El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, advierte que un recorte presupuestal llevaría a la parálisis total de la entidad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la existencia de una estrategia orientada a asfixiar financieramente y limitar las funciones constitucionales del tribunal transicional. En entrevista con Caracol Radio, el presidente de la corporación, el magistrado Alejandro Ramelli, advirtió que un recorte de 185.000 millones de pesos dejaría a la entidad sin capacidad de operación, señalando al respecto que «lo más honesto es que dijeran que la van a cerrar».
La alarma institucional se intensificó tras conocerse una propuesta radicada en el Congreso por el senador Enrique Gómez Martínez —respaldada mediante un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella—, la cual busca trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura.
A esto se suma el trámite de una reforma constitucional en la Comisión Primera del Senado orientada a establecer una revisión judicial automática de las sentencias emitidas contra miembros de la fuerza pública a cargo de la Justicia Penal Militar.
Frente a lo que califica como el ataque más grave contra su autonomía, la JEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y anunció que pondrá la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y demás organismos multilaterales garantes del Acuerdo de Paz.
