Cordoberxia denuncia grave crisis de seguridad y violencia contra campesinos beneficiarios de tierras de la SAE en Córdoba

La Asociación Defensora de los Derechos Humanos, la Paz y la Memoria, Cordoberxia, emitió una alarmante denuncia pública este lunes 13 de julio de 2026, alertando sobre la crítica situación de seguridad que enfrentan las familias campesinas y organizaciones sociales beneficiarias de predios entregados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento de Córdoba. Según la organización, el proceso de transferencia de tierras, enmarcado en la política de reforma agraria y democratización de activos confiscados a la criminalidad, se está viendo gravemente empañado y obstaculizado por violentas represalias provenientes de estructuras de poder heredadas del paramilitarismo, así como de sectores económicos tradicionales que se resisten activamente a la redistribución de la propiedad rural en la región.

​En su pronunciamiento, la fundación detalló un sistemático patrón de agresiones que pone en inminente peligro la vida de los nuevos adjudicatarios. Entre los hechos más graves se denuncian constantes hostigamientos, amenazas de muerte y la circulación de panfletos intimidatorios por parte de hombres armados que exigen a los líderes comunitarios la devolución de las tierras o el pago de extorsiones bajo la modalidad de «vacunas». Asimismo, la organización reportó intentos de despojo y reocupación ilegal de predios por la fuerza a manos de personas vinculadas a antiguos testaferros y actores al margen de la ley. A este hostigamiento se suma el sabotaje directo a la productividad agraria mediante la destrucción deliberada de cultivos, daños a la infraestructura de procesamiento de alimentos, envenenamiento de fuentes hídricas y tácticas de asedio diseñadas específicamente para forzar el desplazamiento y el abandono de los terrenos.

​Frente a este escenario de alta vulnerabilidad en zonas rurales donde la presencia estatal suele ser precaria, Cordoberxia criticó las fallas en la seguridad física y jurídica de los beneficiarios, advirtiendo que la adjudicación de las tierras no ha venido acompañada de un componente sólido de protección que evite que las comunidades queden en total estado de indefensión. Ante esto, la defensora de derechos humanos exigió al Estado colombiano garantías integrales de seguridad mediante protocolos específicos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fuerza Pública que prioricen la seguridad humana, una depuración jurídica inmediata por parte de la SAE para entregar los predios libres de conflictos pendientes, y una intervención célere de la Fiscalía General de la Nación para desarticular las redes de testaferrato que aún operan sobre estos bienes. Finalmente, la organización solicitó la creación de una mesa de seguimiento local y extendió un llamado urgente a la comunidad internacional, en especial a las misiones de la ONU y la MAPP/OEA, para que realicen una veeduría rigurosa sobre el proceso de paz y la entrega de tierras en Colombia, recordando que la democratización del territorio no puede convertirse en el detonante de nuevos ciclos de violencia en el departamento.