Categoría: Política Región

Un grupo empresarios y lideres gremiales nos reunimos el pasado 20 de julio, día de la Independencia, y luego de varios meses sosteniendo reuniones, debatiendo sobre algunos nombres y buscando una persona adecuada para ocupar el primer cargo del departamento, determinamos pedirle a Cristian Halaby que considere seriamente ser candidato a la Gobernación de Antioquia, ya que vieron en él, un defensor del trabajador, el emprendimiento y el crecimiento de las empresas locales, por eso decidimos respaldar, las cualidades de liderazgo de Halaby y resaltar su compromiso por impulsar el desarrollo integral.

Antioquia se ha caracterizado por ser una tierra pujante de generación de riqueza y bienestar para todos los antioqueños en cada una de sus 9 subregiones; nuestro departamento es una empresa que necesita un gerente que la maneje a consciencia y responsabilidad y no con politiquería que busca cercenar, dividir, atacar y debilitar social, moral, económica y geográficamente y la lleve al fracaso.

“Cristian Halaby, conocido por su dedicación y experiencia en el fomento del espíritu emprendedor, ha sido una figura ejemplar en nuestra comunidad durante años. Su visión y dedicación inquebrantable al crecimiento del desarrollo local le han valido una merecida reputación como una persona comprometida con Antioquia. Con una sólida formación en valores éticos, morales y administrativos, ha demostrado sus habilidades en la generación de estrategias fomentando su liderazgo social, cívico y empresarial; Halaby tiene las capacidades y la experiencia necesarias para gerenciar de manera efectiva nuestro departamento”. Afirmó Jorge Duque, empresario del sector textil.

Para este colectivo es importante un liderazgo como el de Halaby para evitar que nos roben y se pierda la integridad del departamento y que dobleguen nuestra cultura. Es imposible continuar siendo dirigidos por politiqueros que permitan el ataque a las empresas, a nuestra infraestructura, a las arcas del departamento, los recursos naturales, que enreden la salud de los antioqueños y que acaben con el orgullo paisa.

Se necesita un gerente que proteja Hidroituango y la FLA, a todas las empresas públicas del departamento, la educación, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias y nuestras tradiciones, por eso no debemos entregar las llaves de nuestro gobierno.

Antioquia está amenazada por quienes ponen en peligro su futuro y liderazgo en el país, por eso consideramos que Halaby es el gerente capaz de lograr lo que los políticos tradicionales no han podido. A grandes problemas, grandes soluciones, y Halaby es la solución. Su experiencia y capacidad de formar equipos lo hacen el Gobernador que Antioquia necesita.

Este colectivo de empresarios considera que Antioquia necesita un entorno social favorable que fomente la inversión, la creación de empleo y la prosperidad económica. Halaby ha demostrado continuamente su compromiso de fomentar un ecosistema de generación de bienestar a partir del relacionamiento entre las empresas y los antioqueños.

Bajo el liderazgo de Halaby, nuestra región puede esperar un impulso significativo en el crecimiento económico desde el sector agropecuario, infraestructura y social. “Como empresarios creemos que Cristian Halaby es el candidato ideal que puede generar la transformación que Antioquia necesita”. Concretó Andrés Botero, dirigente gremial.

“Nosotros aportaremos con nuestra red de contactos en diferentes áreas como la educación, la infraestructura y el desarrollo para fortalecer el crecimiento del pueblo antioqueño” afirmó León Darío Correa, directivo gremial.

“Antioquia no puede estar tan lejos de sí misma, sin infraestructura. ¿Dónde están los políticos que han prometido acercar los municipios de Antioquia? ¿Dónde está la prometida conectividad? Todo lo contrario ha ocurrido con los pueblos antioqueños cada vez más alejados de las 4G, vías que además están amenazadas de no terminarse. ¿Dónde están las vías interveredales? Todo esto influye en el transporte de carga y pasajeros, encarece los precios de los alimentos y limita el desarrollo. Es inconcebible que los antioqueños tengamos que ir a Coveñas cuando tenemos nuestra propia costa o que no podamos ir por vías cómodas hasta Guatapé y otros municipios turísticos. Por eso creo que Halaby es el llamado a tomar las riendas del departamento” afirma Luis González de la asociación de volqueteros de Antioquia.

