“El etanol no es un alimento”: La contundente respuesta de Petro a las protestas del sector sucroenergético.

El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a las manifestaciones de trabajadores de los sectores de palma y caña del Cauca, quienes se encuentran apostados frente al Ministerio de Minas exigiendo soluciones ante una sobreproducción de etanol cercana al 300 %. Mientras los sindicatos piden una resolución de estabilización de precios para proteger 28.000 empleos, el mandatario atribuyó la crisis a un «exceso de crédito» de la banca privada al grupo azucarero y a un uso ineficiente de los suelos más fértiles del país.

El jefe de Estado fue enfático al señalar que el etanol no es un alimento y que su producción utiliza la tierra más productiva para «alimentar vehículos con daño climático». Bajo esta lógica, Petro descartó que la solución sea simplemente estabilizar precios, advirtiendo que la caída en la demanda de gasolina arrastrará inevitablemente la del biocombustible.

En lugar de ceder a las peticiones de los gremios, el mandatario ordenó a los ministerios de Agricultura y Energía trabajar en una reconversión del uso de la tierra y laboral. Para Petro, es inaceptable que en el valle geográfico del río Cauca persistan el hambre y la violencia debido a que la tierra se dedica a fines energéticos y no alimentarios. «El Valle y el Cauca pueden ser una gran despensa alimentaria para Colombia y el exterior», afirmó.

El presidente también lanzó una fuerte crítica al sector financiero, asegurando que la inversión forzosa que anteriormente manejaba la banca pública hoy es administrada por la banca privada con criterios que favorecen a los grandes propietarios y a la ganadería extensiva, incluso en áreas de la Amazonía. Según el mandatario, esto ha generado presiones inflacionarias al restringir la oferta de comida.

«La banca privada no apuntó al pacto social que propusimos», sentenció Petro, al tiempo que convocó a una reunión urgente entre el Gobierno y las entidades financieras. Su propuesta final es redirigir el crédito de fomento hacia la pequeña y mediana agricultura, desplazando la prioridad que hoy tiene el etanol y el biodiésel en el portafolio crediticio para dar paso a la soberanía alimentaria.