Comunidades de Bocas del Manso y zonas aledañas, en riesgo de desplazamiento

Pesé a que la institucionalidad llegó hasta Bocas del Manso, Tierralta, luego de los hechos denunciados el pasado 11 de septiembre sobre vulneraciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército, las comunidades de esa vereda y sus zonas aledañas indicaron que están en riesgo de desplazarse hasta la cabecera municipal de Tierralta, Córdoba, puesto que las ayudas y compromisos anunciados, aseguraron, no han llegado aún.

En este sentido, habitantes de las veredas Crucito, Bocas de Cruz Grande, San Pablo, Gilgal, Tucú, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Llanos del Tigre y Palestina, establecidas desde hace varios días en Bocas del Manso, dicen que continúan temerosos de una situación como la ocurrida recientemente. Según lo dado a conocer por los lugareños, fue aumentado el número de militares en la zona desde el 21 de septiembre.

“Lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad. En consecuencia, llamamos al Gobierno Nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Una las solicitudes de los pobladores rurales, está relacionada con la toma de declaraciones, por lo cual la Defensoría del Pueblo Instó a la Personería municipal a realizarla sobre la base de lo establecido en la Ley 1448 del 2011 y expresa su disposición para apoyar la realización de la misma. Una vez sea tomada, insta a la Unidad de Víctimas a realizar la valoración de los hechos narrados.

De configurarse el desplazamiento, se podría generar una crisis humanitaria en el casco urbano de Tierralta, advirtió Camargo Assis: “Esperamos que la respuesta institucional se dé prontamente para que las comunidades rurales no se desplacen; sin embargo, le solicitamos a la Alcaldía de Tierralta activar un plan de contingencia cuyo fin sea garantizar los mínimos vitales. A la Gobernación y la Unidad de Víctimas, activar el mecanismo de corresponsabilidad para un eventual apoyo subsidiario”.

Asi mismo, hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el posible escenario de desplazamiento.