Con este comunicado hacemos oficial nuestra solicitud a Cristian Halaby para que sea el gobernador de todos los paisas y defienda nuestra cultura, nuestras tradiciones y proteja el futuro de los antioqueños.

Con una reducción de 24 víctimas fatales menos, que representa una disminución del 32%, Cartagena, sigue ocupando el primer lugar entre ciudades capitales con mayor número de vidas salvadas en siniestros viales.

Este indicador fue dado a conocer por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en sesión del Consejo Territorial de Seguridad Vial de Bolívar donde se realizaron análisis de las acciones para salvaguardar vidas en la vía, para proteger la integridad de los actores viales y la medición para el seguimiento de las estadísticas en esta materia.

Janer Galván, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, precisó que «En la reunión, la Agencia Nacional de Seguridad Vial mostró que, a corte de mayo de 2023, Cartagena sigue ocupando el primer lugar en reducción de víctimas fatales en siniestros viales con menos 24 personas fallecidas. Esto representa vidas salvadas en las vías de la ciudad”.

Estos resultados, según el funcionario son producto de acciones adoptadas como las medidas de movilidad que se aplican para motocicletas, automóviles, así como las acciones expedidas en temporadas turísticas y diferentes dinámicas en la ciudad.

«Con controles operativos en vía se verifica el cumplimiento de las normas de tránsito y de la documentación para circular, como lo contempla la normativa de transporte terrestre. Con jornadas pedagógicas y lúdicas en instituciones educativas, empresas, universidades y en los diferentes actores viales, en especial, los más vulnerables, se educa y sensibiliza sobre la importancia de respetar las señales de tránsito y como transitar de una manera segura en la vía», puntualizó Janer Galván, director del DATT.

La Alcaldía de Montería, a través del Comité Científico de Salud Mental municipal, realizó el primer Encuentro Regional de Experiencias en Salud Mental del Caribe. El evento, efectuado este viernes en el auditorio de Unisinú, es una iniciativa para seguir creciendo y articulando acciones en esta área de tanta importancia para los habitantes de la ciudad.

“Es gratificante que estén en Montería reunidos, hoy, representantes de la costa Caribe en un tema tan importante y trascendental; aún más gratificante es la firme convicción de que estamos haciendo la tarea”, declaró Carlos Ordosgoitia Sanin, alcalde de Montería.

Durante la jornada intervinieron expertos de Montería y de otras ciudades capitales, exponiendo sus experiencias exitosas en materia de salud mental, las cuales han tenido resultados favorables y hoy son un referente a seguir.

La Alcaldía Municipal expuso la estrategia Prevenir Para Vivir Sanamente, que viene adelantando, sobre la cual el alcalde Ordosgoitia dijo que “ha sido efectiva con los colegios públicos, las universidades, con el ICBF, con el Ejército, con las IPS, que también se han motivado a trabajar de manera acelerada. Las EPS han entendido que esa misión de consolidación y esa estrategia de concertar, escuchar y atender rápido a los ciudadanos, es importante a la hora de salvar vidas”.

Por su parte, Silvia Camila Galvis Rodríguez, psicóloga asesora en salud mental de Asocapitales, expuso que con el encuentro también se busca “crear alianzas estratégicas entre estas ciudades en pro de una buena salud mental del Caribe. La invitación es a seguir haciendo este tipo de encuentros de diálogo, para construir entre todos más conocimiento en relación con afrontar la salud mental, después de la pandemia”.

Otras ponencias presentadas fueron “Hablemos”, estrategia para la detección temprana del consumo, a cargo de Ligia Oviedo, secretaria de Salud Pública de Barranquilla; “Salud en el aula” Centros de escucha para la prevención del consumo, a cargo de Luis Manuel Álvarez, secretario de Salud de Sincelejo; “Desarrollos de Centro de escucha, implementación y fortalecimiento de redes comunitarias”, a cargo de Juan Carlos Bermúdez, líder de salud mental de la Secretaría de salud de Valledupar.

