“Esto no se trata de egos, se trata de justicia social”: diputado Gabriel Calle expone fallas del acueducto del San Jorge en debate de control político.
Este jueves 23 de abril, en debate de control político en la Asamblea Departamental, el diputado Gabriel Calle Aguas presentó un análisis detallado sobre el estado del acueducto regional del San Jorge, señalando que, pese a más de una década de ejecución y una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, el proyecto aún no ha logrado suministrar agua potable a las comunidades beneficiarias.
De acuerdo con lo expuesto, la obra —contratada en 2015 y con fecha inicial de entrega en 2017— acumula más de ocho años de retraso, con siete suspensiones, 22 ampliaciones y más de mil días de parálisis, lo que evidencia fallas estructurales en la planeación y ejecución contractual .
El diputado advirtió que las dificultades se originaron desde la estructuración del proyecto, donde los estudios previos no definieron con claridad la población beneficiaria ni garantizaron aspectos clave como permisos prediales y servidumbres. Esta falta de planeación derivó en modificaciones sustanciales del contrato, incluyendo la necesidad de incorporar más de 10 kilómetros adicionales de tubería no contemplados inicialmente .
En ese sentido, explicó que el proyecto ha sido objeto de tres reformulaciones: una primera en 2017 para ajustar los diseños a la norma NSR-10, varios años después de iniciada la obra; y una tercera en 2024 que incluyó una adición superior a los 11 mil millones de pesos y una ampliación de 10 meses en el plazo de ejecución. Estas modificaciones, sumadas a otras adiciones previas, han incrementado significativamente el costo del proyecto sin lograr su entrada en operación .
En el componente técnico, señaló que el sistema presenta fallas críticas que impiden su funcionamiento, entre ellas deficiencias en captación, bombeo, cloración, manejo de lodos y distribución. A esto se suma que solo el 30% de la red ha sido probado, mientras el restante 70% no cuenta con verificación de funcionamiento, lo que imposibilita una entrega integral del acueducto .
Durante el debate también se plantearon cuestionamientos sobre la contratación y la interventoría, mencionando a FONADE como entidad encargada de la supervisión del proyecto, así como al Consorcio TTU Inkprotekto y a empresas contratistas que, según lo expuesto, presentaban antecedentes de sanciones, inhabilidades o presuntos vínculos con escándalos de corrupción. En su intervención, el diputado hizo referencia a conexiones señaladas en otros casos nacionales, incluyendo el de Odebrecht y el carrusel de la contratación en Bogotá, como parte del contexto que —según indicó— genera alertas sobre la transparencia del proceso.
Finalmente, el diputado concluyó que, pese a las inversiones, adiciones y reformulaciones, el acueducto continúa sin entrar en operación ni cumplir su propósito social. “Esto no se trata de egos, se trata de justicia social”, afirmó, al reiterar su llamado a garantizar una solución real para los más de 160 mil habitantes del San Jorge que, después de más de 12 años, aún no cuentan con acceso a agua potable.
