Categoría: Política Región

Lo que inició como una fuga planeada bajo el impulso de la adolescencia, terminó en un operativo de búsqueda regional que culminó con éxito la madrugada de este lunes 20 de abril. Shayra Sophia, de 12 años, y Juan Sebastián, de 13, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado viernes en Cartagena, fueron hallados sanos y salvos en la capital del Magdalena.

La desaparición de los menores activó las alarmas en la «Heroica» durante todo el fin de semana. Según las primeras indagaciones, los jóvenes habrían trazado un plan conjunto para abandonar sus hogares, motivados por un vínculo que consideraban incomprendido por sus familias. Con maletas preparadas y evadiendo la vigilancia de sus acudientes, ambos se encontraron en un punto estratégico de Cartagena para emprender un viaje por tierra que los llevó a cruzar fronteras departamentales.

Tras más de 48 horas de incertidumbre y una intensa movilización en redes sociales y organismos de seguridad, el rastro de los adolescentes condujo a las autoridades hasta un establecimiento hotelero en Santa Marta. Allí, uniformados de la Policía Nacional confirmaron su identidad y verificaron que se encontraban en buen estado de salud.

«El despliegue de las capacidades de inteligencia y la colaboración ciudadana permitieron ubicar a los menores a cuatro horas de su lugar de origen», confirmaron fuentes oficiales vinculadas al operativo.

Tras el hallazgo, los jóvenes quedaron bajo la custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, encargada de iniciar el proceso de restablecimiento de derechos. Se espera que en las próximas horas sean entregados a sus padres, mientras equipos de psicología evalúan el entorno familiar y las razones que los llevaron a protagonizar esta travesía que mantuvo en vilo al Caribe colombiano.

Tras casi un mes de silencio y una recuperación que ella misma califica como milagrosa, la psicóloga Catherine Paola Torres Barros, de 27 años, reapareció públicamente para relatar el horror que vivió la noche del pasado 22 de marzo. La joven, quien fue atacada a tiros en la terraza de su propia casa, entregó declaraciones que añaden un nuevo capítulo de misterio y controversia a este presunto intento de feminicidio.

Torres Barros recordó con crudeza el momento en que los disparos interrumpieron una velada tranquila junto a su madre. Estando embarazada al momento del ataque, la urgencia no fue solo por su vida, sino por la de su bebé.

«Fueron días bastante difíciles, a nivel físico y emocional. Mis amigos me llevaron al hospital del pueblo, de ahí a Maicao, donde decidieron realizarme una cesárea de emergencia. Jamás pensé que todo esto pasara», relató la profesional en una entrevista exclusiva para la emisora La FM

La psicóloga fue enfática en señalar que no tiene enemigos, no ha recibido amenazas y que su estilo de vida no justifica una agresión de tal magnitud: «Aún no tengo respuesta sobre por qué ocurrió esto».

Uno de los puntos más polémicos de su testimonio fue la mención al alcalde de Manaure, Jhon Pimienta Jusayú. Catherine Paola expresó su total desconcierto ante las publicaciones que el mandatario realizó en sus historias de Instagram apenas ocurrió el atentado, a pesar de que el hecho no sucedió en su jurisdicción y ella asegura no tener ningún vínculo con él.

«A ese señor no lo conozco. Mucha gente piensa que el atentado fue en Manaure y fue en Uribia. Él dice que le hackearon el teléfono, pero tendrá que demostrarlo», sentenció la joven, sugiriendo que la actuación del alcalde solo ha generado más confusión en el caso.

Mientras se aferra a su recuperación y al bienestar de su hija recién nacida, Torres Barros pide a la Fiscalía y a la Policía que no permitan que su caso quede en la impunidad. Las autoridades, por su parte, mantienen las investigaciones bajo reserva, tratando de establecer el paradero de los sicarios y el autor intelectual de este ataque que conmocionó al departamento de La Guajira.

El corregimiento de La Playa fue escenario de una escena que ha trascendido la frialdad de las cifras judiciales para convertirse en un símbolo del dolor familiar frente a la violencia. La tarde del pasado 17 de abril, el asesinato de Roniel Antonio Marimón De la Hoz, de 38 años, dejó un registro audiovisual que hoy estremece a los habitantes de la capital del Atlántico.