Un llamado para que el Gobierno Nacional de resultados concretos y acciones urgentes que ayuden a ponerle fin a la tragedia que viven más de 37 mil familias damnificadas de la región de La Mojana, realizó desde San Marcos, Sucre, el senador Marcos Daniel Pineda García, quien presidió una sesión descentralizada del la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), en ese municipio.

“Pedimos que se tomen decisiones y se le den resultados a estas comunidades. No queremos más estudios, lírica ni debates ideológicos, aquí queremos hechos, realidades que ayuden a transformarle la vida a miles de familias de La Mojana, que lo han perdido todo”, dijo el senador Pineda García, durante su intervención en el debate al que asistieron representantes de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Transporte; la Unidad Nacional de Riesgo, Invías, la ADR y de las comunidades afectadas, gremios y autoridades locales.

“Esperamos que esta sesión se convierta en el principio del fin de una tragedia, de una agonía de miles de habitantes de una región que pierden las esperanzas en el gobierno, porque sienten que le ha dado la espalda”, señaló el Presidente de la COT.

El senador Marcos Daniel Pineda, presentó propuestas para la atención inmediata de la emergencia: cerrar la boca Cara ‘e Gato y ampliar el canal de La Esperanza, frenar con la amenaza de la minería ilegal contra el ecosistema, asistencia humanitaria a los damnificados, garantizando los derechos fundamentales a la educación, salud y vivienda.

También señaló que la Mojana necesita acciones importantes a mediano plazo para su desarrollo, como mejoramiento de vías terciarias, atraer inversión privada, construir centros de acopio, mejorar la infraestructura educativa, rehabilitación de suelos, programas de asistencia técnica y proyectos productivos, un hospital regional, una planta de sacrificio para ganado y oferta de educación superior.

El senador Pineda, dijo que desde la función de control político que ejerce esta comisión, le seguirá haciendo seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional para avanzar en el cierre de la boca Cara e’ Gato y otras acciones de mitigación.

La investigación es por un hecho del 2017, cuando hizo la intervención para financiar una obra en GALERAS – SUCRE.

La Corte Suprema de Justicia citó al exsenador David Barguil a rendir indagatoria a las ocho de la mañana el próximo 8 de marzo de 2023.

La investigación se adelanta contra el excongresista por supuestamente haber aprovechado su rol de senador para intervenir ante el Gobierno Nacional y que así se otorgaran recursos para proyectos en el municipio de Galeras (Sucre) a cambio de beneficios económicos irregulares.

La Sala Especial de Instrucción realizará la diligencia dentro del proceso que avanza contra el ex precandidato a la presidencia por los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.

Según el expediente del caso, Barguil habría intervenido ante una institución del Gobierno para lograr que le asignaran recursos de los llamados cupos indicativos, que son los auxilios parlamentarios asignados a cada congresista.

La investigación es por un hecho del 2017, cuando hizo la intervención para financiar una obra en Galeras, sin embargo, lo que alega la Corte, es que no habría hecho este proceso para beneficiar a la comunidad, sino que, por el contrario, hizo la gestión para recibir una compensación económica por su intervención.

Señala la investigación, que en ese tiempo, Barguil presuntamente le habría exigido al alcalde del municipio que entregara el contrato de adjudicación al consorcio Galeras 2018 y que le entregaría un dinero a cambio de su gestión, sin embargo, el dinero habría sido destinado para su campaña al senado.

La notificación fue hecha en octubre del 2022 y, luego de conocer la decisión de la Sala Especial de Instrucción, David Barguil se pronunció en su cuenta de Twitter, mencionando su compromiso y respeto por las decisiones judiciales.

“Como quiera que se trata de un proceso en etapa de investigación, la cual es reservada, por expresa disposición legal, me abstendré de dar declaraciones públicas en relación con cualquier asunto relacionado con el proceso y será al interior del mismo -reitero-, en donde me pronunciaré y ejerceré mis derechos como corresponde”, aseguró el excongresista.

La cita se cumplirá en los despachos de la Sala de Instrucción ubicados en el norte de Bogotá.

Fuente
Sistema Integrado de Información

Tomado de la FM.

