Categoría: Política Región

Un nuevo hecho de sangre sacude al área metropolitana de Bucaramanga tras el asesinato de Virgilio Bueno, un conocido empresario del sector ferretero en el municipio de Floridablanca. El ataque ocurrió en plena vía pública del barrio La Cumbre, donde el comerciante fue interceptado por sicarios armados que le propinaron múltiples disparos antes de emprender la huida.

A pesar de que los testigos del sector auxiliaron rápidamente a la víctima y la trasladaron de urgencia a un centro asistencial cercano, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de los impactos de bala. Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana acordonaron el lugar de los hechos para adelantar la inspección judicial y la recolección de material probatorio, mientras que un equipo de investigadores analiza las cámaras de seguridad de la zona y recopila testimonios vecinales para identificar a los autores materiales y esclarecer los móviles del crimen.

El presidente Gustavo Petro desarrollará este miércoles una agenda en el departamento de Sucre centrada en el fortalecimiento de las políticas sociales, culturales y de inclusión económica impulsadas por el Gobierno nacional.

La jornada incluirá dos eventos principales: ‘Con Artes para la Paz, le cumplimos a la niñez y a la juventud’ y ‘Petro le cumplió a Sucre’, espacios que reunirán a comunidades, jóvenes, mujeres, adultos mayores y beneficiarios de programas sociales del Gobierno del Cambio.

El primer encuentro estará enfocado en las apuestas culturales y pedagógicas dirigidas a niñas, niños y jóvenes del departamento, destacando el papel del arte, la cultura y la formación como herramientas para la construcción de paz y la prevención de violencia. El evento se realizará en el Colegio José Ignacio López, que está vinculado a este programa.

Posteriormente, el mandatario encabezará la concentración ‘Petro le cumplió a Sucre’, que se desarrollará en Sincelejo y tendrá como eje central los avances sociales del Gobierno nacional en materia de reducción de pobreza, transferencias monetarias, economía popular y soberanía alimentaria.

De acuerdo con Prosperidad Social, entre 2022 y 2026 más de 2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria en el país y cerca de 933 mil superaron la pobreza monetaria extrema.

En el caso del departamento de Sucre, el programa Renta Ciudadana ha beneficiado a miles de hogares vulnerables. Solo en 2025 la atención llegó a 29.712 hogares, con una inversión superior a 56 mil millones de pesos, mientras que en 2026, con corte al 1 de mayo, ya se han atendido 27.675 hogares con recursos que superan los 19 mil millones de pesos.

El Gobierno nacional destacó además que el 86 % de las personas beneficiarias de Renta Ciudadana en Sucre son mujeres, especialmente madres cabeza de hogar, consolidando una política enfocada en la autonomía económica y la protección social de las familias más vulnerables.

La agenda presidencial también resaltará el fortalecimiento de la economía popular y solidaria, sector al que Prosperidad Social ha destinado más de 7 mil millones de pesos en Sucre para apoyar organizaciones productivas, asociaciones y emprendimientos comunitarios.

La concentración ‘Petro le cumplió a Sucre’ se realizará en Sincelejo y contará con la participación de cerca de 20 mil personas, entre mujeres beneficiarias de programas sociales, jóvenes, adultos mayores y representantes de organizaciones de economía popular.

Con esta agenda, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la inclusión social, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de oportunidades para las comunidades del Caribe colombiano.

Una tragedia mantiene consternada a la comunidad del municipio de El Espinal, Tolima, tras el fallecimiento de Mía Kathaleya Ramírez López, una bebé de tan solo seis meses de edad. La menor fue ingresada inicialmente al hospital San Rafael a las 5:00 de la tarde por su madre, quien manifestó que la pequeña presentaba un cuadro febril. Sin embargo, la consulta médica de rutina dio un giro alarmante cuando el personal de salud detectó graves lesiones físicas en el cuerpo de la lactante.

Ante el hallazgo de múltiples afectaciones que no coincidían con una enfermedad común, el centro asistencial activó de inmediato los protocolos de emergencia y de protección al menor. Debido a la gravedad de su estado de salud, la niña fue reclutada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital local, donde los especialistas intentaron estabilizarla durante varias horas.

Hacia las 10:00 de la noche, y ante la necesidad de atención médica de alta complejidad, se ordenó su traslado urgente hacia una clínica en la ciudad de Ibagué. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico por salvarle la vida, la condición de la menor continuó deteriorándose de manera irreversible, confirmándose su deceso al mediodía de este miércoles.

El trágico desenlace ha despertado un profundo dolor y repudio entre los habitantes de la región, quienes exigen celeridad en los procesos judiciales. El caso ya está en manos de las autoridades competentes y de los organismos de investigación, los cuales buscan esclarecer el origen de las delicadas lesiones que presentaba la bebé y determinar las responsabilidades correspondientes en este lamentable suceso.

