«El Acuerdo de Paz es política de Estado»: Juan Fernando Cristo advierte que desmontar su institucionalidad pone en riesgo el proceso
El exministro del Interior y dirigente del partido político En Marcha, Juan Fernando Cristo, reaccionó con firmeza frente a las recientes propuestas del presidente electo, Abelardo de la Espriella. De la Espriella ha planteado la eliminación de dependencias clave para la paz, tales como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación y la Consejería para los Derechos Humanos.
A través de un comunicado oficial emitido por su colectividad este 14 de julio de 2026, Cristo y su partido manifestaron una profunda preocupación por el rumbo que podría tomar el país bajo estas directrices. Advirtieron que decisiones de esta índole darían inicio a un peligroso «desmonte de la institucionalidad» diseñada para asegurar el cumplimiento de lo pactado, lo cual tendría repercusiones sumamente graves para la estabilidad de la democracia y la seguridad en las regiones.
Cristo enfatizó que el Acuerdo de Paz de 2016 no constituye un programa de gobierno ordinario, sino una sólida política de Estado incorporada al ordenamiento jurídico colombiano y respaldada de forma permanente por la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
»Con esas decisiones expresadas por el nuevo presidente comienza el desmonte de la institucionalidad creada para asegurar la implementación del Acuerdo. Eso, y enviar mensajes que desconozcan la buena fe de quienes se acogieron a él puede tener consecuencias muy graves para la estabilidad democrática y para la seguridad en los territorios», sentenció el dirigente de En Marcha.
El partido En Marcha también alertó sobre el riesgo de retroceder en un proceso que permitió la desmovilización de más de 13.000 personas, de las cuales más del 90% ha cumplido rigurosamente con lo pactado. Según la colectividad, los discursos que estigmatizan a los reincorporados debilitan la confianza en la salida negociada al conflicto e incrementan de forma crítica el peligro para la vida de los firmantes. Ante este panorama, hicieron un llamado directo a la Misión de Verificación de la ONU para que se pronuncie sobre estas nuevas amenazas que se ciernen sobre el andamiaje institucional de la paz en Colombia.
