Córdoba y Sucre, que han sufrido los impactos y efectos colaterales de la explotación de gas de esta multinacional energética, y expresó contundente que esto no se puede quedar en una conversación: “Vamos a seguir adelante con este proceso; los acuerdos Jobo tienen una larga trayectoria de lucha, de resistencia, de organización de las comunidades de estos municipios en defensa de lo que es fundamental hoy en día para modificar el modelo económico que nos impusieron hace más de 30 años y que ha causado tanto daño a los pueblos, la defensa del territorio, de las relaciones sociales que se tejen entre las comunidades, de la riqueza de la naturaleza,  la defensa del ambiente, para que la vida se desarrolle en el planeta”, ratificó.

Y a manera de corolario, remató el senador Julián Gallo, ante unos pobladores ávidos de una voz esperanzadora, de una respuesta del Congreso y el Gobierno Nacional: “ Es así como el Presidente Gustavo Petro lo señala, de convertir al país en una potencia de la vida, productora de alimentos; eso tiene que ver con alejarnos de este modelo extractivista, minero energético, que ocasiona tantos daños a las comunidades”.

Por su parte, Silvano Calvo, delegado de la senadora Aida Avella Esquivel, Unión Patriótica, en su intervención, transmitió el mensaje de la congresista en el sentido que les preocupa que en los últimos 10 años el desarrollo de la industria del gas en estas regiones de Sucre y Córdoba, se  pueda convertir de riqueza minera a un conflicto social y ambiental: “Es un reto que tiene hoy la humanidad, de hacer una transformación del modelo minero energético; un tránsito, como lo dijo el Presidente Gustavo Petro, de energías que contaminan a energías amigables con el medio ambiente, entre ellas el gas… Que puedan tener un equilibrio sostenible con la producción agropecuaria de los territorios, vocación de este territorio, que además es una reserva ambiental para el país, que no se puede destruir por la explotación del gas, sin desconocer su importancia para el desarrollo del país. Primero el agua;  y el desarrollo debe ir acompañado de las comunidades”, precisó.

Por su parte, Daniel Lobo Arrieta, habitante de Sahagún, zona de influencia directa, manifestó con extrañeza la ausencia de los ministerios de Minas, del Interior y de Trabajo, “porque en el acuerdo Jobo hay incumplimiento en todos los aspectos, y por esta razón era importante su asistencia”, expresó. Hizo a su vez un balance de la producción del gas en los llamados Clarinetes, ubicados en el corregimiento de Rodania: Clarinete 2, produce 20 millones de pies cúbicos diarios; Clarinete 5,  18 millones de pies cúbicos; y Clarinete 7, 7 millones de pies cúbicos, y ante estas cifras cuestionó:  “¿A Ustedes les parece justo, que ante tremenda producción, solo de Rodania, imagínense los demás pozos de la zona, que las vías de estos municipios estén dañadas, y no porque sea responsabilidad de CANACOL ENRGY, yo sé que la responsabilidad es de los alcaldes, pero las vías la utilizan con maquinarias pesadas”…

En su intervención, Lobo Arrieta hizo una denuncia pública con respecto a los PBC (Programas en Beneficio de las Comunidades), proyectos de Inversión Social que deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las Zona de Influencia de las Operaciones: “La multinacional CANACOL ENERGY visita las comunidades y dice que los PBC cambiaron… Están engañando a nuestra gente; las personas que formaron parte de la construcción de los acuerdos Jobo en su momento  han cambiado, y algunos no tienen conocimiento de ello, pero en ningún momento, ni por sanción presidencial, ni por directrices del ministerio, han cambiado.  Los PBC, determinan las cuantías de inversión social que se deben hacer en las comunidades ¿A Ustedes les parece justo que en Clarinete 7 den 17 millones de pesos de inversión social? Es una miseria y una cachetada a la moral de un municipio”, reclamó.

Pidió por último que cuando el ministerio decida escuchar la situación, no lo haga a espaldas de las comunidades y solo invite a los alcaldes para que ellos decidan. Reiteró los incumplimientos del acuerdo Jobo ya que son generalizados, “cuando se habló de masificación de gas, no solo era para los municipios de Sahagún, San Marcos y la Unión; el acuerdo Jobo señala que en la medida del crecimiento de nuevos bloques, a los municipios de El Roble y Sampués, que son nuevos, también los cobija todos los beneficios consignados en el acuerdo”.

La comunidad de Zipataca se pronunció en la audiencia pública a través de su lideresa la Sra. Martha, quien denunció porqué esta reserva hídrica se ha visto afectada, porque la empresa PETROSEN, contratista de CANACOL, ha usurpado la ciénaga y sus arroyos y ha instalado veinte cargas; ya ha explotado 7, y todavía hay 13 sin explotar. La comunidad recogió los cables y las batería para impedir que exploten el resto de cargas… Han buscado a personas para que hagan el trabajo a escondidas de explotar el resto de cargas y no haya evidencia alguna. Ésta pobladora afectada, casi suplicó al Congreso y al Gobierno Nacional, a través del senador Julián Gallo: “No nos dejen morir, nuestra ciénaga es la que nos da de comer”.