● Con la reciente decisión del Presidente Gustavo Petro de frenar proyectos mineros  en el suroeste antioqueño, su gobierno ha abierto la puerta para escuchar a la ciudadanía y garantizar escenarios de participación que contempla el proyecto de
#LeyDeDemocraciaAmbiental.

● Continuando con la socialización y construcción de la #LeyDeDemocraciaAmbiental, el Representante Juan Carlos Losada llegó al municipio de Montelíbano, para escuchar a todos los actores afectados en una región donde se han explotado minerales como níquel, oro, cobre, plata, platino, hierro, cromo, cobalto y carbón, y que explica el interés de la industria minera que  desde finales de los años 80 se encuentra operando allí y sin duda pone a esta región en el foco de lo que el anterior gobierno denominó la “locomotora minera”.

● El proyecto de ley de Democracia Ambiental ha sido construido por 107 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA.

● Este proyecto de Ley aborda aspectos de la implementación del Acuerdo de Escazú y está alineado con el capítulo de Justicia ambiental y gobernanza inclusiva, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

Este lunes 13 de febrero en el Hotel Montelíbano Plaza del Municipio de Montelíbano (Córdoba) se llevó a cabo la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, que cursa en el Congreso de la República y que busca garantizar el derecho a la participación ciudadana en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en todo el país y que contarán con la participación de los principales representantes de colectivos ambientales de la región.

La audiencia convocada por el Representante a la Cámara del Partido Liberal Juan Carlos Losada de la Comisión Primera Constitucional Permanente, donde inicia el debate del proyecto de Ley, responde a su objetivo de continuar dándole voz a la ciudadanía y hacerlos partícipes del proceso de construcción de las iniciativas, con sus aportes y observaciones sobre el contenido de los proyectos.

El proyecto de ley, iniciativa del Representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan  Carlos Losada, responde a una sentencia de la Corte Constitucional que, en el 2018, advierte que no hay garantías para el pleno ejercicio del derecho a la participación de las personas en el contexto extractivo, e insta al Congreso de la República para que desarrolle uno o más mecanismos de participación que le permitan a las comunidades incidir en la
toma de decisiones.

Con la realización de cabildos abiertos y audiencias públicas en todo el país, se busca garantizar la democracia ambiental y el derecho a la participación, a la información y a la decisión de las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Para Juan Carlos Losada, con la reciente decisión del Presidente Gustavo Petro de frenar proyectos mineros en el suroeste antioqueño, su gobierno ha abierto la puerta para escuchar a la ciudadanía y garantizar escenarios de participación que contempla nuestro proyecto de #LeyDeDemocraciaAmbiental, por ello “invitamos al Presidente Petro y a su Gobierno, a que apoye y se sume, para así garantizar que la gente pueda participar y decidir respecto del extractivismo en su territorio sin que ello dependa de la voluntad del gobierno de turno”.

Es de destacar que el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, fue elaborado y consensuado por 107 organizaciones de la Sociedad civil, que hacen parte del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA y el equipo legislativo del Representante Juan Carlos Losada.

Autoridades, entidades y organizaciones invitadas

Dentro de las autoridades del departamento que asistieron y participaron exponiendo sus posturas frente al proyecto de ley, se encuentran el Alcalde de Montelíbano, Concejales de los municipios de mayor influencia en la región de San Jorge, la Gobernación de Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de Valles del Sinú, así como la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quienes saludaron el espacio de discusión y manifestaron sus observación técnicas y jurídicas al articulado propuesto.

Por parte de la ciudadanía participaron representantes de la ASOCOMUNALES (Asociación de la Juntas Comunales de Montelíbano), del Cabildo Indígena Zenú, el Grupo por la defensa de la Tierra y el Territorio, entre otros colectivos y líderes ambientales y sociales de la región, quienes aprovecharon el espacio para reiterar a las autoridades las implicaciones negativas que ha traído estos proyectos para su territorio en términos ambientales, sociales y de salud pública, por lo que celebraron la iniciativa legislativa dada la importancia de contar con espacios de participación eficientes y vinculantes para las comunidades receptoras de los proyectosextractivistas.

La audiencia fue transmitida por las redes sociales del Representante Juan Carlos Losada y de la Comisión Primera de Cámara.

