Gobierno definirá antes de que termine 2026 el futuro de las EPS intervenidas: “Ese es el plazo que nos hemos puesto”.

El Gobierno nacional ya tiene fecha para decidir qué pasará con las siete EPS que permanecen intervenidas: el corte es el 31 de diciembre de 2026.

Así lo anunció la ministra de Salud, Ana María Vesga, al presentar el diagnóstico de su primer mes en el cargo.

“Ese es el plazo que nos hemos puesto”, dijo la funcionaria. El plan no será el mismo para todas las entidades. El Ministerio revisará una por una su viabilidad financiera, su operación y la red de atención disponible para determinar cuáles pueden recuperarse y cuáles deben avanzar hacia la liquidación.

Las siete EPS intervenidas concentran 22,4 millones de afiliados. Según datos de la Contraloría General citados por el Gobierno, acumulan pasivos por $52 billones y patrimonios negativos superiores a $24 billones. Esas deudas presionan a clínicas, hospitales y proveedores.

Vesga descartó una salida única. Liquidarlas de un solo golpe afectaría a millones de usuarios. Nacionalizarlas implicaría que el Estado asuma esos pasivos, algo que, según el Ministerio, el Gobierno no puede absorber.

La decisión de liquidar, en cualquier caso, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud.

Mientras se define ese futuro, el Ministerio prepara un plan de choque para aliviar la presión del sistema. Priorizará pacientes según gravedad y riesgo: primero, trasplantados y personas con enfermedades huérfanas, cáncer, diabetes insulinodependiente y VIH; después, quienes tienen alta probabilidad de hospitalización; y luego, otras enfermedades crónicas. A corte del 30 de agosto, los medicamentos representaban el 70 % de la represada de atención. El 75 % de esa fila está en las EPS intervenidas.