Colombia cerró 2025 con 118 feminicidios y más de 15.700 delitos sexuales, según la Defensoría.
Un reciente y crudo balance presentado por la Defensoría del Pueblo ha puesto de manifiesto la magnitud de la violencia de género en Colombia, calificándola como una deuda histórica que el Estado aún no logra saldar. Los datos, que abarcan la totalidad del año 2025 y el primer mes de 2026, dibujan un mapa de vulnerabilidad donde el hogar y el entorno social siguen siendo espacios hostiles para miles de mujeres.
Con 14.860 casos de violencia intrafamiliar y más de 15.700 delitos sexuales registrados en 2025, el organismo advierte que la frecuencia de estas agresiones exige una respuesta institucional mucho más ágil y descentralizada, especialmente en departamentos como Vaupés y Guaviare, donde las tasas de incidencia superan con creces el promedio nacional.
La Defensoría enfatiza con especial preocupación la sevicia del feminicidio, que en 2025 dejó 118 víctimas mortales y más de 300 intentos fallidos, además de un registro de 28 transfeminicidios que evidencia el riesgo latente para las mujeres con identidades de género diversas.
El reporte de enero de 2026 ya suma 28 noticias criminales relacionadas con esta forma de violencia extrema, lo que sugiere que las medidas de protección actuales están siendo insuficientes para detener a los agresores. Para la entidad, estos números no son solo registros administrativos, sino señales de alerta sobre la urgencia de fortalecer las rutas de atención en territorios periféricos como Caquetá y Casanare, donde el acceso a la justicia suele ser más precario.
Finalmente, el informe detalla la persistencia de economías criminales que se alimentan del cuerpo de mujeres y menores. La trata de personas y la explotación sexual de niñas y adolescentes sumaron más de 340 casos el año anterior, con un preocupante foco de actividad en zonas fronterizas y departamentos como Norte de Santander.
Al iniciar 2026, la aparición de nuevos casos en Antioquia y Arauca confirma que las redes de explotación mantienen su operatividad. La Defensoría del Pueblo concluye que, sin una acción integral que combine la persecución penal efectiva con la transformación cultural, las niñas y mujeres colombianas seguirán enfrentando un panorama de riesgo sistémico que compromete su derecho fundamental a una vida libre de violencias.
