Hasta un millón de pesos habrian cobrado miembros del Inpec para entrar sin requisa a parranda vallenata en cárcel de Itagüí
Nuevas y graves revelaciones sacuden al sistema penitenciario tras la polémica fiesta vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, denunció la existencia de una red de corrupción donde funcionarios del Inpec estarían cobrando sumas millonarias para permitir el ingreso de personas y objetos sin dejar rastro en los registros oficiales.
Tobón expuso que, según sus hallazgos, se estarían exigiendo pagos de hasta un millón de pesos para entrar al penal sin ser anotados en la minuta ni ser sometidos a requisas. Este mecanismo habría facilitado la entrada de licor, equipos de sonido y tarimas para la fiesta amenizada por el cantante Nelson Velásquez el pasado 8 de abri
El cabildante mostró las minutas de ese día, donde el personal del Inpec reportó la jornada como «sin novedad especial, a pesar de que videos de seguridad muestran el ingreso de logística pesada. Además, el reporte oficial admitió el ingreso de 138 visitantes, incluyendo a 8 menores de edad, quienes habrían estado presentes en un ambiente rodeado de botellas de whisky y aguardiente.
La denuncia de Tobón va más allá de la fiesta. Aseguró que alias Douglas, cabecilla de «La Terraza», goza de privilegios extremos: «Habría una especie de anexo, un apartamento construido exclusivamente para él fuera de los patios comunes», señaló el concejal, cuestionando la autoridad real dentro del centro de reclusión.
El Ministerio Público ya asumió la investigación y ordenó el traslado urgente de los expedientes para determinar responsabilidades disciplinarias.
Entre tanto el artista vallenato Nelson Velásquez emitió un comunicado aclarando que actuó de «buena fe», bajo la premisa de que se trataba de un evento cultural autorizado. Manifestó su total disposición para colaborar con la justicia.
Para el concejal Tobón, esta crisis no se soluciona con sanciones leves, sino con una reestructuración profunda, llegando incluso a sugerir que estos beneficios cuestionan la continuidad de los procesos de paz que se adelantan con los cabecillas recluidos en dicho penal.
