En alerta docentes en Córdoba por ‘Cartel de las Cesantias ‘

La denuncia de una ‘empresa criminal’ que está defraudando el Sistema General de Participaciones que gira recursos a la Fiduprevisora para pagarle a los docentes de Córdoba las cesantías, tiene en alerta a los docentes del departamento.

Lo anterior tras conocerse el caso de una docente de un municipio PDET del departamento que fue sorprendida con la información que daba cuenta de una consignación por cesantías de 30 millones de pesos, pero en la certificación exógena de la DIAN, le aparece reportado una consignación de 52 millones de pesos, que ya habían retirado y ella no tocó un solo peso.

Ese es un caso de referencia de los múltiples que se están descubriendo en varios municipios de Córdoba ratificando que no es casualidad que aparezcan en el listado de asaltados por ‘cartel de las cesantías’, con presunta manipulación de funcionarios y particulares en este entramado de corrupción de mayúscula afectación al erario.

Esta misma situación viven otros docentes, quienes aseguran que han sido asaltados con sus prestaciones sociales y que, en proceso de declarar sus rentas ante la DIAN, se percatan de la irregularidad.

Según el informe publicado por Gs Noticias se trata de una organización interna que usa actos administrativos para validar y liquidar pagos de cesantías a los docentes del departamento de Córdoba para luego apropiarse de esos dineros.

Lo curioso de estos casos es que, los recursos fueron consignados y retirados en entidades bancarias, mientras los supuestos beneficiarios no tenían ni la más remota idea de esas consignaciones millonarias.

Modus operandi

Fue en el mes de octubre del año 2023 cuando se empiezan a conocer los movimientos de la irregularidad, porque para la fecha se hicieron resoluciones con las que se liquidaba y se ordenaba el pago de cesantías haciendo todo un recorrido oficial y llevando hasta la firma oficial del secretario de educación de turno.

Se realizaron unos trámites y se expidieron actos administrativos donde se reconocían y se ordenaba el pago de cesantías para compra de vivienda y otros menesteres. (Se ratifica que nunca fueron notificados de los actos administrativos los docentes).

Este trámite debe pasar por la Oficina de Gestión de Prestaciones Sociales de la Gobernación de Córdoba, luego, con los documentos que soportan las órdenes de pago de las Resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación llegan a la verificación en FIDUPREVISORA que es la responsable de pagar, no el departamento.

La norma dice que, sino es el docente el solicitante de esa prestación social, para hacer los cobros se necesita poder jurídico que faculte a alguien para realizar los trámites necesarios para reclamar las cesantías parciales del o los docentes. Dentro esas facultades está NOTIFICAR, RECIBIR, DESISTIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR y especialmente CONCILIAR.

Toda esa autorización debe llevar huellas y firmas de los docentes, sellos y documentos de Notaria entre otros.

Vale la pena precisar que, pese a existir una Oficina Jurídica de la Gobernación, las Secretarías de Educación y Salud, tienen sus propios equipos jurídicos.

¿Cómo se descubre?

Estamos en pleno cronograma de presentaciones legales ante la DIAN de declaraciones de renta y cuando los contadores de los docentes les hacen el procedimiento les informan el monto que deben declarar y pagar.

Cuando les informan de las sumas, ellos reaccionan negando esos ingresos, pero el sistema les arroja que, por consignación de cesantías recibieron equis suma millonaria de dinero.

Allí se prenden las alarmas y son los mismos docentes, que tienen acceso con su usuario y contraseña privada al sistema personal de la Gobernación de Córdoba, los que encuentran que, en efecto, mediante un acto administrativo, que ellos dicen desconocer, les pagaron una fuerte suma de dinero por cesantías parciales solicitadas.

Recordemos que el procedimiento debe llevar un curso legal y debe ser autorizado por el FONDO NACIONAL DEL MAGISTERIO, FOMAG, para que la fiducia, es decir la Fiduprevisora les pague.

Si los docentes no solicitaron el retiro de cesantías, sino entregaron poderes a abogados, sino hicieron tramites notariales, ¿cómo desde la Secretaría de Educación de la Gobernación de Córdoba se ordenaron los expedientes para que la Fiduprevisora desembolsara esos recursos?

Con este primer caso, la docente narra los hechos a sus colegas de la Institución Educativa y estos se alertaron. Acto seguido empezaron a revisar con sus contadores y varios de ellos descubren que han sido víctimas. Aparecen más casos en municipios del sur de Córdoba y el Bajo Sinú. Estos ya están en trámites de poder ante abogados que acopian el mayor número de procesos para presentarlos en bloque.