De acuerdo con datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mediante los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre del año pasado, en el caso particular de las tarifas de energía, la variación anual de los servicios de electricidad llegó a 22,40 %, disparando la inflación en la Costa Caribe durante el 2022.

El análisis por ciudades, en esta zona del país, evidencia que el listado de las ciudades con mayor porcentaje del servicio de energía eléctrica, lo lidera Sincelejo con una variación anual d3 37,19 %, seguido de Montería con 37.00%, Valledupar con 36.84%, Cartagena con 35.88%, Riohacha 33.92%, Barranquilla 32.08% y Santa Marta con 26.98%.

De acuerdo con lo señalado por la directora del Dane, Piedad Urdinola, las reducciones a los precios de la electricidad que se dieron a finales de año no fueron suficientes para compensar este crecimiento. «Ya para el final del año se logró bajar estos niveles de los precios de electricidad, pero esa caída no fue suficiente para compensar este crecimiento que viene representando”

Por su parte, Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco Atlántico, aseguró que urgen medidas del gobierno sobre la Creg, para garantizar medidas contundentes que mitiguen este impacto.

En Audiencia Pública en esta subregión, convocada por el senador Julián Gallo, pobladores de los municipios de La Unión, San Marcos, El Roble, Sahagún y Pueblo Nuevo, tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones y denuncias ante el compromiso firmado en 2015 con ésta multinacional, a pesar de inasistencia de funcionarios del gobierno nacional citados al ejercicio democrático.

 Por Nancy Piedad Sánchez Pérez 

Este fin de semana, en el municipio de La Unión – Sucre,  se llevó a cabo Audiencia Pública descentralizada convocada por el senador Julián Gallo, Partido Comunes, en torno al Acuerdo Jobo, celebrado entre las comunidades organizadas de los municipios de La Unión,  San Marcos (Sucre), Sahagún, Pueblo Nuevo (Córdoba) y la Multinacional CANACOL ENERGY,  en el que se pactaron 40 puntos, distribuidos entre 17 aspectos laborales, 17 en el ámbito social, 4 ambientales y 2 de bienes y servicios, que los pobladores presentes consideran se han incumplido flagrantemente.

En la instalación del evento democrático, tras saludar a las comunidades presentes, el senador Julián Gallo lamentó la inasistencia de funcionarios del gobierno nacional, a quienes hizo un llamado vehemente, toda vez que, “no es una invitación, sino una citación, y están obligados a asistir a estos espacios democráticos… Nosotros, cuando éramos un partido de oposición, siempre reclamamos que los funcionarios llegaran a las audiencias a escuchar de viva voz a las comunidades; ahora que somos partido de gobierno, vamos a pedir una explicación por su inasistencia a esta audiencia pública, ya que estos espacios se convocan es para dar respuesta inmediata a las comunidades”, precisó.

Se refirió además, el senador del Partido Comunes, al compromiso de su bancada con las comunidades de Córdoba y Sucre, que han sufrido los impactos y efectos colaterales de la explotación de gas de esta multinacional energética, y expresó contundente que esto no se puede quedar en una conversación: “Vamos a seguir adelante con este proceso; los acuerdos Jobo tienen una larga trayectoria de lucha, de resistencia, de organización de las comunidades de estos municipios en defensa de lo que es fundamental hoy en día para modificar el modelo económico que nos impusieron hace más de 30 años y que ha causado tanto daño a los pueblos, la defensa del territorio, de las relaciones sociales que se tejen entre las comunidades, de la riqueza de la naturaleza,  la defensa del ambiente, para que la vida se desarrolle en el planeta”, ratificó.

Y a manera de corolario, remató el senador Julián Gallo, ante unos pobladores ávidos de una voz esperanzadora, de una respuesta del Congreso y el Gobierno Nacional: “ Es así como el Presidente Gustavo Petro lo señala, de convertir al país en una potencia de la vida, productora de alimentos; eso tiene que ver con alejarnos de este modelo extractivista, minero energético, que ocasiona tantos daños a las comunidades”.