Marimón De la Hoz se encontraba cumpliendo labores de vigilancia en un terreno del sector cuando fue abordado por un sicario. Según testigos y el reporte preliminar de las autoridades, el atacante disparó de forma directa y repetida, segando la vida de la víctima de manera instantánea. El victimario huyó del lugar a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros con un cómplice al volante.

Un llanto que se hizo viral

Más allá del hecho de sangre, lo que ha generado una profunda conmoción en redes sociales es el video captado minutos después del crimen. En las imágenes, el hermano de la víctima aparece abrazando el cuerpo inerte, sumido en un llanto incontrolable.

Entre gritos de angustia, el familiar pronunció una frase que ha dado pie a múltiples reflexiones sobre la redención y las segundas oportunidades en contextos de vulnerabilidad:

“Manito lindo… ya Dios te había dado varias oportunidades”, exclamaba el hombre mientras sostenía a su hermano fallecido.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha iniciado las pesquisas para dar con el paradero de los responsables. Aunque se analiza si el crimen está relacionado con disputas territoriales o actividades ilícitas previas, los investigadores mantienen las líneas de tiempo bajo reserva.

Una grave denuncia sacudió la agenda de seguridad en el Caribe colombiano este domingo. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reveló a través de sus redes sociales que ha sido notificado por la Policía Nacional sobre la existencia de un plan criminal articulado por bandas organizadas para atentar contra su integridad física y la de su núcleo familiar.

El mandatario local, quien ha mantenido una postura crítica frente al deterioro del orden público en las regiones, utilizó sus canales oficiales para advertir que el país atraviesa un momento crítico que requiere acciones inmediatas.

En su mensaje, Char fue enfático en señalar que estas amenazas no solo lo afectan a él, sino que representan un riesgo para la estabilidad institucional de la ciudad y el país.

«Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional», sentenció el alcalde, haciendo un llamado a la unidad frente a la criminalidad.

Ante la gravedad de la información suministrada por la inteligencia policial, el alcalde de los barranquilleros extendió un llamado urgente a las Fuerzas Armadas y a la Rama Judicial. Char exige garantías plenas para continuar con su ejercicio administrativo y pide que la justicia actúe con «contundencia» para desarticular los planes de las estructuras delictivas que operan en la zona.

Una denuncia que estremece al departamento del Atlántico fue realizada por el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, quien calificó como «deleznable» y «aberrante» un caso de explotación y abuso derivado de deudas con prestamistas informales.

Según el mandatario, unos padres de familia en este municipio habrían tomado la decisión de entregar a su hija a un cobradiario como una especie de «garantía real» ante la imposibilidad de pagar una deuda. El relato de Chams indica que el prestamista mantuvo a la joven bajo su poder durante un periodo de 30 a 60 días, tras el cual la regresó a sus padres en estado de embarazo.

El alcalde reveló este escabroso hecho al término de un Consejo de Seguridad en Baranoa, señalando que la situación es un síntoma de la profunda degradación social y pobreza que azota a la región. Lo más preocupante, según el funcionario, es que el caso no fue reportado formalmente ante la Policía o la Fiscalía, lo que evidencia el miedo o la complicidad que rodea estas prácticas ilegales.

«Una persona debe un dinero a cuentagotas y le entrega su hija para que la use 30 o 60 días y luego se la entrega embarazada», relató con crudeza el alcalde Chams.

Ante la gravedad de lo sucedido, el mandatario hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales para reforzar la seguridad en el centro del Atlántico. Chams solicitó:

Refuerzo inmediato de las unidades de Policía en Sabanalarga.

Un fortalecimiento del Sistema General de Participación y de la tasa de seguridad, para que la inversión en protección ciudadana sea de carácter forzoso para las administraciones.

Una estrategia integral para frenar los abusos de los prestamistas que se aprovechan de las familias más vulnerables.

«Esto tiene que cambiar», sentenció el alcalde, subrayando que la lucha contra la inseguridad no solo requiere patrullajes, sino una intervención social profunda que evite que los ciudadanos lleguen a extremos tan inhumanos por causa de deudas económicas.

