Catherine Juvinao denuncia red de diplomas irregulares en contratos del gobierno Petro
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En una reveladora entrevista concedida al medio Kienyke.com, la representante a la Cámara Catherine Juvinao encendió las alarmas tras denunciar una red de corrupción académica que operaría desde la Fundación Universitaria San José, calificándola como un «cartel de títulos a la medida».
Según la congresista, el reciente caso de la frustrada viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, es apenas la superficie de un problema estructural mucho más profundo. A través de una investigación liderada por su equipo, se identificaron al menos 24 diplomas profesionales bajo sospecha, los cuales habrían sido el tiquete de entrada para que diversos funcionarios y contratistas se vincularan al Gobierno Nacional.
Las irregularidades detectadas se centran en el incumplimiento de la Ley 1324 de 2009, ya que se hallaron casos donde los graduados nunca presentaron la prueba Saber Pro o, en su defecto, la realizaron meses después de haber recibido el título, lo que invalida legalmente su acreditación profesional.
Esta situación no solo representa un fraude académico, sino que trasciende al plano de las finanzas públicas, pues Juvinao aseguró en su diálogo con Kienyke.com que estos títulos viciados permitieron la firma de contratos estatales que superan los $1.100 millones de pesos. Ante lo que considera un evidente detrimento patrimonial, la representante ya trasladó las evidencias a la Contraloría General para que se rastree el destino de dichos recursos.
En sus declaraciones, la legisladora fue enfática al señalar que la responsabilidad primaria recae sobre la universidad, a la que tildó de «institución de garaje» y sugirió que debería ser intervenida o clausurada por presuntamente priorizar el lucro sobre la legalidad educativa.
Finalmente, la denuncia no escapó del tinte político, pues Juvinao lanzó fuertes críticas contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, a quien acusó de inacción y de priorizar el activismo ideológico sobre el rigor administrativo necesario para vigilar la transparencia en la educación superior del país.