Por su parte, Silvano Calvo, delegado de la senadora Aida Avella Esquivel, Unión Patriótica, en su intervención, transmitió el mensaje de la congresista en el sentido que les preocupa que en los últimos 10 años el desarrollo de la industria del gas en estas regiones de Sucre y Córdoba, se  pueda convertir de riqueza minera a un conflicto social y ambiental: “Es un reto que tiene hoy la humanidad, de hacer una transformación del modelo minero energético; un tránsito, como lo dijo el Presidente Gustavo Petro, de energías que contaminan a energías amigables con el medio ambiente, entre ellas el gas… Que puedan tener un equilibrio sostenible con la producción agropecuaria de los territorios, vocación de este territorio, que además es una reserva ambiental para el país, que no se puede destruir por la explotación del gas, sin desconocer su importancia para el desarrollo del país. Primero el agua;  y el desarrollo debe ir acompañado de las comunidades”, precisó.

Por su parte, Daniel Lobo Arrieta, habitante de Sahagún, zona de influencia directa, manifestó con extrañeza la ausencia de los ministerios de Minas, del Interior y de Trabajo, “porque en el acuerdo Jobo hay incumplimiento en todos los aspectos, y por esta razón era importante su asistencia”, expresó. Hizo a su vez un balance de la producción del gas en los llamados Clarinetes, ubicados en el corregimiento de Rodania: Clarinete 2, produce 20 millones de pies cúbicos diarios; Clarinete 5,  18 millones de pies cúbicos; y Clarinete 7, 7 millones de pies cúbicos, y ante estas cifras cuestionó:  “¿A Ustedes les parece justo, que ante tremenda producción, solo de Rodania, imagínense los demás pozos de la zona, que las vías de estos municipios estén dañadas, y no porque sea responsabilidad de CANACOL ENRGY, yo sé que la responsabilidad es de los alcaldes, pero las vías la utilizan con maquinarias pesadas”…

En su intervención, Lobo Arrieta hizo una denuncia pública con respecto a los PBC (Programas en Beneficio de las Comunidades), proyectos de Inversión Social que deben orientarse a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las Zona de Influencia de las Operaciones: “La multinacional CANACOL ENERGY visita las comunidades y dice que los PBC cambiaron… Están engañando a nuestra gente; las personas que formaron parte de la construcción de los acuerdos Jobo en su momento  han cambiado, y algunos no tienen conocimiento de ello, pero en ningún momento, ni por sanción presidencial, ni por directrices del ministerio, han cambiado.  Los PBC, determinan las cuantías de inversión social que se deben hacer en las comunidades ¿A Ustedes les parece justo que en Clarinete 7 den 17 millones de pesos de inversión social? Es una miseria y una cachetada a la moral de un municipio”, reclamó.

Pidió por último que cuando el ministerio decida escuchar la situación, no lo haga a espaldas de las comunidades y solo invite a los alcaldes para que ellos decidan. Reiteró los incumplimientos del acuerdo Jobo ya que son generalizados, “cuando se habló de masificación de gas, no solo era para los municipios de Sahagún, San Marcos y la Unión; el acuerdo Jobo señala que en la medida del crecimiento de nuevos bloques, a los municipios de El Roble y Sampués, que son nuevos, también los cobija todos los beneficios consignados en el acuerdo”.

La comunidad de Zipataca se pronunció en la audiencia pública a través de su lideresa la Sra. Martha, quien denunció porqué esta reserva hídrica se ha visto afectada, porque la empresa PETROSEN, contratista de CANACOL, ha usurpado la ciénaga y sus arroyos y ha instalado veinte cargas; ya ha explotado 7, y todavía hay 13 sin explotar. La comunidad recogió los cables y las batería para impedir que exploten el resto de cargas… Han buscado a personas para que hagan el trabajo a escondidas de explotar el resto de cargas y no haya evidencia alguna. Ésta pobladora afectada, casi suplicó al Congreso y al Gobierno Nacional, a través del senador Julián Gallo: “No nos dejen morir, nuestra ciénaga es la que nos da de comer”.

A su vez, Oky Ricardo, Alguacil Mayor, pidió al gobierno nacional instalar mesas de diálogos para el cumplimiento de los acuerdos, y denunció el atropello y la barbarie que hizo la empresa PETROSEN en apoyo de CANACOL ENERGY con la sísmica de Charango 3D y Timbal 3D, y sostuvo finalmente: “Las quejas son sociales y ambientales”.

