“Culpar al acuerdo es desconocer la realidad”: Juan Manuel Santos exige al nuevo Gobierno priorizar la implementación de la paz

En un firme pronunciamiento, el expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, salió en defensa de los alcances del Acuerdo de Paz de 2016 y rechazó de manera categórica los señalamientos que pretenden responsabilizar a este pacto histórico del actual panorama de orden público y violencia que azota a Colombia. El exmandatario calificó de «absolutamente falso» el argumento de que el documento firmado con las extintas FARC haya propiciado el nacimiento de las disidencias o el fortalecimiento de bandas criminales, argumentando que culpar al acuerdo es un intento deliberado de desconocer la realidad del territorio.

Según Santos, la verdadera vía para frenar el accionar de estos grupos armados al margen de la ley radica en la aplicación rigurosa de lo pactado, señalando de forma directa que el fracaso no proviene del texto del acuerdo, sino de aquellos sectores políticos e institucionales que han saboteado, debilitado o impedido su implementación de manera integral.

​Durante su intervención, el expresidente también exaltó los logros tangibles del Sistema Integral de Paz a casi una década de su firma, destacando de manera especial la labor humanitaria de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que ha logrado hallar a más de 700 personas con vida.

 Asimismo, defendió el papel histórico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), calificando de hito sin precedentes globales el hecho de que los máximos responsables de la guerra comparezcan públicamente para reconocer crímenes atroces que durante décadas permanecieron bajo el manto de la impunidad. En un mensaje con un fuerte matiz político, Santos aprovechó el escenario para formular un llamado respetuoso pero enérgico al Gobierno entrante, instándolo a deponer las tensiones y a retomar el cumplimiento de lo acordado, recordándole que la paz no debe ser tratada como el legado de una administración de turno, sino como una política de Estado indispensable para el bienestar de todos los colombianos.