FUERON CAPTURADAS 11 PERSONAS POR MILLONARIO FRAUDE A SUBSIDIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL EN TRES CIUDADES DEL PAÍS

Caen los presuntos responsables del robo de más de $3.000 millones destinados a las familias más vulnerables de Colombia

En el marco de la ofensiva contra la corrupción, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un contundente golpe a las estructuras criminales dedicadas al fraude electrónico, durante una operación simultánea llevada a cabo en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, donde se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento y se hicieron efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial de personas sindicadas por el presunto robo de más de $3.000 millones de pesos que habían sido destinados a las familias más vulnerables de Colombia.

De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, para apropiarse ilegalmente de los recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los cuales estaban estrictamente destinados a mitigar la pobreza de familias en situación de alta vulnerabilidad.

El desvío ilícito de estos fondos estatales supera los $3.000 millones de pesos, afectando directamente las arcas de los programas sociales. Para lograr el cometido la organización delincuencial suplantaba las huellas dactilares de las víctimas; los peritos judiciales mediante minuciosos cotejos dactiloscópicos, lograron evidenciar que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, con el fin de modificar las mismas, por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices y así realizar los cobros fraudulentos.

Se trata de una investigación que duró más de un año en la cual investigadores del Área Anticorrupción de la DIJIN, recopilaron desde el año 2023 a la fecha suficiente material probatorio, con el que fue posible llegar a este resultado; fue la red multiservicios de giros, quien denunció inicialmente ante la fiscalía de las ilegalidades presentadas en varios de sus puntos de pago. Fueron varias auditorias internas que dieron fundamento para identificar la modalidad delictiva de la organización criminal.

Los investigadores lograron identificar a alias ‘Yeimar’ como presunto cabecilla y a sus integrantes quienes tenían roles criminales específicos dentro de la organización (reclutadores, cobradores y suplantadores); habían empezado a cobrar fraudulentamente los subsidios en la ciudad de Medellin y municipios del departamento de Antioquia, pero decidieron expandir su red criminal hacia las ciudades de Ibagué (Tolima), Monteria (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron lugares específicos para realizar falsificación de documentos de identidad, acceder abusivamente a los sistemas informáticos y captar colaboradores para realizar los cobros.

“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios. La investigación continua con la búsqueda de más integrantes y colaboradores de la organización criminal, entre estos, posibles funcionarios públicos quienes habrían entregado información privilegiada a la estructura criminal”: Afirma El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Durante los allanamientos fueron encontrados e incautados 9 computadores, 8 terminales telefónicas y 3 discos duros que serán sometidos a pruebas forenses para extraer información; también fueron halladas maquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos para la presunta creación ilícita de cedulas de ciudadanía.

Las 11 personas detenidas y los elementos materiales probatorios incautados durante los allanamientos, fueron presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías quien dio legalidad a sus capturas y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable de proteger los recursos del Estado y garantizar que las ayudas sociales lleguen a los ciudadanos que más lo necesitan, neutralizando a quienes pretenden lucrarse mediante el uso ilegal de la tecnología.

En un acto de justicia histórica, defensa del patrimonio del Estado y compromiso con el campesinado humilde y trabajador, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó en zona rural de Valledupar (Cesar) los predios La Alquería y Caja de Ahorros, los cuales suman una extensión de 606 hectáreas y que, de manera ilegal, estaban en manos de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’ o ‘Barbie’.

Estas propiedades, ubicadas en el corregimiento Aguas Blancas, representan la consolidación de un imperio ganadero que pasó de manos de familias tradicionales de la región a la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes S.A.S., vinculada a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes. Estos bienes fueron adquiridos a través de una progresiva acumulación empresarial que buscaba blindar patrimonio ilícito.

Recientemente, en una asamblea campesina realizada en el parque Garupal de Valledupar, ante cerca de 1.500 campesinos y campesinas del departamento, el director de la ANT, Felipe Harman, anunció la entrega de estos bienes rurales a dos asociaciones campesinas.

Al intervenir estos dos predios, el Estado colombiano no solo recupera recursos destinados a indemnizar a las víctimas de las AUC, sino que también envía un mensaje contundente sobre la persecución de activos de origen ilícito destinados a la Reforma Agraria.

La investigación de la ANT sobre los predios indica que Hugues Manuel Rodríguez, reconocido como un poderoso ganadero en el Cesar, tuvo nexos con estructuras paramilitares, pues fue señalado de ser financiador y promotor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esa zona del norte del país. Fue condenado en Colombia por promover la conformación de grupos paramilitares y estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Durante la recuperación material de estos predios, la ANT encontró más de 1.500 cabezas de ganado, maquinaria pesada y cuartos destinados al enfriamiento de leche.

