Escándalo en Fuerza Ciudadana: Carlos Caicedo y su círculo cercano, bajo la lupa por denuncias de violencia sexual
Una grave tormenta política y judicial sacude la campaña presidencial de Carlos Caicedo tras la revelación de testimonios que denuncian una presunta red de acoso y abuso sexual al interior del movimiento Fuerza Ciudadana.
La investigación, que ya reposa en manos de la Fiscalía General de la Nación, recoge las voces de cuatro mujeres que coinciden en describir un patrón sistemático de instrumentalización del poder político y laboral para ejercer presiones sexuales. Los relatos, que incluyen pruebas documentales y chats, señalan tanto a funcionarios de confianza como directamente al exgobernador del Magdalena, quien habría utilizado beneficios contractuales y ascensos como moneda de cambio para solicitudes íntimas.
Entre los casos más alarmantes se encuentra el de una exfuncionaria que denunció acoso reiterado dentro de la Gobernación del Magdalena tras su licencia de maternidad, asegurando que sus reclamos ante las oficinas de Equidad y Talento Humano fueron ignorados y reemplazados por intentos de soborno laboral para comprar su silencio.
Asimismo, destaca la denuncia de María Alejandra Rojas contra Fabián Bolaños, colaborador de Caicedo, por un presunto abuso sexual en Bogotá donde, según el testimonio, se habría empleado una sustancia química para someter a la víctima.
A estos señalamientos se suma el testimonio directo contra el candidato presidencial, a quien se le atribuyen mensajes de texto explícitos en los que condicionaba el crecimiento profesional de sus colaboradoras al cumplimiento de favores sexuales, bajo la premisa de que «conmigo se escala rápido si me complace».
Ante la gravedad de las acusaciones, Carlos Caicedo ha rechazado tajantemente los señalamientos, calificándolos como una estrategia de desprestigio político diseñada para frenar su aspiración presidencial ahora que su candidatura por firmas ha tomado fuerza. Mientras el líder de Fuerza Ciudadana se defiende argumentando que se trata de ataques infundados, las denunciantes han manifestado su temor ante posibles represalias en una región donde el movimiento ejerce una gran influencia. El caso ha trascendido la esfera política para convertirse en un debate nacional sobre la seguridad de las mujeres en espacios de militancia y el uso de las estructuras estatales como escenarios de impunidad para la violencia de género.