A su vez, Oky Ricardo, Alguacil Mayor, pidió al gobierno nacional instalar mesas de diálogos para el cumplimiento de los acuerdos, y denunció el atropello y la barbarie que hizo la empresa PETROSEN en apoyo de CANACOL ENERGY con la sísmica de Charango 3D y Timbal 3D, y sostuvo finalmente: “Las quejas son sociales y ambientales”.

La Personera del municipio, Viviana Tejada, pidió, “que quede en acta que se convoque a ANLA y a la ANH como responsables directos de Las licencias ambientales y de los programas que se ejecutan en las diferentes regiones”.

Por su parte, Daniel Gaviria, en representación de la Vicepresidenta Francia Márquez, propuso que se cree un comité interdisciplinario de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los acuerdos, “para ver dónde se invirtieron, y a dónde llegaron esos recursos, y hacer una denuncia nacional e internacional sobre lo que está haciendo esta multinacional en el territorio; también, que se haga una denuncia pública ante los medios de comunicación que CANACOL y los alcaldes dejaron al pueblo sucreño tirado como una basura”, declaró vehemente.

Ante tantas y sentidas reclamaciones de los lugareños, el senador Julián Gallo expresó que se compromete a todo lo que se pueda hacer desde la bancada del Partido Comunes y del Pacto Histórico, para que esta problemática se ponga en conocimiento a través de los ministerios; y a su vez propuso que se nombre una delegación de líderes para que viaje a Bogotá y logren activar la mesa técnica de seguimiento al acuerdo, y así dar una solución directa.

También asumió el compromiso de recoger la información para elaborar unos derechos de petición para dirigirlas a los ministerios y las demás entidades que tienen que ver con la problemática, para llamar la atención de estas entidades;  si no hay una respuesta, esos derechos de petición nos abren la puerta para hacer el ejercicio democrático de citar a debate de control político para que los ministerios den un respuesta y sean escuchados a través de sus dirigentes. Ratificó toda la disposición y el compromiso de hacer seguimiento a esta preocupante situación.

Luego de una reunión del fiscal general de la nacional, Francisco Barbosa con los directores de las seccionales de la Costa Caribe, que tuvo como objetivo verificar los avances investigativos en los frentes de trabajo priorizados para poner en evidencia y lograr la judicialización de las personas que quieren quedarse con recursos estatales, el ente investigativo resaltó los resultados obtenidos en Sucre.

En este sentido, la Fiscalía informó que desde febrero de 2020, han sido imputadas en ese departamento 125 personas por distintos hechos asociados con corrupción. Entre los investigados hay 6 alcaldes y 4 exalcaldes, 14 contratistas, 48 funcionarios, un concejal y 52 particulares. Estas personas, en su mayoría, incurrieron en irregularidades de contratación o recibieron dineros para favorecer a alguien específico en este tipo de procesos, entre otras conductas ilícitas.

Uno de los hechos más recientes involucra a Mayda Balseiro López, exalcaldesa de San Onofre.

De acuerdo al fiscal general, Francisco Barbosa, la exmandataria, junto a un exsecretario de Obras Públicas, un interventor y dos contratistas, «habría participado en la celebración irregular de un contrato y se habrían apropiado de 2.500 millones de pesos».

Este tipo de redadas contra la corrupción se vienen haciendo en todo el país. En Magdalena, por ejemplo, van 38 personas que han sido procesadas por su responsabilidad en «irregularidades de contratación, desviación de recursos públicos y otras conductas que han puesto en riesgo el adecuado suministro de bienes y servicios para la ciudadanía», concluyó Barbosa.

En Montería 233 niños y niñas beneficiarios de unos de los programas de primera infancia del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, reciben la atención en las calles y parques debido a que la regional de la entidad y el operador del mismo, Fundescar, no han habilitado una sede para tal fin.

Son 17 personas entre docentes y auxiliares que deben sortear las lluvias y el sol para ubicar un lugar público donde atender a los niños beneficiarios del programa. De acuerdo a información entregada a Burbuja Política, la situación anormal se presenta desde el pasado 8 de julio.

Lo más preocupante es que el tema lo conoce la coordinadora zonal de la entidad en Córdoba, Gladys Caraballo y el director regional, Alberto Jiménez, sin ofrecer hasta el momento solución al problema.

El operador, Fundescar se lava la manos y culpa a la regional del ICBF.

Tras presentar quebrantos de Salud, falleció en las últimas horas el Dirigente político Julio Guerra Tulena.

Así lo confirmó su hijo el ex senador Julio Miguel Guerra Soto a través de sus redes sociales.

Julio Guerra Tulena fue un médico y político sucreño, miembro del Partido Liberal, fue elegido por voto popular para integrar el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia; Fue Gobernador del departamento de Sucre entre 2012 y 2015., nació un 27 de septiembre de 1933 y falleció este martes 27 de septiembre de 2022.

La encuesta Invamer Poll muestra que el presidente electo alcanzó la percepción más favorable desde los registros de 2005.