A diferencia de los mandos puramente militares en las AUC, Rodríguez Fuentes utilizó su condición de ganadero y empresario para servir como articulador financiero y político del Bloque Norte de las Autodefensas, bajo el mando de alias ‘Jorge 40’.

Su relevancia lo llevó a ser incluido en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues lo señalaron de lavar capitales del narcotráfico a través de un complejo entramado societario, en el que la firma Inversiones Rodríguez Fuentes SAS actuaba como eje central de sus operaciones legales.

En este caso se observa, al parecer, un esquema de “lavado de tierras” mediante la creación de estructuras empresariales de fachada. Este mecanismo permitió camuflar el control territorial sobre el Cesar bajo una apariencia de legalidad corporativa, blindando el patrimonio acumulado durante los años de mayor intensidad del conflicto armado en la región.

La recuperación de los predios La Alquería y Caja de Ahorros constituye un hito en la desarticulación económica de las antiguas estructuras paramilitares. La transición de estos bienes desde la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacia programas de adjudicación para campesinos sin tierra representa un acto de justicia transicional y reparación transformadora.

Desde la Costa Caribe, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y al Fondo Adaptación estructurar un plan transitorio de recuperación de playas, como respuesta a los efectos recientes de fenómenos climáticos extremos que han afectado a comunidades pesqueras de la región.

Durante un encuentro con pescadores, el mandatario explicó que los eventos que han golpeado la zona no son naturales, sino consecuencia del cambio climático global. “Lo que vino aquí trayendo barcos, incluso inmensos casi arrojándolos sobre las casas, es un frente ártico que nunca había entrado a estos mares y a estas tierras, nunca, que se sepa. Y es la primera vez que entra y nos arroja un desastre que no es natural, visión que hay que empezar a cambiar, no es la naturaleza la culpable».

El jefe de Estado vinculó estos impactos con el calentamiento global y advirtió sobre la necesidad de preparar el territorio para nuevos eventos. En este sentido, cuestionó el funcionamiento del Fondo Adaptación y pidió reorientar su enfoque hacia acciones prioritarias en las regiones más vulnerables.

En su instrucción, el Presidente señaló que la AUNAP deberá coordinar con el Fondo Adaptación un proyecto concreto para mitigar los efectos en la zona costera. “Entonces, uno, reúnase usted con el Fondo de Adaptación y meta un proyecto de recuperación transitoria, cuando venga otro fenómeno de esos, todo lo que hagamos se acaba, pero transitoria de recuperación de playas, se pueden hacer algunas cosas con la ingeniería que tiene que ver con el mar».

El mandatario también puso sobre la mesa la posibilidad de financiar estas acciones con recursos provenientes de la emergencia económica, recientemente avalada por la Corte Constitucional. En ese contexto, planteó la necesidad de definir si dichos fondos pueden destinarse a la adaptación costera. “Hay unos dineros, necesito que me respondan, porque esos dineros por fin la Corte Constitucional decidió dejarlos (…) y por tanto hay que hacer una inversión inmediata, y lo que quiero preguntar es si podemos financiar la adaptación de playas con ese recurso para aquí dejar algo concreto antes de que nos vayamos».

Adicionalmente, el Presidente insistió en la urgencia de transformar el modelo productivo de la pesca en Colombia para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En ese sentido, reiteró que el objetivo no es mantener la pesca artesanal en su estado actual, sino fortalecerla mediante procesos de modernización e industrialización en manos de los propios pescadores.

El jefe de Estado destacó que avanzar hacia cadenas de frío, transformación del producto y mayor capacidad de producción permitirá evitar la intermediación injusta y mejorar los ingresos de los pescadores. Subrayó que este proceso debe incluir embarcaciones con mayor alcance y organización asociativa para incrementar la productividad sin desplazar a las comunidades tradicionales.

Finalmente, el Presidente enfatizó que la única forma de superar la pobreza en estas regiones es mediante el fortalecimiento productivo. Señaló que la industrialización de la pesca debe hacerse de manera incluyente, asegurando que los beneficios lleguen directamente a los pescadores y no a grandes empresas, con el objetivo de garantizar equidad y sostenibilidad en el sector.

Un ataque con artefactos explosivos perpetrado desde el aire sacudió las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena en Riohacha, dejando un saldo de 12 uniformados heridos durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo. Los primeros reportes de las autoridades indican que el atentado se ejecutó mediante el uso de drones, desde los cuales se lanzaron las cargas hacia la base militar ubicada estratégicamente sobre la Troncal del Caribe.

La onda expansiva provocó destrozos considerables en la infraestructura del complejo, afectando de manera directa las áreas perimetrales a los alojamientos de las tropas, según se pudo constatar en registros audiovisuales difundidos poco después del incidente.