Nuevas y graves revelaciones sacuden al sistema penitenciario tras la polémica fiesta vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, denunció la existencia de una red de corrupción donde funcionarios del Inpec estarían cobrando sumas millonarias para permitir el ingreso de personas y objetos sin dejar rastro en los registros oficiales.

Tobón expuso que, según sus hallazgos, se estarían exigiendo pagos de hasta un millón de pesos para entrar al penal sin ser anotados en la minuta ni ser sometidos a requisas. Este mecanismo habría facilitado la entrada de licor, equipos de sonido y tarimas para la fiesta amenizada por el cantante Nelson Velásquez el pasado 8 de abri

El cabildante mostró las minutas de ese día, donde el personal del Inpec reportó la jornada como «sin novedad especial, a pesar de que videos de seguridad muestran el ingreso de logística pesada. Además, el reporte oficial admitió el ingreso de 138 visitantes, incluyendo a 8 menores de edad, quienes habrían estado presentes en un ambiente rodeado de botellas de whisky y aguardiente.

La denuncia de Tobón va más allá de la fiesta. Aseguró que alias Douglas, cabecilla de «La Terraza», goza de privilegios extremos: «Habría una especie de anexo, un apartamento construido exclusivamente para él fuera de los patios comunes», señaló el concejal, cuestionando la autoridad real dentro del centro de reclusión.

El Ministerio Público ya asumió la investigación y ordenó el traslado urgente de los expedientes para determinar responsabilidades disciplinarias.

Entre tanto el artista vallenato Nelson Velásquez emitió un comunicado aclarando que actuó de «buena fe», bajo la premisa de que se trataba de un evento cultural autorizado. Manifestó su total disposición para colaborar con la justicia.

Para el concejal Tobón, esta crisis no se soluciona con sanciones leves, sino con una reestructuración profunda, llegando incluso a sugerir que estos beneficios cuestionan la continuidad de los procesos de paz que se adelantan con los cabecillas recluidos en dicho penal.

Lo que inició como un siniestro vial en la ruta entre el municipio de San Alberto y el corregimiento de La Mata, terminó en un operativo judicial con la captura de cinco hombres que intentaban lucrarse de la tragedia ajena.

El incidente se produjo tras el volcamiento de un tractocamión que transportaba maíz a granel. Mientras el conductor intentaba asimilar el siniestro, una multitud de aproximadamente 30 personas rodeó el vehículo. Lejos de auxiliar al transportador, varios de los presentes comenzaron a recoger el cereal esparcido sobre el asfalto, empacándolo en sacos de fibra con la intención de hurtarlo.

Gracias a una llamada desesperada del conductor al cuadrante vial, las patrullas de la Seccional de Tránsito y Transporte llegaron al lugar en tiempo récord. La intervención policial permitió identificar y detener en flagrancia a cinco individuos de 35, 44, 45, 53 y 59 años, quienes lideraban el saqueo de la carga.

El coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, destacó que la pronta respuesta no solo evitó la pérdida total de la mercancía, sino que garantizó la integridad del conductor, quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática del «vultureo» o saqueo de vehículos accidentados en las carreteras colombianas.

La Policía Nacional aprovechó este suceso para enviar un mensaje de rechazo a estas conductas:

«Instamos a la ciudadanía a la solidaridad. El saqueo es una conducta penalizada que golpea directamente el patrimonio de los transportadores, quienes ya enfrentan los riesgos propios de su labor en las vías», enfatizó la institución.

Entre lágrimas, cantos y un profundo sentimiento de injusticia, familiares y allegados despidieron a Juan Esteban Bastidas, el joven de 20 años que protagonizó un angustiante video viral en el que, con un machete en mano, clamaba por atención médica para su esposa en un centro asistencial del oriente de Cali.

En una escena que conmovió a quienes conocieron su verdadera historia, Juan Esteban fue sepultado junto al pequeño cuerpo de su bebé, el hijo que tanto anhelaba y que, en medio de la tragedia y la falta de atención oportuna, nunca pudo conocer.

