¿El Libro de la Verdad o el libro de la narrativa?

Luis Fernando Ballesteros Mesa

Representante a la Cámara por Córdoba

Vivimos en tiempos de posverdad. Una afirmación ya no necesita ser cierta para convertirse en “verdad” ante millones de personas. A veces basta con repetirla hasta instalarla en el imaginario colectivo.

Las redes sociales, los algoritmos, los bots y ahora la inteligencia artificial multiplicaron esa capacidad. Una acusación puede recorrer el país en horas; una rectificación, una investigación o una sentencia pueden tardar meses o años.

Por eso el llamado Libro de la Verdad, presentado por el presidente Abelardo de la Espriella, merece una discusión que vaya más allá de su nombre.

Que se investigue todo. Si durante el gobierno de Gustavo Petro hubo corrupción, quienes sean responsables deben responder. Defender un proyecto político jamás puede significar defender a un corrupto.

Pero una cosa es corrupción y otra muy distinta una diferencia ideológica.

Una reforma agraria, una política social, una concepción sobre el papel del Estado o una decisión económica pueden discutirse, criticarse e incluso rechazarse. Eso se llama democracia. Convertir una diferencia sobre el modelo de país en corrupción exige pruebas, no narrativas.

El propio presidente ha reconocido que corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinar las responsabilidades. Entonces dejemos que investiguen y que la justicia establezca la verdad.

Porque aquí aparece una peligrosa desigualdad: la narrativa corre a la velocidad de las redes; la justicia avanza al ritmo del debido proceso.

Cuando las autoridades finalmente establezcan qué ocurrió, la percepción pública puede llevar meses o años instalada. Algunas acusaciones terminarán quizás en condenas y otras posiblemente no. Pero para entonces la narrativa pudo haber cumplido su propósito político.

Y es que las narrativas no solamente buscan convencer. También construyen legitimidad.

Primero se instala una versión de la realidad. La repetición la convierte en percepción colectiva. Esa percepción produce respaldo político y ese respaldo puede utilizarse para conquistar el poder o para justificar posteriormente decisiones contrarias a las políticas que se pretende desacreditar.

Ahí está el verdadero peligro para la democracia.

Cuando una afirmación ha sido desmentida por los hechos y, aun así, se continúa difundiendo deliberadamente como cierta, ya no estamos simplemente frente a un error. Estamos frente a una práctica de manipulación de la opinión pública.

Y eso debe producir rechazo popular.

También por eso la réplica es necesaria.

Gustavo Petro tiene derecho a controvertir las afirmaciones hechas sobre su gobierno. Y sus respuestas, naturalmente, también deben someterse al contraste de los hechos.

Porque la posverdad no tiene ideología. Puede utilizarla la derecha o la izquierda, un gobierno o una oposición.

El antídoto es una ciudadanía crítica.

No compartamos automáticamente porque algo confirma nuestras creencias. No condenemos porque una acusación sea tendencia. No permitamos que una repetición masiva sustituya las pruebas ni que un algoritmo decida qué debemos considerar verdadero.

La democracia necesita ciudadanos, no repetidores.

Que Abelardo denuncie. Que Petro responda. Que los medios contrasten. Que los organismos de control investiguen. Que la justicia decida.

Y que el pueblo rechace cualquier intento deliberado de convertir una falsedad en verdad mediante la repetición.

Porque una narrativa puede convertirse en tendencia, generar respaldo e incluso ayudar a conquistar el poder.

Pero ningún título, ningún algoritmo y ningún millón de reproducciones pueden transformar una mentira en verdad.

La verdad no se decreta. Y tampoco se fabrica.