Frenan a nivel nacional el concurso público para la elección de directores regionales del ICBF
El concurso de méritos destinado a elegir a los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quedó completamente suspendido en todo el país tras una orden emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta. A través de una decisión adoptada este 2 de julio, el despacho judicial decidió ampliar a escala nacional los efectos de una medida cautelar provisional que inicialmente solo afectaba a la Regional Magdalena, tras evaluar una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Mario Jacobo Ariza Monsalve. Con esta determinación, consignada en los registros de las imágenes 17053.jpg y 17055.jpg, se congelan temporalmente todas las entrevistas pendientes y cualquier trámite orientado a consolidar los resultados finales del proceso de selección.
La providencia judicial cobija no solo las fases de evaluación presencial, sino que prohíbe taxativamente la publicación de nuevos puntajes, la resolución de reclamaciones en curso y la conformación o envío de las ternas definitivas de candidatos a los gobernadores hasta que se resuelva el fondo del recurso constitucional. El juez argumentó que, al regirse el concurso nacional bajo los mismos lineamientos e instrumentos técnicos que fueron impugnados en el Magdalena, resulta indispensable vincular formalmente a todos los aspirantes citados en las diversas seccionales del país en calidad de terceros con interés legítimo, salvaguardando así los principios de igualdad y transparencia.
Frente a las entrevistas que alcanzaron a ejecutarse antes de la notificación de este fallo, la judicatura aclaró que no quedan invalidadas de forma automática, aunque su legitimidad jurídica e impacto quedarán supeditados al fallo definitivo de la tutela. Asimismo, se ordenó de manera preventiva al ICBF y al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) custodiar la totalidad de los soportes técnicos de dichas evaluaciones, incluyendo grabaciones audiovisuales, planillas de calificación y actas específicas. Ambas entidades gubernamentales disponen de un plazo perentorio de 24 horas para presentar un informe detallado sobre el acatamiento de las órdenes impartidas y precisar el estado actual del proceso bajo esta suspensión general.