La Personera del municipio, Viviana Tejada, pidió, “que quede en acta que se convoque a ANLA y a la ANH como responsables directos de Las licencias ambientales y de los programas que se ejecutan en las diferentes regiones”.

Por su parte, Daniel Gaviria, en representación de la Vicepresidenta Francia Márquez, propuso que se cree un comité interdisciplinario de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los acuerdos, “para ver dónde se invirtieron, y a dónde llegaron esos recursos, y hacer una denuncia nacional e internacional sobre lo que está haciendo esta multinacional en el territorio; también, que se haga una denuncia pública ante los medios de comunicación que CANACOL y los alcaldes dejaron al pueblo sucreño tirado como una basura”, declaró vehemente.

Ante tantas y sentidas reclamaciones de los lugareños, el senador Julián Gallo expresó que se compromete a todo lo que se pueda hacer desde la bancada del Partido Comunes y del Pacto Histórico, para que esta problemática se ponga en conocimiento a través de los ministerios; y a su vez propuso que se nombre una delegación de líderes para que viaje a Bogotá y logren activar la mesa técnica de seguimiento al acuerdo, y así dar una solución directa.

También asumió el compromiso de recoger la información para elaborar unos derechos de petición para dirigirlas a los ministerios y las demás entidades que tienen que ver con la problemática, para llamar la atención de estas entidades;  si no hay una respuesta, esos derechos de petición nos abren la puerta para hacer el ejercicio democrático de citar a debate de control político para que los ministerios den un respuesta y sean escuchados a través de sus dirigentes. Ratificó toda la disposición y el compromiso de hacer seguimiento a esta preocupante situación.

Luego de una reunión del fiscal general de la nacional, Francisco Barbosa con los directores de las seccionales de la Costa Caribe, que tuvo como objetivo verificar los avances investigativos en los frentes de trabajo priorizados para poner en evidencia y lograr la judicialización de las personas que quieren quedarse con recursos estatales, el ente investigativo resaltó los resultados obtenidos en Sucre.

En este sentido, la Fiscalía informó que desde febrero de 2020, han sido imputadas en ese departamento 125 personas por distintos hechos asociados con corrupción. Entre los investigados hay 6 alcaldes y 4 exalcaldes, 14 contratistas, 48 funcionarios, un concejal y 52 particulares. Estas personas, en su mayoría, incurrieron en irregularidades de contratación o recibieron dineros para favorecer a alguien específico en este tipo de procesos, entre otras conductas ilícitas.

Uno de los hechos más recientes involucra a Mayda Balseiro López, exalcaldesa de San Onofre.

De acuerdo al fiscal general, Francisco Barbosa, la exmandataria, junto a un exsecretario de Obras Públicas, un interventor y dos contratistas, «habría participado en la celebración irregular de un contrato y se habrían apropiado de 2.500 millones de pesos».

Este tipo de redadas contra la corrupción se vienen haciendo en todo el país. En Magdalena, por ejemplo, van 38 personas que han sido procesadas por su responsabilidad en «irregularidades de contratación, desviación de recursos públicos y otras conductas que han puesto en riesgo el adecuado suministro de bienes y servicios para la ciudadanía», concluyó Barbosa.

En Montería 233 niños y niñas beneficiarios de unos de los programas de primera infancia del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, reciben la atención en las calles y parques debido a que la regional de la entidad y el operador del mismo, Fundescar, no han habilitado una sede para tal fin.

Son 17 personas entre docentes y auxiliares que deben sortear las lluvias y el sol para ubicar un lugar público donde atender a los niños beneficiarios del programa. De acuerdo a información entregada a Burbuja Política, la situación anormal se presenta desde el pasado 8 de julio.

Lo más preocupante es que el tema lo conoce la coordinadora zonal de la entidad en Córdoba, Gladys Caraballo y el director regional, Alberto Jiménez, sin ofrecer hasta el momento solución al problema.

El operador, Fundescar se lava la manos y culpa a la regional del ICBF.