Llama poderosamente la atención que los maestros víctimas del ‘cartel’, hasta ahora conocidos, son de zonas de difícil acceso.

Tasar el monto de lo que habrían girado y cobrado ilegalmente es difícil, porque no todos los docentes se han percatado, no se sabe si afectaron a todos, si seleccionaron algunos. Es allí donde debe entrar la Fiscalía.

Denuncia del gobernador Erasmo Zuleta

El pasado 31 de mayo de 2024 y en el discurso de clausura de las sesiones extras de la Asamblea de Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta, sorprendió a los asistentes del recinto cuando aseguró que había denunciado ante la Fiscalía actos de corrupción administrativa al interior de la Secretaría de Educación.

Allí dijo que FUNCIONARIOS DE PLANTA de esa dependencia de la Gobernación están involucrados en actos irregulares con las nóminas docentes.

“En pocos días conocerán detalles de ello. Lo que sí queda claro es que aquí no vamos a tolerar actos de corrupción”, expresó el gobernante en ese momento.

Tres meses después de esa delicada declaración, no se conoce oficialmente si la Fiscalía dio inicio a esa investigación, si requirió a la Gobernación de Córdoba, y otros menesteres de las comisiones especiales que designan para acopiar la información necesaria que les permita determinar si hay, o no, hechos relevantes para abrir un proceso formal e individualizar a los presuntos responsables.

Antecedentes del ‘Cartel de las Cesantías ‘

El 31 de octubre de 2022 con situaciones casi que calcadas, un abogado presentó ante la Fiscalía, como apoderado del Jefe Jurídico de la Gobernación de Córdoba, Hernando De La Espriella Burgos, una denuncia penal por casos iguales a este ‘cartel’ donde afectaron a docentes con pagos de cesantías que no recibieron en el año 2019 y que se acercaron hasta la administración departamental requiriendo información pertinente. Cuando la Oficina Jurídica es alertada, de inmediato entrega poder a un prestante abogado y presenta la denuncia penal.

Pero ya la Fiscalía había adelantado acciones previas. El día 03 de septiembre del año 2020, la Fiscalía 08 de la Unidad de Patrimonio Económico de la ciudad de Montería, emitió orden a Policía Judicial solicitando practicar inspección en la Oficina de Gestión de Prestaciones Sociales de la Gobernación de Córdoba con la finalidad de obtener los documentos que soportaban las órdenes de pago de las Resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación para la verificación en FIDUPREVISORA de todos los docentes relacionados.

Dentro de las pruebas recaudadas y el análisis realizado, las cuales consistieron en cotejo Lofoscópico entre los registros decadactilares de los docentes y las huellas dactilares obrantes en los documentos dubitados, así como toma de muestra manuscritas para realizar estudio grafológico entre otros, arrojó como resultado en varios expedientes, la radicación de documentación falsa, falsificación de firmas y huellas que no correspondían a los docentes, así mismo, falsificación de sellos de Notaria para presentar contratos de promesa y compraventa y autorizaciones de notificaciones entre otros.-

Con toda esa documentación ilegal, corroborada por la Fiscalía, hicieron que se desembolsaran recursos a una supuesta apoderada de esos docentes. Fueron mal contados unos 400 millones de pesos, apenas con un grupo de profesores que detectaron la irregularidad y denunciaron.

Gracias a la denuncia de los docentes y la acción de la Oficina Jurídica de la Gobernación se individualiza a la persona que asumió como la supuesta apoderada de los docentes.

Es más, en el expediente se logró determinar que los sellos de la Notaría Única de Cereté que se aportaron en el expediente para sorportar las resoluciones y cobrar las cesantías eran falsos, nisiquiera eran parecidos.

Probado el acto de corrupción, los docentes reclaman que les paguen, ahora sí, sus cesantías. El Estado, a través de la Fiduprevisora lo hizo.

Esto deja abierto un gran interrogante. Si se pagó dos veces, una de forma ilegal y ahora de forma legal, ¿no estamos en frente de un detrimento al patrimonio?.

Se deja en evidencia que el hilo conductor del acto irregular es de vieja data y pese a las denuncias hechas en el gobierno de Orlando Benítez y ahora en 2024 hechas públicamente por Erasmo Zuleta, no se ha podido extirpar ese cáncer.

El problema de fondo parece radicar en la falta de controles efectivos y en la posibilidad de vulnerar el sistema con documentación falsa.

Se espera que la denuncia del gobernador de Córdoba prospere en la Fiscalía que debe prepararse para nuevos procesos con la versión 2024 del ‘cartel de las cesantías’