Contraloría advierte riesgos de salud y daños al patrimonio en Córdoba por aguas estancadas y remoción de diques
La Contraloría General de la República emitió este lunes 2 de marzo un contundente llamado al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), exigiendo celeridad y rigor técnico ante la tragedia invernal que golpea al departamento de Córdoba. Según el ente de control, la emergencia ya deja un saldo de 225.675 personas afectadas y daños masivos en infraestructura.
Tras visitas técnicas en los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría lanzó dos alertas críticas que podrían agravar la crisis humanitaria y financiera en la región:
1. Aguas estancadas y riesgos sanitarios
El organismo advirtió que las aguas en las zonas inundadas han comenzado un proceso de descomposición. «Se necesitará bombeo mecánico de forma urgente para conducir estas aguas a ríos y caños», señaló la Contraloría, subrayando que el estancamiento representa un foco de enfermedades para las miles de familias damnificadas que aún no reciben soluciones definitivas.
2. Polémica por eliminación de diques
Sobre la presunta orden de remover diques y compuertas en las zonas inundadas, la Contraloría expresó una «profunda preocupación». El ente advirtió que realizar estas maniobras sin estudios hidráulicos previos ni autorizaciones ambientales podría generar «males mayores» y afectar gravemente el patrimonio público, además de desconocer derechos adquiridos legalmente por terceros.
El comunicado detalla la magnitud del desastre en el departamento, con cifras que evidencian el colapso de varios sectores:
Afectación humana: 81.114 familias damnificadas en 25 municipios.
Sector agro: 150.500 hectáreas de cultivos bajo el agua.
Infraestructura: 1.948 km de vías, 125 puentes, 464 colegios y 16 centros de salud con daños.
Servicios públicos: 65 acueductos fuera de servicio.
Finalmente, la Contraloría reiteró que mantiene un Especial Seguimiento al paquete de medidas tributarias y los recursos del Decreto de Emergencia Económica. El mensaje es claro: cada peso recaudado debe destinarse exclusivamente a la atención de la crisis. Asimismo, instó a los alcaldes a finalizar con rigor el Registro Único de Damnificados (RUD), que actualmente registra un avance del 95%.