La fuerte detonación no solo irrumpió en el silencio de la madrugada militar, sino que se escuchó con nitidez en varios vecindarios de la capital de La Guajira, desatando una ola de zozobra entre la población civil. De inmediato, los soldados afectados fueron evacuados hacia clínicas locales donde reciben atención médica; por fortuna, los partes médicos preliminares descartan víctimas fatales. Como medida de seguridad y para garantizar la protección de los viajeros, las fuerzas de seguridad ordenaron el bloqueo temporal del flujo vehicular en la Troncal del Caribe, mientras técnicos antiexplosivos barren el terreno para asegurar que no existan más cargas sin detonar en las inmediaciones.

Aunque las investigaciones formales apenas comienzan, los altos mandos del Ejército Nacional condenaron de forma enérgica este acto terrorista y apuntaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el principal sospechoso detrás de la agresión. Este nuevo suceso se suma a una preocupante racha de ofensivas similares que se han venido registrando en el territorio nacional, donde los grupos armados ilegales han sofisticado sus métodos de combate recurriendo a tecnologías aéreas no tripuladas para golpear de manera directa a la Fuerza Pública.

Los elementos materiales probatorios aportados una fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer señalada de instrumentalizar a su hija, menor de edad, con fines de explotación sexual.

Una alerta emitida por la embajada de los Estados Unidos, luego de que en diciembre de 2025 fuera capturado en Medellín (Antioquia) un ciudadano de ese país permitió encontrar en sus dispositivos electrónicos abundante material audiovisual en el que aparece una menor de edad, y que era compartido en redes sociales.

El trabajo coordinado con las autoridades de Estados Unidos evidenció que el extranjero, entre mayo y noviembre de 2025, habría sostenido en Cartagena conversaciones para que la mujer, de 23 años, le compartiera archivos íntimos en los que apareciera la hija, menor de edad, de la procesada.

La mujer, al parecer, aceptó dichas prácticas en, al menos seis ocasiones en las que habría compartido fotografías y videos a cambio de dinero.

En ese sentido y en cumplimiento de una orden judicial, la ahora implicada fue capturada por uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, el pasado 28 de abril en el barrio La Castellana de la capital bolivarense.

La mujer no aceptó ser responsable de los delitos de pornografía con menor de 18 años agravada, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual, que le imputó la Fiscalía.

Un grave atentado terrorista sacudió la mañana de este martes 26 de mayo la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, luego de que una patrulla adscrita a la Policía de Carreteras fuera blanco de un ataque con explosivos y ráfagas de fusil.

El hecho criminal se registró en las inmediaciones del peaje del municipio de Pamplonita, donde los uniformados que realizaban labores de control vial fueron sorprendidos por la detonación. Las primeras informaciones confirman que varios policías resultaron heridos tras la agresión y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Pamplona para recibir atención médica especializada.

Ante la gravedad de la situación, unidades de la Policía Nacional y del Ejército se tomaron la zona para repeler el ataque, asegurar el perímetro y adelantar las verificaciones correspondientes ante la posible presencia de otros artefactos explosivos. Por motivos de seguridad y mientras se desarrollan las labores de investigación en el sitio, las autoridades ordenaron el cierre total del tránsito vehicular en ambos sentidos de la doble calzada, lo que ha generado una fuerte congestión en este importante corredor vial de Norte de Santander.

El operativo militar y policial continúa desplegado en el sector para dar con el paradero de los responsables, en una noticia que se mantiene en desarrollo.

En la madrugada de este lunes, el municipio de Tame, ubicado en el departamento de Arauca, volvió a ser escenario de la violencia que azota a esta región del país. Alfredo Iván Guzmán Barbacel, un hombre de 33 años e hijo del exalcalde de la localidad, Alfredo Iván Guzmán Tafur, fue interceptado por un grupo de sujetos armados mientras regresaba a su vivienda en el barrio Villa Maestro, luego de haber compartido con otras personas.

Los atacantes lo obligaron a subir a un vehículo y huyeron con rumbo desconocido, sumiendo a su familia y a la comunidad en la incertidumbre.

Ante la gravedad de los hechos, unidades especializadas del Gaula de la Policía y del Ejército Nacional activaron de inmediato un riguroso operativo de búsqueda y verificación en la zona. Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que los captores habrían escapado utilizando el corredor vial que conecta a Tame con el municipio de Rondón.

La situación es de alta complejidad, dado que en esta parte del departamento operan activamente estructuras armadas ilegales del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las antiguas Farc.

El hecho ha provocado un rechazo generalizado en el ámbito político y social.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño Castro, quien condenó categóricamente el secuestro a través de sus redes sociales. En su mensaje, el congresista hizo un llamado urgente para que se respete la vida y se proceda a la pronta liberación del joven. Asimismo, solicitó formalmente la mediación humanitaria de la Defensoría del Pueblo y de la Diócesis de Arauca con el fin de facilitar los canales institucionales que permitan el regreso seguro de Alfredo Iván al seno de su familia.