Aunque las redes sociales lo etiquetaron inicialmente como «el hombre del machete», la comunidad que lo acompañó hasta su última morada recordó a un hombre diferente. Juan Esteban era un líder social activo y un joven dedicado a servir a su entorno, cuya reacción fue descrita por sus seres queridos como el colapso de un ciudadano frente a un sistema de salud que, en su momento de mayor angustia, le dio la espalda.

La historia de Bastidas se ha convertido en un símbolo de la precariedad y la deshumanización que enfrentan muchos pacientes en los servicios de urgencias. Sus allegados recalcan que, detrás del arma blanca, había un padre desesperado que se encontró sin contención emocional ni respuesta institucional ante el inminente riesgo de su familia.

El entierro conjunto de padre e hijo deja una profunda reflexión sobre la necesidad de abordar con más empatía las crisis sociales y de salud en los territorios más vulnerables. Mientras Cali intenta procesar este suceso, queda el vacío de un joven que, en su intento por salvar una vida, terminó perdiendo la suya y la de su heredero.

Un grave accidente laboral se registró en las últimas horas en el municipio de Uribia, donde un trabajador de la empresa de energía Air-e sufrió una descarga eléctrica de alta intensidad mientras realizaba labores de mantenimiento. El operario, cuya identidad aún no ha sido revelada, recibió un impacto de aproximadamente 13.000 voltios, situación que lo mantiene bajo pronóstico reservado.

El incidente ocurrió cuando el técnico manipulaba redes de alta tensión en las alturas. Tras la potente descarga, el trabajador quedó suspendido en el aire, salvado de una caída mortal gracias a su arnés y línea de vida, elementos de seguridad que evitaron que impactara contra el suelo, pero que lo mantuvieron expuesto hasta la llegada de los cuerpos de socorro.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Uribia se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro. Tras una compleja maniobra de rescate en altura, los socorristas lograron bajar al operario y brindarle los primeros auxilios. Debido a la severidad de las quemaduras y el daño interno provocado por la electricidad, el hombre fue estabilizado y remitido de urgencia a un centro clínico de mayor complejidad, donde los especialistas luchan por salvarle la vida.

Hasta el momento, la empresa Air-e no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas del accidente, aunque se espera que en las próximas horas se inicie una investigación técnica para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad o si se trató de un evento fortuito.

La comunidad de Uribia permanece consternada por el hecho, mientras las autoridades de salud monitorean la evolución del trabajador, cuyo estado ha sido calificado como crítico.

Durante el encuentro de alto nivel ‘Las Regiones Proponen: Acuerdo Nación–Entidades Territoriales 2026–2030’, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lanzó un contundente llamado al Gobierno Nacional para transformar el modelo energético del país. El mandatario fue enfático al señalar la contradicción que vive el Caribe colombiano: ser el motor de la seguridad energética de la nación mientras soporta las tarifas de energía más costosas del territorio.

El espacio, organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), reunió a mandatarios seccionales, congresistas y líderes gremiales con el fin de construir una hoja de ruta para el próximo cuatrienio. En este escenario, Zuleta planteó que la competitividad de las regiones está en riesgo si no se aborda de fondo el problema tarifario.

Para el mandatario cordobés, la reforma estructural del sector no puede esperar más. “No es justo que la región que garantiza la seguridad energética de Colombia sea, al mismo tiempo, la que paga las tarifas más altas del país”, sentenció Zuleta en su intervención.

El Gobernador argumentó que la riqueza natural y la capacidad de generación de energía de departamentos como Córdoba deben traducirse en beneficios tangibles para su población. Según el mandatario, el costo actual del servicio eléctrico ha generado un círculo vicioso de pobreza y falta de inversión privada:

Impacto social: El alto costo ha empobrecido sistemáticamente a las familias cordobesas y del Caribe.

Impacto económico: Las tarifas excesivas frenan la competitividad de las empresas y limitan el desarrollo industrial.

La propuesta de Zuleta busca que el Acuerdo Nación-Entidades Territoriales incluya una política de compensación o diferenciación tarifaria para los territorios productores. Con el respaldo de la FND, los mandatarios esperan que este clamor regional sea el eje de una reforma que permita a las familias caribeñas un respiro financiero y a los sectores productivos un terreno fértil para el crecimiento.