El Congreso pone contra las cuerdas a las Fuerzas Militares: ¿hay seguridad real para posesionar a De la Espriella en el Cauca?

El Congreso de la República, a través de la Secretaría General del Senado, envió oficios formales al comandante de las Fuerzas Militares, al comandante del Ejército y al director de la Policía Nacional para que informen, de manera urgente y precisa, si existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes para realizar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto en el departamento del Cauca.

La solicitud, impartida por instrucción del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, no se limita a un trámite burocrático. Busca determinar si están dadas las garantías para trasladar la sede del Congreso Pleno a esa región y celebrar allí la imposición de la banda presidencial, en un acto que rompería con más de un siglo de tradición republicana concentrada en Bogotá.

El oficio es contundente: exige claridad sobre las capacidades operacionales, logísticas y de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de senadores, representantes, servidores públicos e invitados nacionales e internacionales.

“Existen las condiciones y medidas de seguridad suficientes, idóneas y necesarias para garantizar plenamente la vida, la integridad personal y la seguridad…”, pregunta el documento, y añade que, de no ser así, se informen los factores que podrían comprometer la realización de la sesión.

El Cauca no es un escenario cualquiera. Es uno de los departamentos más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales, disidencias de las FARC, el ELN y estructuras del narcotráfico. Convertirlo en sede de la posesión presidencial —como lo prometió De la Espriella durante la campaña— representa un mensaje político de primer orden: llevar el poder central a una región históricamente abandonada y convertida en “boca del lobo”.

El Senado ya aprobó, con 55 votos a favor y 32 en contra, la proposición que autoriza el traslado temporal del Congreso al Cauca. Falta, sin embargo, el aval de la Cámara de Representantes. Y, sobre todo, falta el concepto de las autoridades de seguridad.

Mientras tanto, el presidente saliente Gustavo Petro ha dejado clara su posición: prohibió expresamente el uso de cualquier guarnición o establecimiento militar para la ceremonia, hasta el último segundo de su mandato.

La decisión de De la Espriella de posesionarse fuera de la Plaza de Bolívar, del Capitolio o del Palacio de Justicia no es solo simbólica. Es un desafío abierto al centralismo bogotano y, al mismo tiempo, una prueba de fuego para las instituciones que deben garantizar el orden en medio de la transición. La respuesta de las Fuerzas Militares será determinante: de ella depende si el 7 de agosto Colombia asiste a un acto de descentralización histórica o si el Gobierno que se va logra imponer, una vez más, su veto sobre el nuevo poder que llega.

El reloj corre. Quedan menos de dos semanas para el cambio de mando y el país espera una definición clara: ¿el Cauca será el escenario del nuevo comienzo o el lugar donde se evidencie que la seguridad aún no está a la altura de las promesas políticas?