Gobierno ordena cancelar licencias de empresas de seguridad privada por irregularidades con armamento y presuntos nexos criminales
El Gobierno nacional intensificó el control sobre la industria de la vigilancia privada en el país tras detectar graves inconsistencias en el manejo de armamento y posibles nexos entre algunas compañías y estructuras criminales como el Clan Vega Daza y Los Costeños.
En el marco de estas acciones, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la cancelación definitiva de la licencia de la empresa Maximus, mientras que los permisos de Blink, Lost Prevention y Atenas enfrentan procesos de revocatoria que están a la espera de quedar en firme.
Asimismo, la firma OL Security Group–Servisecurity fue suspendida temporalmente de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones administrativas. Las medidas responden a una directriz presidencial orientada a desarticular fachadas ilegales que presuntamente facilitarían el acceso y la protección de armas para redes delictivas. Ante los vacíos detectados en los inventarios de armamento, el Ejecutivo exigió explicaciones sobre el paradero de los equipos faltantes y advirtió que habrá cero tolerancia con los infractores. Paralelamente, las autoridades desplegarán operativos de inspección y vigilancia en todo el territorio nacional para auditar a las empresas del sector y constatar que operen bajo el estricto cumplimiento de la ley.