Los datos de la encuesta Invamer Poll dejan ver que el presidente electo, Gustavo Petro, obtuvo la imagen más favorable ante la opinión pública en los últimos 17 años, desde cuando esa firma comenzó a medir la opinión de los colombianos sobre el político de izquierda.

La imagen favorable de Petro se ubicó en 64% en el informe de julio, una participación que subió 22 puntos porcentuales desde el 42% que registró en el reporte anterior, el de febrero de 2022.

Mientras la participación de quienes ven con buenos ojos al líder del Pacto Histórico marca al alza, la proporción de aquellos que aún no están convencidos con su proyecto de país cayó del 42% al 22% en ese mismo lapso, marcado un retroceso de 20 puntos porcentuales.

El más reciente reporte de la Invamer Poll se conoció este miércoles 13 de julio. La información para esa pesquisa fue recabada entre el 30 de junio y el 10 de julio mediante entrevistas presenciales aplicadas a 1.200 personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El sondeo tiene un margen de error del 6,93%.

Tomado de: El Colombiano

La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento del Cesar, Lucas Segundo Gnecco Cerchar como autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y le impuso una pena de 5 años y 2 meses de prisión, y una multa de 15,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, así como la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad. 

La decisión de la Sala de Primera Instancia, contra la que procede el recurso de apelación, sustituyó la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario para que pueda cumplir la reclusión en su domicilio, debido a que se encuentra en estado de grave enfermedad.  

Los hechos por los que el exgobernador Gnecco Cerchar fue condenado en primera instancia tienen que ver con la celebración y trámite de cinco contratos de obras públicas en 1999, los cuales tenían como objeto la rehabilitación y mejoramiento de la carretera entre el Zanjón y el Pueblo Bello (Cesar). También por dos contratos de febrero del 2000 para construir una calle en Bosconia (Cesar).  

Tras culminarse el juicio, la Sala Especial de Primera Instancia determinó que la Fiscalía General de la Nación demostró que el exgobernador Gnecco Cerchar tramitó y celebró esos contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Esto, debido a que acudió a la fragmentación del objeto contractual, con el fin de evadir la licitación, el cual era un requisito esencial en los negocios objeto de juzgamiento, desconociendo con ello los principios de la contratación pública. 

En la providencia, la Sala señala que “(…) la obra fue pensada para ser ejecutada bajo un solo contrato, sin que exista justificación algunas para su segmentación, ni desde lo jurídico y menos desde lo técnico (…) El anterior análisis permite entender que entre cada grupo de contratos (134 a 138 y 004 y 006) era predicable la unidad de objeto, sin que las razones para realizar múltiples contratos se funden en criterios razonables de satisfacción del interés público, sino que, por el contrario, estas lucen artificiosas y dirigidas a desatender las reglas contractuales”.  

La sentencia destaca que el fraccionamiento tuvo como finalidad alterar el objeto del contrato y dividir su cuantía, para que pudiera ser adjudicado de forma directa, prescindiendo del procedimiento de licitación pública que exigía la ley por el monto del rubro a ejecutar.  

La Sala de Primera Instancia también determinó que el exgobernador actuó con culpa, y destacó que el hecho de que los estudios del señor Gnecco Cerchar llegaran a primero de bachillerato no socaba de manera alguna su responsabilidad en la conducta investigada, pues su trayectoria política indica que contaba con experiencia en cargos públicos. “Gnecco Cerchar tenía plena conciencia de la antijuridicidad de la conducta desplegada, dada su vasta experiencia en la vida pública, desempeñándose a lo largo de su carrera política como concejal del Municipio de La Paz (Cesar), diputado de la Asamblea Departamental del Cesar y Representante a la Cámara por el mismo departamento, además de haber ostentado la calidad de gobernador en dos oportunidades: la primera, para el período 1992-1995, y la segunda en el período 1998-2000″, señala la providencia.  

Los próximos 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre se llevarán a cabo los Días sin IVA, confirmó el Presidente Iván Duque Márquez, quien cumple una visita oficial a España.

“Los tres días sin IVA se llevarán a cabo el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre”, expresó el Jefe de Estado a los periodistas, luego de una conferencia ofrecida por el Mandatario en el Foro Nueva Economía en la capital española.

El Presidente Duque dijo que con las jornadas los comerciantes podrán liquidar inventarios y se estimulará el consumo, no solo de manera presencial sino aprovechando los canales virtuales.

En el 2020, los días sin IVA fueron celebrados el 19 de junio y el 3 y el 19 de julio, que fueron aprovechados por los colombianos para adquirir elementos deportivos, juguetes, electrodomésticos y útiles escolares, entre otros.

“Invitemos al país a realizar este ejercicio con toda responsabilidad y con todos los protocolos de bio seguridad”, puntualizó el Primer Mandatario.

El sector comercial ha sido uno de los más importantes impulsores del buen desempeño de la economía, que en el segundo trimestre del 2021 creció un 17,6%, el nivel más alto para un periodo similar en el presente siglo.