Cepeda califica de “régimen dictatorial” el estatuto antiterrorista que el Gobierno lleva al Consejo de Política Criminal
El senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial Iván Cepeda abrió este miércoles el primer choque político de fondo contra la bandera de seguridad de Abelardo De La Espriella. A pocas horas de que el Ministerio del Interior presente el borrador del estatuto antiterrorista ante el Consejo de Política Criminal, Cepeda dijo que el texto “sustituye el Estado de derecho” y “entroniza un régimen abiertamente dictatorial”.
“Se abre la puerta a un régimen dictatorial en el que las libertades son puestas en peligro y sometidas a la voluntad de un gobernante déspota”, escribió. Y añadió que la norma “faculta al Gobierno para legalizar el espionaje, las escuchas ilegales y la inteligencia criminal”. Si el articulado se aprueba tal como circula, advirtió, “la Constitución de 1991 habrá sido sepultada”.
El proyecto, a cargo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, tiene cita este jueves 8 de octubre con el Consejo Superior de Política Criminal, paso previo a su radicación en el Congreso. Lara ha dicho que el estatuto superará los 130 artículos y lo ha descrito como “la pócima jurídica” para enfrentar al ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las disidencias. Irá en paralelo con la ley de sometimiento que alista el ministro de Justicia, Iván Cancino. El Ejecutivo no ofrece negociación de paz: el camino que plantea es sometimiento o confrontación.
El borrador, conocido por Caracol Radio y reseñado por El Espectador, Infobae y Vanguardia, concentra el poder en el Ejecutivo. Crea un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, administrado por el Consejo de Seguridad Nacional mediante acto administrativo, no por decisión judicial previa. Incorporaría listas de Naciones Unidas y permitiría inclusiones provisionales a partir de designaciones extranjeras. Quien entre en ese registro enfrentaría congelamiento de activos, restricciones a recursos públicos y, en el caso de los cabecillas, un régimen penitenciario especial.
También propone un Alto Comisionado contra el Terrorismo, cargo de cinco años que, según Cepeda, excedería el periodo de cualquier gobierno y quedaría definido bajo estado de excepción. En lo penal, el borrador amplía el Código: ataques con drones, asonadas contra la Fuerza Pública —con penas que, según El Espectador, llegarían hasta 42 años por retener o desarmar a un uniformado—, organización de multitudes para obstruir operaciones, minería ilegal y suministro de insumos a esas estructuras.
