Fin al proceso de pérdida de investidura: Consejo de Estado ratifica a tres diputados de Córdoba
En un fallo definitivo de segunda instancia, el Consejo de Estado puso fin a la incertidumbre jurídica que rodeaba a los diputados Carolina Zapata Ruiz, Juan Antonio Flórez Sierra y Gabriel Calle Aguas. El alto tribunal confirmó la decisión de negar la pérdida de investidura de los asambleístas, quienes eran señalados por presuntas irregularidades en la elección de la secretaria general de la corporación para el periodo 2024.
El proceso judicial se centró en la polémica modificación de las reglas de juego durante la convocatoria pública, donde la mesa directiva de aquel entonces decidió eliminar la prueba de conocimientos. Aunque esta irregularidad administrativa llevó a la anulación posterior del nombramiento de la secretaria, el Consejo de Estado determinó que dicha falta no se traduce automáticamente en una sanción de «muerte política» para los diputados.
Tras analizar las pruebas, el tribunal concluyó que no hubo dolo ni intereses personales en la actuación de los tres implicados. En su tesis, el fallo destaca:
Ausencia de beneficio propio: No se demostró que los diputados buscaran favorecer a terceros de manera indebida.
Sin tráfico de influencias: Se descartó el uso de cargos para presionar la elección o el uso indebido de recursos públicos.
Actuación funcional: Las decisiones se tomaron dentro del ejercicio de sus roles como miembros de la mesa directiva, sin cruzar la línea de la ilegalidad sancionable con pérdida de investidura.
Durante el proceso, cada diputado presentó argumentos que el tribunal validó. Gabriel Calle subrayó que, lejos de favorecer la elección, presentó objeciones al proceso. Juan Antonio Flórez desestimó los señalamientos de «amistad íntima» con la elegida por falta de evidencia, mientras que Carolina Zapata, representada por el jurista William Quintero Villareal, sostuvo con éxito que su conducta nunca se apartó del marco legal.
Con este veredicto, los tres líderes políticos aseguran su permanencia en la Asamblea de Córdoba, cerrando uno de los episodios jurídicos más seguidos del último año en la política departamental.
