Consejo de Estado revisará legalidad y riesgos de las zonas de ubicación para integrantes del Clan del Golfo
El Consejo de Estado estudiará una demanda que cuestiona la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro para concentrar a integrantes del Clan del Golfo dentro de la estrategia de paz total. La acción judicial busca determinar si la medida se ajusta a la Constitución y si representa riesgos para las comunidades donde serían instaladas.
La controversia surge luego de que el Gobierno autorizara la creación de espacios en Córdoba y Chocó para facilitar el tránsito a la legalidad de miembros de esa organización armada. Según lo anunciado por el Ejecutivo, más de 400 integrantes del grupo ingresarían inicialmente a estas zonas como parte de los compromisos alcanzados en los diálogos de paz.
Los demandantes sostienen que la medida podría presentar problemas jurídicos debido a que, según su interpretación, la Corte Constitucional condicionó la creación de este tipo de zonas a la existencia previa de una ley de sometimiento aprobada por el Congreso. Además, advierten sobre interrogantes relacionados con la seguridad de la población civil, la custodia de armas y la suspensión de órdenes de captura contra algunos integrantes del grupo armado.
El proceso también se desarrolla en medio de diferencias entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación respecto a la suspensión de órdenes de captura para varios miembros del Clan del Golfo vinculados al proceso. La Fiscalía ha señalado que dichas medidas dependerán del cumplimiento de requisitos legales y de avances verificables en los compromisos adquiridos por la organización.
Mientras el Gobierno defiende las Zonas de Ubicación Temporal como una herramienta para avanzar en la desmovilización y la reducción de la violencia, sectores políticos y jurídicos han solicitado un análisis más profundo sobre sus implicaciones legales y de seguridad. Ahora será el Consejo de Estado el encargado de determinar si la iniciativa puede continuar bajo las condiciones planteadas por el Ejecutivo.
La decisión del alto tribunal podría convertirse en un precedente clave para el futuro de la política de paz total y para los procesos de negociación que el Estado colombiano mantiene con diferentes grupos armados ilegales.
