Fiscalía reasigna caso de comunicadora que denunció a Hollman Morris por acoso.
La Fiscalía General de la Nación anunció un cambio estructural en el proceso jurídico que enfrenta la comunicadora Lina Marcela Castillo Nisperuza, quien fue denunciada por injuria y calumnia tras señalar públicamente al actual gerente de RTVC, Hollman Morris, por presunto acoso sexual y laboral. Por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el expediente fue reasignado a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una unidad especializada que garantizará un análisis bajo estándares internacionales de protección a la mujer.
Hasta la fecha, la investigación se había concentrado exclusivamente en la denuncia interpuesta por Morris en 2019, ignorando el contexto de las acusaciones originales de Castillo. La fiscal Camargo reconoció que la respuesta institucional debe ser coherente con la asimetría de poder y evitar la revictimización. Este ajuste busca corregir lo que organizaciones sociales y periodistas han calificado como un intento de silenciar a las víctimas mediante el sistema judicial.
El caso se remonta a enero de 2019, cuando Castillo relató episodios de acoso que habrían ocurrido mientras Morris se desempeñaba como concejal de Bogotá. La comunicadora utilizó el «escrache» —denuncia pública— como mecanismo de defensa, una herramienta que la **Corte Constitucional** ha validado en escenarios donde las instituciones fallan en proteger a las mujeres.
«La investigación no puede limitarse a la injuria y calumnia sin abordar las denuncias previas de acoso sexual y laboral», enfatizó la Fiscalía, señalando que el proceso ahora atenderá a una «diligencia reforzada».
La reasignación del caso ocurre tras el rechazo de una solicitud de preclusión en marzo de 2024 y la persistente exigencia de colectivos feministas. Con este movimiento, el ente acusador pretende sentar un precedente sobre cómo deben tramitarse las denuncias de violencia de género en Colombia, asegurando que el ejercicio de la libertad de expresión de las víctimas no termine convertido en un castigo penal bajo la sombra del poder político.
