De «Chiquito Malo» a «John Mechas»: Los grandes capos que Petro dejó fuera de las zonas de ubicación Temporal
En un movimiento que redefine los límites de la «Paz Total», el Gobierno Nacional determinó que ningún cabecilla con órdenes de extradición vigentes podrá beneficiarse, por el momento, de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Esta medida cierra el paso a figuras de alto perfil criminal como alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo, y alias “Araña” de los Comandos de Frontera, marcando una línea roja frente a los compromisos judiciales internacionales de Colombia.
La decisión, producto de un cónclave entre el presidente Gustavo Petro, el comisionado Otty Patiño y los equipos negociadores, busca blindar jurídicamente la puesta en marcha de las primeras cinco zonas de concentración que operarán entre junio y diciembre de 2026. Estos puntos, ubicados en departamentos estratégicos como Córdoba, Norte de Santander, Nariño y Putumayo, servirán para agrupar a integrantes de disidencias y estructuras paramilitares, pero bajo la estricta vigilancia de la justicia ordinaria y la cooperación internacional.
Los nombres que quedan fuera del beneficio
Jobanis de Jesús Ávila (“Chiquito Malo”):** Líder del Clan del Golfo, cuya extradición ya fue avalada por la Corte Suprema.
Giovanni Rojas (“Araña”): Cabecilla de los Comandos de Frontera en el Putumayo.
Alias “John Mechas”: Jefe del Frente 33 y responsable de atentados de alto impacto.
Oliverio Pai (“Chuky”) y “Fercho”: Representantes de los Comuneros del Sur en Nariño.
Andrés Allende Perilla Sandoval, conocido como Allende, máximo comandante del Bloque Alfonso Cano y principal cabecilla de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que tiene presencia en Nariño.
Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, fue nombrado como delegado ante la mesa el pasado 7 de febrero.
Este anuncio llega en un momento de tensión institucional con la Fiscalía General de la Nación. La fiscal Luz Adriana Camargo ha mantenido una postura firme al negar la suspensión de órdenes de captura para varios de estos jefes, señalando que la falta de un marco jurídico sólido impide otorgar tales beneficios. Con esta exclusión, el Ejecutivo parece intentar calmar las aguas con el ente acusador y con Washington, dejando claro que la mesa de diálogo no es, al menos por ahora, un salvoconducto para evitar la justicia estadounidense.
El futuro de estas zonas dependerá de la capacidad del Gobierno para demostrar que la concentración de tropas se traduce en una reducción real de la violencia, mientras la suerte de los grandes capos sigue ligada a la firma final del presidente en sus expedientes de extradición.
